En México hay un millón 381 mil 853 personas afrodescendientes, lo cual representa el 1.2% de la población nacional. Estos son los datos que arrojó la Encuesta Intercensal 2015 del Inegi, institución que por primera vez incluyó a este sector de la población en sus conteos. Para hacerlo, agregó en su cuestionario una pregunta a las personas encuestadas sobre si se consideraban negras, afromexicanas o afrodescendientes.
En el próximo censo nacional se incluirá nuevamente esta pregunta, y se supone que así se tendrá información casi exacta del número de población negra que hay en nuestro país. Sin embargo, no todos los afrodescendientes se autodenominan como tales, ni como negros o afromexicanos. En algunas partes del país se nombran de otras maneras.
Es por eso que el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad (PUIC) de la UNAM, que desde hace más de diez años trabaja en diversos aspectos con la población afrodescendiente, llevará a cabo el Coloquio nacional ¿Cómo queremos llamarnos? el 17 y 18 de abril en la Casa de las Humanidades. En el evento participarán, además de especialistas en el tema, dirigentes de diversas organizaciones y comunidades afromestizas, negras, morenas, mascogas, o como se nombren. El objetivo principal es obtener un catálogo de autodenominaciones para entregar al Inegi y que se incluyan en el censo de 2020 para que el conteo de la población afrodescendiente sea más preciso.
Los negros todavía no son reconocidos en la estructura jurídica del Estado mexicano. No existen en la Constitución, no se les reconocen sus derechos como pueblo y no hay políticas públicas específicas para ellos a pesar de que constituyen una cultura diferenciada del resto del país, con sus propias costumbres y tradiciones. Es por ello que continúan luchando para que se les incluya en el artículo segundo constitucional y se les otorguen los mismos derechos que a los pueblos indígenas; y para eso es importante y necesario determinar con la mayor exactitud posible cuántos son y dónde se localizan.
Por otro lado, continúan siendo víctimas del racismo y la discriminación, y cuando salen de su región corren incluso el riesgo de ser deportados del país, pues frecuentemente los confunden con migrantes centroamericanos.
El pasado viernes 24 de marzo se proclamó a Cuajinicuilapa, Guerrero, como Sitio de memoria de la esclavitud y de las poblaciones africanas y afrodescendientes. En una ceremonia a la que asistieron diversos funcionarios municipales, estatales y federales, personal de la UNESCO y el embajador de Sudáfrica en México –y por cierto muy pocos cuijleños– se develó la placa correspondiente a la designación en cuestión.
La identificación de sitios de memoria de la esclavitud es una iniciativa de la UNESCO, que forma parte del proyecto internacional La Ruta del Esclavo: Resistencia, Libertad y Patrimonio, que tiene entre sus objetivos “contribuir a una mejor comprensión de las causas y modalidades de funcionamiento de la esclavitud y la trata negrera, así como de las problemáticas y consecuencias de la esclavitud en el mundo”.
Difícilmente una placa o una proclamación ayudará a mejorar la situación de los habitantes afromexicanos de Cuajinicuilapa que viven en condiciones de marginación. Sólo recordará de manera permanente a los cuijleños que descienden de esclavos, en lugar de resaltar, por ejemplo, que provienen de importantes culturas africanas o que el porcentaje de personas negras económicamente activas (a nivel nacional) es mayor que el del resto de la población. Tampoco va a servir para que se reconozca a los pueblos negros en la Carta Magna ni para que se les incluya en programas y proyectos de subsidios y apoyos como los que existen para la población indígena. En lugar de develar placas, el Estado mexicano debería otorgarle a estos pueblos de una vez por todas el reconocimiento legal adecuado y en función de éste, tendría que estar desarrollando políticas públicas para su beneficio. ¿Cuánto más habrá que esperar?