ESTRICTAMENTE PERSONAL

Manuel López Bernal, un profesional con experiencia en el IFE, sí parece el hombre idóneo para ocupar el lugar que dejó vacante María del Carmen Alanís como secretaria ejecutiva del instituto y atemperar las tempestades que dejó su gestión. Sin embargo, una revisión más cuidadosa de su hoja de servicios, permite pensar que la designación de López Bernal, lejos de ser el páramo ansiado por los consejeros en busca de puerto seguro, puede resultar más dañino incluso que el periodo de Alanís, pero por las razones menos esperadas. López Bernal, se puede plantear como hipótesis, es una bomba de tiempo en cuenta regresiva.

La hoja de servicios de Bernal es una papa caliente, pues al desmenuzarlo afloran algunos elementos preocupantes. Aunque fue el cuarto mejor promedio de su generación en la carrera de Derecho en la Universidad de Guanajuato, hay una inconsistencia por cuanto a su diplomado en el Instituto Internacional de Administración Pública, donde afirma que lo cursó durante dos años cuando en realidad demora sólo uno. Su vida pública de claroscuros empieza al vincularse con Sergio García Ramírez, con quien empezó a trabajar en la Secretaría del Trabajo en 1981 y 1982, cuando una de las funciones políticas que tenía la dependencia era proporcionar recursos a la CTM con fines electorales y eliminar a los movimientos sindicales independientes.

Más preocupante, sin embargo, es su incursión como contralor interno en la PGR de 1982 a 1985. Es decir, estuvo en una posición de línea cuando los jefes del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca, ordenaron el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, quien había descubierto el rancho de El Búfalo en Chihuahua, donde producían miles de toneladas de marihuana bajo la protección de las autoridades.

La DEA encontró una nueva misión, justificando con el asesinato incrementos presupuestales y presencia en México, iniciando una persecución contra funcionarios mexicanos que no ha cesado en dos décadas. Desde 1981 el narcotráfico había penetrado a la Policía Judicial Federal (PJF) y para 1984, Guadalajara era su base de operaciones para actividades de narcotráfico. El asesinato de Camarena provocó la exigencia de investigación oficial por parte del entonces embajador estadunidense John Gavin, pero la Contraloría Interna de la PGR nunca la hizo.

El escándalo provocó que todos los funcionarios centrales y comandantes de la PGR fueran colocados en “una lista de investigación” para identificar el grado de penetración del narco, que encontró un alto grado de complicidad integral en la dependencia. López Bernal, quien según su currículo maneja recursos humanos, fracasó totalmente en la asignatura. Un informe de la DEA reveló que uno de los problemas más grandes que había en la PGR era que no se tenía conocimiento de quién trabajaba, formal o informalmente en ella.

Un año antes del asesinato de Camarena, la degradación sociopolítica fue expuesta con el asesinato del columnista político más influyente del último cuarto de siglo mexicano, Manuel Buendía, pues temían que publicara los vínculos del narco con el gobierno de Miguel de la Madrid. La decisión del crimen la tomó un alto jefe militar, junto con comandantes de la PGR y la estructura ejecutiva de la Dirección Federal de Seguridad, que dependía de la Secretaría de Gobernación. Los militares nunca fueron procesados por el crimen, y los comandantes de la PGR siguieron introduciendo droga a Texas en pipas de Pemex. Quienes pagaron por él fueron el ex jefe de la DFS, José Antonio Zorrilla Pérez, y sus principales mandos operativos.

López Bernal salió de la PGR luego de todos esos escándalos, lo que no evita que lo persiga la sombra de lo que sucedió en las cañerías del sistema político mexicano en aquél tiempo. Su paso por la PGR en aquél periodo tendría que haber sido evaluado políticamente, y no sólo en función de su experiencia en el IFE, antes de haber sido designado secretario ejecutivo del instituto. No significaría responsabilizarlo de nada en absoluto, sino tratar de evitar aristas peligrosas al encuadrar una designación de tan delicada responsabilidad en un marco sociopolítico dentro de la negra historia reciente en México.

Una razón es por la importancia del cargo que ocupa y la preocupación por la participación del narco en la política. En varios estados los narcos han sido motores de desarrollo y bienestar de la población, proveyendo a las comunidades lo que el Estado ha sido incapaz de dar y, aunque lentamente, se han ido metiendo en la política financiando campañas. No hay datos concretos de qué tan grande es su participación en la política, pero se tienen casos documentados en Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Incluso, la Secretaría de la Defensa tiene un expediente archivado por este gobierno de un gobernador que ganó la elección con narcodinero.

Otra razón es el clima político en Estados Unidos, y en particular el narcotráfico y su potencial vinculación con el terrorismo. Para acentuar este factor, los actuales jefes de contrainteligencia de la CIA y de operaciones de la DEA trabajaron en las oficinas en México. Es decir, son asesores influyentes en la toma de decisiones en Washington, y poseen listas de políticos mexicanos vinculados con el narco. Sin señalarlo de nada, López Bernal representa un alto riesgo para el IFE y los procesos electorales, hasta por razones de proximidad. La sola percepción lo ubica en una posición vulnerable y al resto del consejo en una situación de riesgo. ¿Puede afirmarse que la designación de López Bernal afectará al IFE? Con tal certeza, no. Lo que sí se puede argumentar es que su inclusión en tan alto cargo dentro del IFE lo convierte en un blanco de chantaje político, de presiones y de ilegitimidad. En los tiempos actuales, lo único que faltaba.

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