Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa.
Montesquieu.

Sin duda, la liberación de Nestora Salgado vendrá a reactivar el debate sobre dos temas aparentemente antagónicos, que ya es hora de armonizarlos: la observancia del derecho por parte del Estado, por una parte; y por la otra, la legalidad de las policías comunitarias, dejando atrás la visión separatista y autonómica a ultranza e ilegal, de no tener ningún límite pretextando la Ley 701.
Me queda claro, aunque cueste reconocerlo, que las policías comunitarias sí han servido en algunos segmentos de su actuación y se han vuelto necesarias, pero también que son anticonstitucionales, que no las contempla ni la federal ni la estatal y una ley secundaria no puede superponerse a la constitución; por ello, dicho sea de paso, la liberación de Nestora fue incorrecta, porque una supuesta autoridad comunitaria no puede estar por encima de las víctimas de su ilegal actuación como supuesta autoridad; una cosa es la viabilidad de las policías comunitarias y otra es que se coloquen por encima de la Carta Magna de todos los mexicanos, incluidas las comunidades indígenas sin excepción.
Así como las policías comunitarias son anticonstitucionales, hay que reconocer que el Estado es quien se ha encargado de crearlas, al fallar en brindar la seguridad necesaria en todo el país, en combatir a la delincuencia, en superar la pobreza y generar oportunidades de desarrollo, particularmente para los jóvenes, lo que ha orillado a muchas personas a incursionar en la delincuencia, y a acudir a la autodefensa, esto último basado en una supuesta asamblea soberana.
Sin embargo, reconociendo la necesidad de ellas y que el Estado las ha creado indirectamente, por su incapacidad, también creo que no tienen patente de corso, aun y cuando salgan de la soberanía de las asambleas comunitarias; por más que tengan derecho a la autodeterminación, no puede pesar más esa soberanía comunitaria que toda la historia que ha formado la suprema soberanía nacional, de la que forman parte, las comunidades no son ínsulas de la historia.
Las policías comunitarias son necesarias, sí, se tienen que regular y reglamentar, concomitantemente también, una cosa conlleva a la otra, marcar límites y alcances; como en todo, es necesario delimitar obligaciones y responsabilidades.
Y es que si bien la violencia y bravura en Guerrero tiene vetustos y muy arraigados orígenes en nuestros pueblos, tal y como lo describen ya muchos estudios sobre el tema, como el de Raúl Romero Gallardo, en una de sus publicaciones en la Revista Digital Universitaria de la UNAM, cuando sostiene que “la policía comunitaria de Guerrero resulta un sistema alternativo de seguridad y justicia…”, históricamente el pueblo de Guerrero se ha visto también inmerso en la violencia, la cual de acuerdo con Romero Gallardo, el racismo y la discriminación fueron, como en muchas otras partes del país, la forma más clara de padecer la violencia cultural.
Ese tipo de violencia es la que ha impedido al estado ir a todas las comunidades o interesarse realmente por su seguridad, lo que aunado a que nuestras instituciones han sido víctimas de la voraz corrupción, indolencia, ineficacia e impunidad por parte de las autoridades, que han hecho que incluso no sólo no haya interés sino que, así, con corporaciones que pululan corrupción e infiltración, las atacan (Aguas Blancas), lo que se convierte en violencia directa.
Ante la inminente pobreza, marginación y deplorables condiciones de vida de la mayoría de los pueblos de Guerrero, la descomposición social se ahondó; la gente ya en el hartazgo y siendo principal víctima de la ineptitud e incompetencia de las políticas públicas, que los han sumido en la pobreza extrema desde siempre, han optado por darse autodefensa.
Sólo para tener una idea más acercada de la problemática habitual con la lidian los guerrerenses, de acuerdo con el Coneval, en Guerrero se registraron porcentajes de población en estado de pobreza variables desde 2010, de 67.6 por ciento en ese año, a 69.7 por ciento en 2012 y 65.2 en 2014.
De esta realidad de incapacidad, violencia cultural y directa, proveniente del mismo estado a través de las policías corruptas e infiltradas, ha derivado una genuina incredulidad en las autoridades y como si no fuese suficiente, ante la desesperación por defenderse, además de los criminales que sin piedad violentaron la vida de muchas familias, de muchas mujeres y niñas, han nacido las policías comunitarias.
Tal y como lo hemos sabido de otras entidades de México, se hizo necesaria la autodefensa, hasta el grado de portar de armas de alto calibre, en muchos casos, de uso exclusivo del Ejército mexicano. Y a río revuelto, ganancia de pescadores. Esta coyuntura ha dado opciones al crimen organizado para mezclar sus fechorías, disfrazándolas de autodefensas o policías comunitarias.
Sin embargo, pese a todos estos antecedentes y al sentido, motivos reales y auténticos, que puedan expresar las policías comunitarias, no podemos soslayar lo que la Carta Magna señala en su artículo 21: “La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el distrito federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva (…) La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.
En este sentido, resulta urgente que el Congreso trabaje en ello y que se logre reglamentar lo que, vergonzosamente, el mismo Estado ha fomentado, porque si no entonces me pregunto “¿y la Constitución apá?”.
Vuela vuela palomita y ve y dile: a todos los guerrerenses, que razones suficientes han tenido y tienen para buscar la justicia, nomás no olvidemos que hacerlo sin pericia y por propia mano, sólo va a llevar al tambo a más y más inocentes.