Durante las dos semanas anteriores el estado de Guerrero fue noticia nacional por el caso de una niña de 9 años proveniente del municipio de Acatepec, a la que personal de un hospital del Sistema Estatal de Salud negó la interrupción de su gestación que fue resultado de la violación por parte de un familiar. La denuncia pública de este hecho fue apoyada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), que articula organizaciones de la sociedad civil en la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas. El OCNF exigió el cumplimiento de la ley y la investigación y sanciones a los responsables de negar en beneficio de la niña, la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 que establece criterios para la prevención y atención de la violencia familiar y sexual contra las mujeres.
El caso de la niña del municipio de Acatepec, es uno entre muchos otros que hoy nos llevan a replantear la deuda histórica con los Derechos Humanos de las Mujeres y las niñas de Guerrero, de parte del gobierno del estado, la Fiscalía, la Secretaría de Salud Estatal y de forma particularmente necesaria y urgente, de la LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado, una buena tarea para las 22 diputadas y sus aliados los diputados: promover la igualdad sustantiva de mujeres y niñas para erradicar la violencia.
El municipio de Acatepec, se ubica en la Región de la Montaña de Guerrero. Está habitado por indígenas nahuas, nuu saavi y mee’pha, el municipio es un foco rojo para los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas, por la prevalencia de acuerdos económicos para celebrar matrimonios forzados y por la normalización de la violación sexual de los parientes mayores en contra de las niñas, está práctica recurrente derivó en malformaciones genéticas como el hundimiento del tabique nasal.
Es posible erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, de inicio si las instituciones involucradas cumplen con las recomendaciones emitidas con las dos Alertas de Violencia de Género, la primera declarada en junio de 2017 por feminicidios y la segunda en junio de 2020 por agravio comparado, que se da para restablecer los derechos de las mujeres que una ley, una política o una práctica limitan. El cumplimiento de la ley por parte de autoridades e instituciones debe darse sin ambigüedades, sin vacilaciones, sin simulación y sobre todo sin anteponer las creencias individuales sobre los derechos humanos de las personas.
La puesta en práctica de la ética de la responsabilidad de parte de las personas en el servicio público y las y los legisladores contribuirá a modificar de raíz la cultura patriarcal y de dominación que hoy promueve y garantiza a los hombres el acceso físico y sexual a mujeres y niñas. México es uno de los países con mayor tasa de embarazos infantiles y adolecentes, Guerrero es una de las entidades que contribuye a esas cifras. De acuerdo a las estimaciones del Consejo Nacional de Población en 2018, la fecundidad adolescente fue de 70.5 hijos por cada mil mujeres de 15 a 19 años de edad a nivel nacional y en la entidad 74.95. Muchos de los casos están relacionados con la violencia sexual y la muerte materna.
Erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas pasa por reconocer su ciudadanía plena, sus derechos. Garantizarles la libre toma de sus decisiones, oportunidades reales para su desarrollo y políticas que fortalezcan sus Derechos Humanos. Esa es la sustancia de un régimen político democrático, justo y pacífico, que es lo que urge en el estado de Guerrero.