Marcos Matias Alonso
Mayo 21, 2016
Felicito la decisión de los miembros del Foro Permanente por colocar en la agenda un tema de relevancia emergente, “Pueblos indígenas: conflicto, paz y resolución”. Desde la fundación de la ONU, la paz, la amenaza de la guerra, la resolución pacífica de conflictos y la pobreza, han sido temas de interés mundial.
En las diversas instancias del sistema de las Naciones Unidas se han elaborado múltiples informes sobre el tema que analizamos en este periodo de sesiones del Foro Permanente. En 1994, la Comisión Económica para Amércia Latina (Cepal) elaboró el estudio “Los pueblos indígenas en América Latina. Avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos” (septiembre 2014, Santiago de Chile). El estudio indica que uno de los principales retos es precisamente la relación conflictiva entre el Estado, las empresas transnacionales y los pueblos indígenas.
La defensa de la tierra, el territorio ancestral y los recursos naturales, han sido la principal fuente de conflictos entre los pueblos indígenas, las corporaciones transnacionales y los Estados nacionales. No hay una sola región indígena en el mundo que esté libre de conflictos de esta naturaleza. La irrupción de las actividades mineras y la explotación de hidrocarburos se han convertido en una amenaza que crece alarmantemente en todas las regiones indígenas del planeta. Las operaciones mineras desencadenan los principales conflictos y violentan los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Diversas instancias nacionales e internacionales han constatado la gravedad de los conflictos mineros. Preocupa observar la tendencia progresiva en la irrupción de conflictos que amenazan la integridad física de los pueblos indígenas. Múltiples estudios han demostrado que la penetración minera en las regiones indígenas ha trastocado y vulnerado irreversiblemente los derechos primordiales de los pueblos indígenas.
Por regla general, la intrusión minera se realiza sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados. Ni las corporaciones mineras ni los Estados nacionales están interesados en cumplir y hacer cumplir la obligación con los estándares internacionales en la protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.
Los Estados tienen poca voluntad de consultar a los pueblos indígenas y no están dispuestos a reconocer el derecho de los pueblos a otorgar su consentimiento e, incluso, a oponerse a determinada actividad que afecte a sus intereses colectivos.
En América Latina hay un panorama de tensiones; la proliferación de conflictos mineros crece alarmantemente. La grave situación que prevalece en la región no sólo ha sido documentada por la Cepal, sino por el propio Foro Permanente.
En el 12 periodo de sesiones del Foro Permanente, Saúl Vicente Vázquez, en su calidad de experto de este organismo, presentó resultados del Estudio sobre las industrias extractivas en México y la situación de los pueblos indígenas en los territorios en que están ubicadas estas industrias. En su análisis invoca el informe del Observatorio de Conflictos Mineros que “da cuenta de 164 conflictos mineros en 17 países de América Latina con 228 comunidades afectadas, teniendo el mayor número de conflictos Perú 29, Brasil 28, Chile 27, Argentina 25 y México 19…”.
México al igual que el resto de América Latina, vive tensiones y conflictos que crecen día a día. Prevalece la pobreza y su desigualdad social y económica son vergüenza nacional. Nunca antes habíamos vivido un escenario tan sombrío y doloroso.
Para no apartarme del tema que nos ocupa en esta sesión, comparto las siguientes cuestiones que derivan del informe de Saúl Vicente Vázquez, quien diagnostica la alarmante situación de la extracción minera que impera en México: “… encontré un reclamo de los pueblos indígenas, quienes sostienen que las autoridades mexicanas no respetan ni protegen sus derechos consagrados en la Constitución mexicana y en los instrumentos jurídicos internacionales; que no se recaba su participación en los procesos de consulta ni consentimiento libre, previo e informado antes de otorgar concesiones y permitir las operaciones de este tipo de industrias en sus territorios; que se criminalizan sus protestas cuando reclaman sus derechos con actos de violencia que llega hasta el asesinato de sus dirigentes; que sufren la pérdida de sus recursos naturales, impactos medioambientales negativos y la afectación de su salud provocada por los procesos de extracción de estos metales y que dichas industrias no los han beneficiado”.
Señor presidente: como indígena mexicano, considero prioritario reiterar la recomendación que Saúl Vicente Vázquez planteó en el 12 periodo de sesiones del Foro Permanente y que a la letra dice: “En México urge aprobar una ley de consulta y consentimiento libre, previo e informado conforme a los estándares internacionales establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”. Es un derecho sagrado y urge elevar a rango constitucional, el derecho a rechazar los proyectos que afecten negativamente a los intereses de sus pueblos.
En esta breve presentación, he puesto mayor énfasis en los conflictos mineros. Sin embargo, mi país vive otras tensiones que afectan la vida de nuestras comunidades. La Comisión para el Diálogo Político con los Pueblos Indígenas de mi país, ha establecido los siguientes conflictos indígenas: agrarios, gasoductos, hidroeléctricos, cementeras, termoeléctricos, seguridad y justicia, medio ambiente, parques eólicos, pobreza, política pública, religiosos, concesiones de agua, nuevas jurisdicciones municipales, etcétera.
En la actualidad, aunque la mayoría de nuestros países dejaron atrás los regímenes dictatoriales, lamentablemente brotan y surgen conflictos que hace dos décadas no imaginábamos. En este doloroso contexto, surgieron los “narco territorios“. En lo que va del siglo, el “circuito ilícito” irrumpió en las comunidades indígenas y campesinas, expulsando a la gente de sus territorios y a veces obligándolas a trabajar en actividades ilícitas. Hoy, más gente ha sido expulsada de sus comunidades por el crimen organizado que por todas las presas y las minas juntas. Este tipo de desplazamiento forzado es una nueva realidad en México y en gran parte de América Latina.
Desde el 2014, México no puede explicarse ni comprenderse sin el tema de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Desde aquel fatídico año, este trágico episodio es un caso emblemático de un conflicto nacional e internacional. Desde septiembre del 2014, cambió la imagen exterior de México, colocándose en una de las peores posiciones de América Latina.
Exhorto al Foro Permanente a que se pronuncie sobre este doloroso tema y que conmine al sistema de las Naciones Unidas a dar seguimiento a este trágico acontecimiento que continúa en la impunidad. A mi manera, parafraseo y coincido con la reciente condena del escritor Fernando del Paso: me da vergüenza condenar a mi país en la ONU, pero más me daría vergüenza quedarme callado.
No puede haber paz si no hay justicia. No habrá paz mientras haya pobreza y desigualdad. No habrá paz mientras haya una regresión en el respeto a los derechos humanos. Ha sido unánime la voz de los pueblos indígenas: mientras haya impunidad, no habrá paz y el conflicto político será una amenaza para la gobernabilidad del país.
* Intervención en el XV periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU. Palacio de las Naciones Unidas. Nueva York, 13 de mayo del 2016.