EL-SUR

Sábado 04 de Diciembre de 2021

Guerrero, México

Opinión

ESTRICTAMENTE PERSONAL

Operación México

Raymundo Riva Palacio

Enero 08, 2007

 

Tijuana. El jueves pasado tropas federales desarmaron a los 400 policías municipales que estaban de guardia y decomisaron más de 2 mil armas para realizarles pruebas de balística y determinar si han sido usadas en acciones ilegales. Como respuesta inmediata, el alcalde Jorge Hank Rhon ordenó que el resto de la fuerza policial, de casi 3 mil elementos, dejaran de patrullar las calles de Tijuana. En esas 24 horas hubo un homicidio del fuero común, el robo a un cajero automático, algunos delitos menores, y cuatro empresarios que se quedaron sin escoltas se fueron a pasar la noche a San Diego. Hank Rhon se justificó: “No puedo mandarlos a la guerra si armas”. Realmente se necesita ser cínico y sentirse impune para enfrentar la sospecha de que sus policías están vinculados con el crimen organizado con semejante sandez de irresponsabilidad pública.
Esa acción fue dentro del marco de la llamada Operación Tijuana, donde soldados, marinos y policías federales desembarcaron en esta ciudad para realizar una batida contra el narcotráfico dentro de su teatro de acciones en las principales plazas de los cárteles de la droga en el país. Aquí luchan principalmente dos cárteles, el de Tijuana, de la diezmada familia de los Arellano Félix, a través de su jefe militar Ismael El Mayo Zambada, y el de Sinaloa, de Joaquín El Chapo Guzmán. Entre ellos se reparten de 11 mil a 15 mil narcotienditas que abastecen a las 750 colonias de la ciudad, y fueron productores de cuando menos un tercio de los 328 asesinatos en esta ciudad donde también se registraron más de 140 secuestros. Es muy difícil pensar que la forma como operan los cárteles de la droga aquí se dé sin la complicidad de las autoridades locales. Hasta ahora, en esta largamente problemática ciudad fronteriza, ninguna autoridad local ha sido arrestada por tal motivo. Las balas son más rápidas que la justicia: mueren ejecutados. En este caso, Hank Rhon y su policía municipal son libres de todo menos de sospecha. Como tituló el semanario Zeta su última edición, “los militares vienen por los policías”.
La policía municipal y su excéntrico alcalde tienen muy mala fama. Los policías porque continuamente aparecen sus jefes asesinados. El alcalde por su biografía. De Hank Rhon, que una vez estuvo en la cárcel en San Diego por tráfico de aves exóticas y es propietario de la casa de apuestas más grande de América Latina, el narco siempre ha estado en su sombra. Un guardaespaldas suyo participó en el asesinato de Héctor Félix Miranda, fundador con Jesús Blancornelas de Zeta, hace casi tres lustros, y su jefe de escoltas tuvo que declarar en noviembre por el asesinato del subjefe de la policía municipal. Su empresa Caliente ha sido mencionada en la prensa como lavadora de dinero de los Arellano Félix, pero nunca se le ha probado nexo alguno con el Cártel de Tijuana. A Hank Rhon le traen ganas desde hace tiempo en el gobierno federal, pero no se ha encontrado la forma de atraparlo. Ir sobre su policía municipal puede ser un primer paso.
La Operación Tijuana sigue a la Operación Michoacán, y precede a la que se va a desarrollar en Guerrero. Los federales podrán ir luego a Tamaulipas y de ahí saltar a donde quieran. Desde hace tres décadas el narcotráfico creció de los cinco estados que lo tenían, a todo el país. En todo caso, será insuficiente. Combatir a quienes se encuentran totalmente al margen de la ley es una parte de la lucha, pero hay muchos más, como presuntamente la policía municipal de Tijuana, que lo hacen desde su posición donde supuestamente vigilan que la ley se aplique. Hay casos documentados por el gobierno federal que gritan por acción inmediata.
Por ejemplo, de acuerdo con un alto funcionario federal, el presidente municipal de un paradisíaco puerto mexicano se encuentra no en la lista negra del gobierno, sino en la del narcotráfico. Según el funcionario, el político recibió dinero de dos cárteles rivales durante su campaña electoral presuntamente a cambio de protección. Cuando descubrieron que pactó lo mismo con las dos partes, que en este caso son excluyentes, empezó la cuenta regresiva de su vida. Él lo sabe, confió el funcionario, y lleva semanas perdiendo peso por el miedo. Su vida probablemente depende de la fuerte presencia de policías federales en la ciudad que gobierna, que no desearía que se fueran nunca. Otro caso similar es el del jefe de la policía local en otra importante ciudad del norte del país, que de acuerdo con funcionarios en esa entidad, estableció relaciones con uno de los cárteles de la droga que operan en esa zona. En igual situación se encuentran las autoridades locales de varias ciudades fronterizas, de quienes la PGR tiene videos donde conviven con los jefes locales del narco.
Las policías municipales son el gozne principal entre las autoridades y el narcotráfico. Hay ciudades en el sureste del país donde los jefes de la policía municipal son puestos por los cárteles del narcotráfico por encima de la voluntad y recursos políticos del presidente municipal, a quien los policías en su conjunto sabotean si no permite que se cumplan sus designios. Hay otras ciudades del centro donde jefes policiacos en niveles intermedios han garantizado la protección a capos del narco mientras sus superiores, cuando menos, cierran los ojos. Tijuana, en forma más notoria que Michoacán, no es una excepción nacional, sino el botón de muestra de lo arraigado que se encuentra el crimen organizado en algunas plazas y lo penetrado que encuentran autoridades de diversos niveles.
El problema, si no se ataca a los protectores en el lado oscuro de la ley, no se va a resolver nunca. En el sexenio pasado, según la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, cuatro personas fueron asesinadas cada día, lo que dio un promedio de mil 500 anuales para contabilizar 9 mil durante el sexenio foxista. Mejor prueba del desastre de un gobierno que incumplió la función por la cual nacieron los gobiernos, proveer la seguridad a sus ciudadanos, no puede haber. Los estados y las ciudades del país no deben convertirse en territorios vigilados por convoyes y retenes en sus calles y accesos carreteros para dar la sensación de seguridad a sus habitantes. Objetivamente hablando, llegará el momento en que todos los soldados, todos los marinos y todos los policías federales no alcanzarán para realizar operativos múltiples por tiempo indefinido. Hay que ir al corazón de la delincuencia organizada y dirigirse hacia los políticos y los jefes policiales que les brindan un escudo de impunidad. Para acabar con la impunidad de los narcotraficantes, hay que acabar con la impunidad obscena de funcionarios en sus tres niveles y derrumbar esos pararrayos burocráticos del crimen organizado. Estamos esperando que eso, de una vez por todas, suceda a todos niveles.

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