En México, pero en especial en Guerrero, hemos vivido un proceso de cambio político tardío, que ha sido y es lento, contradictorio, descompensado, segmentado y por ello mismo paradójico.

Todo indica que gracias a factores como                                     el grado de subordinación de las elites locales al centro político del país, nuestra entidad se convirtió, desde el inicio del cambio político anunciado en Guerrero en 1978 por Jesús Reyes Heróles, en laboratorio del cambio. Laboratorio en el que se probó como en ningún otro lugar el exceso de la fuerza pública hacia opositores y disidentes. Encierro, entierro o destierro era la triada a elegir de los opositores. El uso del ejército en funciones de policía política produjo la violación extrema de los derechos humanos en un virtual estado de sitio no declarado, lo que causó un déficit de legitimidad política y agravio social que a la fecha subsiste y que los gobernantes del cambio están obligados a resarcir.

A la par de estos excesos, desde el régimen se crearon programas e instituciones propias de gobiernos democráticos, pero que bajo la persistencia autoritaria y elementos tradicionales, orientaron sus políticas y programas de forma discrecional y clientelar buscando relegitimar y refuncionalizar al régimen presidencialista autoritario de partido hegemónico. La asignación de recursos exiguos para el funcionamiento de las nuevas instituciones: Comisión Estatal de Derechos Humanos, Secretaría de la Mujer, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Procuraduría Social de La Montaña, Secretaría de la Juventud, entre otras, devinieron en                                     ineficientes. Lo mismo ocurrió con la normatividad, oleadas de modernización, nuevas leyes y nuevos códigos homologados con la legislación del centro y otros incluso anticipados a ella, pero toda esa modernidad legislativa se topó siempre, y se sigue topando, con el tradicionalismo de las estructuras que sirven para impartir la justicia, con la estrechez de criterio de los juzgadores, con la impunidad, la ineficiencia, la indiferencia y la injusticia, que han hecho de Guerrero “tierra de nadie”, pero lo peor de todo, con políticos y gobernantes conservadores y resistentes al cambio.

¿Será posible enmendar la página? ¿Iniciar una nueva historia, menos segmentada, menos descompensada? Es deseable, a pesar de que la realidad cotidiana refiera lo contrario. En Acapulco las autoridades municipales celebraron el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de este año, con la transformación de una                                     institución para su atención, en otra que se supone, por el nombre, más comprometida con las mujeres.                                     A cuatro meses de la creación de esta institución, la realidad cotidiana ha puesto a prueba las políticas municipales contra la discriminación y la violencia hacia el género femenino. A las trabajadoras que fueron hostigadas sexualmente por un funcionario de ese Ayuntamiento, les han indicado como condición de credibilidad que promuevan y                                     obtengan sentencia condenatoria para el hostigador, es decir dentro de por lo menos ocho meses, si lleva un buen juicio, ya que el hostigamiento sexual generalmente es un delito de comisión privada, que se realiza sin testigos, pues quien lo comete, lo hace siempre desde una posición de poder. Y lo grave del caso es que las hostigadas, como en                                     casi todos los delitos donde las víctimas son mujeres, se vuelven con esta exigencia sospechosas de su dicho, por eso deben probarlo. Nuevamente es la palabra de las hostigadas contra la del hostigador que es un hombre con poder.

Es bueno recordar que México firmó en 1995 y ratificó en 1998 la Convención Interamericana de Belem do Para, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y que incluye en su artículo 2, la violencia física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado; su                                     inciso b) menciona el acoso sexual en el lugar de trabajo y el c) que esa violencia sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.

Al tenor de este acuerdo es deseable que el Presidente Municipal sea quien de manera firme y radical, resuelva con justicia y equidad, contribuyendo a eliminar los elementos tradicionales que retrasan el cambio democrático en Guerrero. De no hacerlo ¿con qué autoridad moral pedirá el voto de las mujeres y los hombres progresistas en las próximas campañas electorales, cuando aspire a ser senador?