Recogiendo meses de paranoia y creciente radicalismo, la Cámara de Diputados de Estados Unidos aprobó el viernes pasado una de las leyes migratorias más brutales en contra de mexicanos, inspirada fundamentalmente en sus preocupaciones por el terrorismo. Aunque tendrá que pasar por el Senado antes de que entre en vigor, refleja muy claro la realidad de las relaciones entre México y Estados Unidos. No es de amigos, como a veces se quiere pretender, y ni siquiera es de socios plenos. México parece hoy en día un vecino incómodo que no ofrece les garantías para su tranquilidad. Con la votación, una mayoría de republicanos y demócratas mandaron la señal que aún no se quiere ver en este país. La migración rebasó todos sus límites históricos y se convirtió en una faceta más de la seguridad nacional estadunidense.

La ley allana el camino para la militarización de la frontera con México, e incluye la construcción de un muro de mil 200 kilómetros de longitud, que representa a poco más del 30 por ciento de la misma. También incorpora una serie de penas severas a quienes contraten indocumentados y elimina todo vestigio de que los ilegales que viven en Estados Unidos –mexicanos hay más de 10 millones–, encuentren alguna forma de legalización. Este paquete de medidas restrictivas hace a esta ley migratoria la más agresiva en la historia, con lo cual ya iniciaron las críticas de activistas que afirman que el clima político que llevó a la aprobación de la iniciativa, no se veía desde la Alemania nazi de los 1930. ¿Alguien se dice sorprendido? No, por lo que toca a quienes venían siguiendo los debates en Washington y la creciente división política por el tipo de enfoque que ahora le están dando al fenómeno migratorio.

La nueva ley se cocinó en el Comité Judicial que preside James Sensebrenner, un influyente legislador que no se ha distinguido por sus buenos tratos con los mexicanos. A través de sus diversos subcomités, ese órgano realizó una serie de audiencias durante semanas para analizar las bondades o los problemas del paquete legislativo que se había presentado, resultando como una variable interesante el que se desplazara el enfoque laboral como eje del fenómeno, como siempre se había hecho, y se ubicara a la inmigración ilegal como un problema de seguridad nacional. En las audiencias ya no tuvieron preeminencia organismos no gubernamentales que hablaban de los impactos salariales o de lo que representa la mano de obra indocumentada para la economía de ambos países, sino aquellas dependencias que subrayaron el riesgo de que la migración mexicana sea utilizada por grupos terroristas o narcotraficantes –que suelen vincularse–, para intentar agresiones en territorio estadounidense. La ley, excluyendo la parte laboral, está condenada a fracasar, como desde este fin de semana se anticipó en diversos análisis en la prensa de aquel país, y culturalmente será imposible detenerla.

En el gobierno de Estados Unidos lo tienen claro. Saben que ni la triplicación de sus agentes en la frontera, ni la instalación de más sensores, o vuelos en aviones tripulados por computadora, o el envío de algunos de los policías y agentes de inteligencia mejor entrenados, evitará que continúe el cruce ilegal de personas a menos que el gobierno mexicano coopere con Washington para sellar su frontera norte. A nivel público, están presionando al presidente Vicente Fox con un argumento irrebatible: en lugar de estimular, mediante la inacción, la emigración indocumentada, debería crear polos de desarrollo que frenen la expulsión económica de mexicanos. A nivel privado se da el verdadero embrollo en el que se encuentra el gobierno mexicano. Washington está presionando insistentemente para que tropas mexicanas vigilen de manera permanente la frontera con Estados Unidos; es decir, quiere la militarización de los 3 mil 200 kilómetros de lo que era, hasta muy recientemente, la frontera desmilitarizada más larga del mundo.

El gobierno mexicano se está quedando sin opciones. La presión contra la administración Fox está creciendo al tiempo que se está perdiendo interlocución. Hoy en día, esa interlocución se da de manera fluida con unos                                                   cuantos miembros del gabinete. Por ejemplo, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, que tiene las líneas de comunicación abiertas con la secretaria de Estado Condolezza Rice y con el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, aunque desde hace meses en Tlatelolco hay una paralización de prácticamente todos los asuntos bilaterales; el procurador Daniel Cabeza de Vaca, a quien en las últimas semanas le han ido perdiendo credibilidad y acumulando agravios por su mal manejo sobre los 40 militares que se fueron con Los Zetas y que no han sido detenidos; y el de Marina, Antonio Peyrott, que se distingue del secretario de la Defensa, Clemente Vega, quien mantiene antagonismos con sus pares en Washington.

Esas reiteradas peticiones para que el Ejército mexicano construya lo que sería un segundo cordón militar contra indocumentados, aunque esté en territorio mexicano, no tiene un quid pro quo. El gobierno estadunidense no está ofreciendo nada a cambio. Exigen, con su prepotencia clásica, acciones sin comprometer nada. Deben pensar que tienen demasiada fuerza sobre México para que acceda a las pretensiones. Sin embargo, hay márgenes para moverse. ¿Por qué no cambiar los términos de la propuesta? Que el Ejército mexicano sea el primer muro militar, pero no en el Bravo sino en el Suchiate, y que se negocien flujos laborales de mexicanos hacia Estados Unidos, en la conformación de una nueva comunidad norteamericana que vea, en efecto, bienestar y seguridad. Ya se han dado pasos en ese sentido, pero Estados Unidos se da el lujo de soslayarlos. Hay que recordárselos, aprovechando esta oportunidad coyuntural del terrorismo, que convierte a este vecino incómodo, en uno, por las razones que se quiera, indispensable.

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