EL-SUR

Jueves 18 de Abril de 2024

Guerrero, México

Opinión

ONU, pueblos indígenas y minería

Margarita Warnholtz

Mayo 13, 2016

El lunes pasado inició el 15º periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU. Este foro es un órgano subsidiario del Consejo Económico y Social (Ecosoc), que formula recomendaciones e informes para dicho consejo y para el sistema de Naciones Unidas en general.
El tema especial a tratar este año es Pueblos indígenas: conflicto, paz y resolución. Sobre éste, el actual presidente del foro, el guatemalteco maya quiché, Álvaro Pop, expresó en su discurso de apertura: “Incluso en las sociedades pacíficas los pueblos indígenas a menudo se ven involucrados en situaciones que ascienden a conflicto, sobre todo aquellas que tienen relación con nuestras tierras, territorios y recursos, o nuestros derechos civiles, políticos, culturales, sociales y económicos. El ritmo acelerado de la globalización y los procesos para identificar nuevos lugares para la explotación de los recursos han incrementado dichos conflictos en los territorios de los pueblos indígenas”.
Es importante que se debata el tema en cuestión en Naciones Unidas, y es evidente que la mayoría de las disputas se dan a causa de la explotación de los recursos que se encuentran en territorios indígenas, tal como lo da a entender Pop. En América Latina es la industria extractiva, particularmente las empresas mineras canadienses, las que están causando más conflictos con los indígenas de casi todos los países.
Ante el embate de estas empresas y sus socios locales, protegidos por los Estados, los indígenas no pueden más que defender el territorio que les pertenece, y por hacerlo son reprimidos y violentados, se militarizan sus pueblos y muchos son asesinados, generalmente los dirigentes. Son cientos los conflictos de este tipo que existen en la región y la violencia contra los pueblos originarios es cada vez mayor.
Se supone que la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, plasmados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se deben realizar precisamente para evitar estos conflictos, sin embargo, son pocos los países en donde se llevan a cabo, aun cuando los Estados hayan ratificado dichos instrumentos internacionales.
Álvaro Pop mencionó también en su discurso que los países que apoyan la declaración públicamente en Naciones Unidas y a nivel internacional, también deben “hacerlo en casa” y, ciertamente, mientras no sea así, continuarán los conflictos por más que se discuta el tema en la ONU. Mientras no sea vinculante la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y mientras no se tomen medidas serias para evitar los conflictos, de nada servirán las recomendaciones que dé el Foro.
México es de los países que más respalda los derechos de los pueblos indígenas en sus discursos en Naciones Unidas, pero los viola internamente de manera permanente en todos los aspectos, particularmente en lo relacionado con los proyectos extractivos.
Por ello me llamó la atención la respuesta que dio Jesús Fuentes Blanco, el mexicano que a propuesta de nuestro gobierno se incorporará a partir del año próximo al Foro, cuando le pregunté sobre el problema de las empresas mineras: “Ya hay mucha gente ahorita que le está dando continuidad a ese tema, ya hay agendas concertadas, por supuesto que le deberíamos dar seguimiento, pero creo que ahí no podríamos experimentar ni crear mucho porque creo que está bien atendido”.
Por otro lado, en estos días el gobierno de Canadá eliminó su estatus de opositor permanente a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y anunció que la adoptará totalmente. Me pregunto si retirará el apoyo que proporciona a las empresas mineras de su país o tomará medidas para que dejen de violar los derechos de estos pueblos en otras naciones. Recientemente, más de 190 organizaciones no gubernamentales solicitaron al primer ministro Trudeau promover una regulación efectiva de las empresas mineras canadienses que operan en Latinoamérica. Esperemos que sea consecuente y no solamente implemente la Declaración internamente.