Cuando se le comentó a un asesor del perredista Andrés Manuel López Obrador la explicación pormenorizada de lo que es el conteo rápido del IFE y el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el ahora famoso PREP, que hizo el ex presidente consejero del órgano electoral José Woldenberg en una entrevista con Víctor Trujillo en su programa en Televisa este miércoles, despresurizando la crisis electoral que se está viviendo, respondió rápidamente: “¿Qué esperabas. Woldenberg está defendiendo lo que construyó. Lo que nosotros queremos hacer es destruirlo”. La argumentación detrás de esa estrategia es que el presidente consejero del IFE Luis Carlos Ugalde y la institución toda, se aliaron con el gobierno federal para realizar un fraude.
Y cuando se le insistió que se han venido cumpliendo los plazos legales para llegar a declarar ganador en la contienda presidencial, y que la discusión sobre el PREP era innecesaria porque hasta la fecha, lo único que valida quién gana una elección es el acta firmada por los representantes de todos los partidos que se pega en las urnas y cuya copia está en poder de los partidos, aseguró el asesor que la litis de la protesta de López Obrador y del PRD en su conjunto, no es legal, sino política. Por eso, la exigencia de que se abra cada una de las urnas, aun aquellas donde el acta pegada en ella coincida con la que tiene el partido, para efectos, como ha marcado López Obrador, de transparencia.
El argumento es sofista. No se necesita transparencia donde no hay litigio. La insistencia de abrir cada urna, por el contrario, abre la posibilidad del camino de la anulación de la elección presidencial. La ley establece que sólo se puede abrir una urna cuando existe evidencia contundente de una irregularidad. Cuando se abrieron todas las urnas irrespetando ese principio legal, como sucedió en la elección para gobernador en Tabasco en 2000, el Tribunal Electoral declaró la nulidad de los comicios, argumentando en uno de sus puntos que el Consejo Electoral Distrital había violentado el proceso. Uno de los argumentos del PRD para solicitar la apertura de las urnas es que ese procedimiento se realizó en las elecciones de 1994. Sin embargo, lo que se omite es que en 1994 no existía la ley que está vigente hoy en día.
La observación técnica de la anulación presidencial no había sido contemplada en toda su extensión por el asesor de López Obrador. Más aún, la línea política-estratégica que planteaba como la esencia de lo que se ha venido discutiendo en el cuarto de guerra de López Obrador, incorpora la capacidad de movilización del PRD para hacer respetar lo que ellos consideran que está siendo un despojo. “El gobierno no se está dando cuenta que una persona como Marcelo (Ebrard), que está radicalizado, tiene todas las redes en la ciudad de México, la inteligencia y la capacidad para mantener en forma permanente a 300 mil personas en esta ciudad”, abundó. El asesor, sin duda una de las mentes más sofisticadas y mejor preparadas en el entorno cercano de López Obrador, no estaba viendo las consecuencias políticas y económicas de corto y largo plazo no sólo para el aspirante a la Presidencia sino para el PRD en general.
Tampoco sería correcto señalar que forma parte de una línea general de violencia y beligerancia que prevalece en el PRD y su candidato. Más bien, se puede interpretar como una acelerada agudización de contradicciones internas en el partido, con amplios segmentos de votantes que apoyaron a López Obrador que están indignados, y presiones intensas entre diversas corrientes, con diferentes objetivos. El propio López Obrador se encuentra en esta dicotomía, pues mientras mantiene una comunicación de masas que llama a defender el voto apoyándose en el argumento del PREP, sostiene en reuniones cerradas que no hay que movilizar a la gente hasta que tengan evidencias contundentes de que les hicieron fraude en la elección presidencial.
La línea de acción política-estratégica que están siguiendo no corresponde, sin embargo, a la racionalidad legal. La presión externa e interna no los está haciendo ver con claridad el entorno. El PRD obtuvo una victoria histórica en esta elección presidencial, donde el fenómeno político llamado López Obrador consiguió, en números redondos, 5 millones de votos fuera del partido del techo histórico que tenía, arrastrando a su favor una tercera parte de posiciones de diputados y senadores –en volumen como nunca antes lo habían soñado– y asentando presencia en la mitad del país como la segunda fuerza política nacional. En tiempos de estabilidad política y económica, como se dio esta elección presidencial, este switcheo de votos es inédito.
Su realidad, sin embargo, no coincide con la realidad objetiva electoral. ¿Hubo fraude en la elección presidencial pero no en el resto de los puestos de elección popular que los llevó a conquistar tres de las cinco circunscripciones nacionales? ¿Hubo fraude en el Distrito Federal donde Ebrard obtuvo el mayor número de votos que jamás había tenido el PRD? Su estrategia política es de anulación de la legal. López Obrador y su equipo, vistos los resultados que obtuvo el PRD, no merecen, ni deben despilfarrar su capital político. Más que esa ruta de confrontación, están los instrumentos legales. Tienen las actas firmadas por los funcionarios de casillas y sus representantes en cada una de las urnas. La operadora de López Obrador, Claudia Sheimbaum, asegura que hay irregularidades en más de 50 mil casillas. Si sustentan sus analogías con el PREP, van al despeñadero. Pero si muestran con evidencias no circunstanciales sino concretas que les hicieron trampa en la elección, estará más que justificado, legalmente, el derecho a inconformarse.
No es la presión política ni con las masas con las que se puede evitar, si fuera el caso, que los despojen de la Presidencia. Para esta se contendió el domingo pasado, y es el resultado de las urnas la que mostrará si la ganó o la perdió en términos legales. López Obrador ha dicho que respetará lo que diga el recuento. Son excelentes noticias para los mexicanos. Pero tienen que despresurizar el clima político y mantener controlados a los grupos que quieren lanzarse a las calles a defender a golpes lo que no saben que hay en las urnas. El candidato tiene la fuerza moral para apaciguar y la inteligencia para mostrar el camino a sus seguidores para defender lo que prueben le robaron o aceptar que una mayoría de mexicanos, por mínima que esta sea, optaron por otro candidato. Pero el camino no es poniendo en riesgo a los comicios. Es la ley lo que debe esgrimir López Obrador como estandarte, para demostrar que las críticas de su irrespeto a la ley no eran fundadas, y que en el momento de la verdad estuvo a la altura histórica que siempre dijo tener.

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