El pasado viernes 4 de febrero el estado de Guerrero acaparó las notas nacionales e internacionales con “Los Ayotzinapos”, dando a conocer la confrontación entre manifestantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos y elementos de la Guardia Nacional. Comunicadores nacionales destacaron detalles de la confrontación y usuarios de las redes sociales manifestaron su descontento con los manifestantes. Comunicadores locales aprovecharon para proponer el cierre de la Normal como solución definitiva al conflicto.
Los usuarios de las redes sociales que expresaron su indignación contra la violencia de los manifestantes tienen un buen fundamento y justeza en su reclamo, en tanto que, –en un estado democrático de derecho nadie está legitimado para usar la violencia, ni para reclamar un derecho–, ya que en un estado democrático de derecho impera el principio ético que deslegitima el uso de la violencia para resolver un conflicto social, político y/o legal.
Los hechos del 4 de febrero de este año nos llevaron a recordar el 11 de diciembre de 2011, cuando manifestantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, bloquearon un tramo de la carretera federal México-Acapulco para exigir de las autoridades el cumplimiento de su pliego petitorio que incluía la reparación de las instalaciones del plantel, aumento de recursos para su sustento y garantía de plazas para los egresados de la Normal. El bloqueo culminó con el desalojo violento de los manifestantes por parte de la policía federal y estatal y el asesinato a balazos de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, estudiantes de la normal y la de un tercero ajeno al conflicto, el señor Jesús Riva quien murió por quemaduras al tratar de apagar dos bombas dispensadoras de gasolina que fueron incendiadas.
Tres años después, la madrugada del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron víctimas de desaparición forzada, seis personas perdieron la vida y al menos seis estudiantes, todavía hoy, casi ocho años después se esfuerzan por sobrevivir con las secuelas de los ataques armados de los que fueron objeto. Familiares de los estudiantes desaparecidos de manera forzada han ido perdiendo la vida en la larga espera de verdad y justicia, la verdad histórica es lo único que las víctimas han recibido.
La exigencia de verdad y justicia está en el fondo del problema, y aunque no se descarta que en ese movimiento donde participan víctimas, también actúan personas con intereses ajenos e incluso contrapuestos a las demandas del movimiento, el riesgo no conjurado es que un nuevo episodio de confrontación sea la chispa que produzca el escalamiento de la violencia, con el riesgo de hacer coincidir la agenda de otros movimientos sociales que esperan su oportunidad, como ya ocurrió en 2014, generando una nueva crisis político-social.
La estabilidad en Guerrero es históricamente frágil, por lo mismo demanda que la búsqueda de solución de los problemas incluyan mecanismos de solución pacífica, sobre todo tomando en cuenta que existe una gran deuda de las instituciones con muchos de los movimientos sociales que se expresan en la entidad, que tienen que ver con la vigencia de sus derechos, con su seguridad. En el caso de los problemas planteados por los manifestantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa es necesaria una solución de fondo que pasa de forma obligada por la verdad y la justicia.