En buena lid, lo ha dicho Joel Ortega: los jóvenes debemos cargar con los aprendizajes de 1968 pero dejar ir lo demás, amarguras incluidas, y pasar la página, dejar de vivir la matanza en presente. Antes del crimen de Iguala, puede ser que hacia allá fuéramos, pero a partir de la protesta y el lema “Fue el Estado” se reforzó una resonancia que condensó el sentido del agravio y ayudó a entenderlo, activando una región de la memoria y, sobre todo, de su contenido mítico. Con un antecedente de ataque directo a estudiantes, con distorsiones informativas intencionadas y criminalización, sin verdad ni justicia, muchos de quienes se habían manifestado en el Yo Soy 132 se entendieron como una nueva generación de una población antes victimizada por el Estado. Así funciona la memoria, sin los matices y el cuidado de la historiografía. Ya lo dije antes, pero quizá en tanto siga siendo posible imaginar una masacre de estudiantes a manos de fuerzas del Estado –por mezcladas que estén con criminales no estatales– no podremos pasar la página. Y quizá tampoco debemos.
A su manera lo dijo también el gobierno perredista de la Ciudad de México. No sé qué sentido tiene quitar las placas que acreditan la entrega de obras del Metro por Gustavo Díaz Ordaz (no creo que nadie pasase delante de ellas y pensara “¡oh, gran Díaz Ordaz!”). No se trata, como en el caso de las estatuas de Francisco Franco retiradas en España, de una proyección heroica de su figura, sino apenas de un testimonio del papel de la figura presidencial en la construcción de la Ciudad de México. Sí: el Metro se construyó con dinero del pueblo, pero eso no borra a Díaz Ordaz y su gobierno. El responsable de la matanza de Tlatelolco fue también reformador en 1963, y constructor de infraestructura y algunas cosas más. Ni modo: así es la historia. Tienen razón quienes dicen que era mejor idea colocar, siendo el caso, placas conmemorativas de los daños de su gobierno, de la masacre del 2 de octubre, de su dimensión criminal. Tiene sentido tener más memoria, no menos; aumentar la complejidad sin reducir un ápice la condena y la crítica a los asesinos y criminales, pero no borrarlos. Se trataría, si fuera el caso, de pasar la página, para volver a ella en caso necesario, no de arrancarla.

La doble traición

Además de la herida social, 1968 tuvo un costo institucional mayúsculo –y he aquí otra razón para no pasar la página. Desde el Ejército se ha querido, más de una vez, esclarecer los hechos, en el entendido de que no ha habido un juicio justo. Es un poco enredado, pero voy a intentarlo. Habrán de disculparme si fallo en el intento.
Para salvar a la figura presidencial –la de Díaz Ordaz y la de Echeverría–, el Ejército cargó con el peso de la matanza una vez que empezó a hablarse públicamente del tema. Sólo el Ejército, como si se mandara solo. Sólo el Ejército, porque la gente vio circular tanquetas y otros vehículos militares; porque llevaron a los detenidos al Campo Militar No. 1; porque nadie del Ejército saldría a romper la disciplina defendiéndose políticamente. Con los papeles de Marcelino García Barragán utilizados por Julio Scherer, verosímiles además para quienes han hecho más investigación en los archivos –notablemente para el historiador Ariel Rodríguez Kuri, tal vez el de más prestigio en ese tema–, puede inferirse que lo de Tlatelolco se vivió como una doble traición: a los estudiantes, que habían sido responsables políticamente y, desde cierto momento, habían evitado a toda costa la violencia –tampoco jugaron nunca con la posibilidad de sabotear los Juegos Olímpicos– y al Ejército mismo. Estoy parafraseando de memoria a Rodríguez Kuri, espero que con justicia, pero esa traición, si así se dio, la cometió el mando del Estado Mayor Presidencial, que no es el mismo que el de la Defensa Nacional.
No se ha podido conocer la verdad con todo detalle, es obvio, pero ese matiz generó resquemor entre la Presidencia y la Sedena –más vapuleada que Luis Echeverría por su responsabilidad–, y no con tan malas consecuencias, porque eso llevó a las fuerzas armadas a retraerse más de la política hasta mucho tiempo después.
Es fama –pero nada más eso– que el entonces secretario de la Defensa Nacional se opuso al desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2005, después de que más de un millón de personas saliéramos a marchar contra el abuso de poder. No querían tener, ni cerca, la posibilidad de una orden para reprimir (no por humanismo, se ha visto, aunque haya militares patriotas, sino por puro pragmatismo, porque el fantasma del 68 ronda siempre detrás de las tentativas de controlar protestas por medios militares).
Desde entonces, y sobre todo a partir de la guerra comenzada tras la elección de 2006, hubo una cicatrización entre la presidencia y los militares, un intento de pasar la página entre ambas instituciones. El Ejército ha cobrado, por eso, un poder político que no tuvo nunca en nuestra historia. Desarrollaron relaciones autónomas con medios y empresarios, capacidad de decisión territorial sin precedente, así como un aumento en su capacidad de fuego y en sus recursos. Felipe Calderón necesitaba mimarlos para emprender su política asesina.
Esto ha resultado en una situación contradictoria. Por un lado, el Ejército tiene más recursos e independencia para proteger su fama y no cargar con los costos de las decisiones de los políticos, del presente y el pasado. Por el otro, su operación diaria en el terreno los ha hecho también más violadores de derechos humanos. Intentan, sin embargo, seguir el camino marcado por Calderón, una reconciliación sin condiciones, sin verdad ni justicia, sin que nadie los moleste; quizá la peor de las reconciliaciones posibles: más guerra, más presupuesto, más poder, menos verdad y menos justicia (o lo que es lo mismo, sólo la verdad necesaria para salvarles la fama y a otra cosa mariposa). Un paso en esa dirección fue la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.
El nuevo gobierno, al contrario del de Calderón, ha propuesto no sólo la reconciliación entre las instituciones, sino entre éstas y la nación. Parece cuesta arriba. Flaco favor hace la Sedena a su causa descalificando la comisión de la verdad propuesta por López Obrador para aclarar el crimen de Iguala, argumentando que no será objetiva porque las víctimas y la CNDH la dirigirán. Dan la imagen de una institución opaca, poco dispuesta a abrirse al diálogo con los mexicanos, encubridora de crímenes del pasado –y eso terminará por renovar, infinitamente, el descrédito que el 68 les ganó justa e injustamente, de ser cierta la traición relatada por Scherer y evocada por Rodríguez Kuri. En los hechos, pretenden someter a la Presidencia a cambio de lealtad institucional. Si los rencores y las amarguras nos facilitan estar alerta, bienvenidos sean. Puede ser que haya casos en que la memoria justa y la precisión histórica no sean posibles hasta que termine el intercambio de agravios. O sea, primero la paz, y luego hablaremos. En tanto, seguiremos caminando de la mano de nuestros fantasmas.