* Guerra sucia  

Miguel Angel Granados Chapa

Avanza con extrema lentitud el trabajo de la fiscalía creada ex profeso para investigar los crímenes de la guerra sucia mexicana. La Suprema Corte de Justicia acaba de recibir la petición de la Procuraduría General de la República para enfrentar el primer revés que esa oficina especializada del ministerio público recibió hace dos meses.

La Fiscalía solicitó a fines de abril a un juez federal en Monterrey órdenes de aprehensión contra dos ex directores federales de seguridad, es decir ex jefes de la policía política. Al cabo de una paciente labor, la Fiscalía reunió los elementos a su juicio necesarios para procesar a esos antiguos funcionarios por la desaparición de Jesús Piedra Ibarra. A gran velocidad, que permite suponer que no leyó siquiera el expediente, el juzgador rehusó el pedido de la fiscalía alegando que el delito de privación ilegal de la libertad ya prescribió. El ministerio público se inconformó con esa decisión, sobre la base del carácter continuo del delito de que se acusa a los indiciados, que sólo cesaría cuando se tenga noticia cierta de la suerte de Piedra Ibarra. El tribunal de segunda instancia tiene en sus manos la apelación y ha tomado su tiempo, a diferencia de su inferior, para estudiar el caso.

La negativa a girar la única orden de aprehensión hasta ahora solicitada por la Fiscalía Especial, y la lentitud del trámite en la segunda instancia fueron malas noticias para esa oficina investigadora y para el Consejo Ciudadano que, conforme a la instrucción presidencial de noviembre del 2001 fue convocado para dar seguimiento al trabajo de la fiscalía. Otros factores de orden político, por lo demás, aparecieron en el horizonte de trabajo de la oficina de que es titular Ignacio Carrillo Prieto. Y sin que nadie pretendiera interferir en la esfera de las autoridades judiciales, el Consejo estimó que una muestra de apoyo presidencial a la fiscalía, que no se ha hecho explícito desde la creación de la misma, contribuiría a establecer que efectivamente está vigente la voluntad para indagar esa porción de nuestro pasado.

El Presidente Fox recibió el 20 de mayo al consejo ciudadano de la fiscalía y a su titular. En presencia también del secretario de Gobernación y del procurador general de la República, Fox no dejó duda de su decisión de ir adelante, echando mano de los recursos legales posibles para encontrar la verdad y sancionar a quienes resulten responsables de delitos.

Como consecuencia de esa renovada posición, el procurador general de la República pidió la intervención del máximo tribunal. Según la fracción III del artículo 105 constitucional, la Corte “de oficio o a petición fundada del correspondiente tribunal unitario de circuito o del Procurador General de la República, podrá conocer de los recursos de apelación en contra de las sentencias de jueces de distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascedencia así lo ameriten”.

Esta posibilidad de que la Corte atraiga la apelación será resuelta según la interpretación que el propio tribunal asigne a la palabra sentencia. En sentido estricto, el vocablo designa a la resolución judicial que pone fin a un proceso. No es este el caso de que hablamos ya que precisamente la negativa del juez impidió el que tal proceso siquiera comenzara. Se trata de una resolución, un auto que no reviste rigurosamente el carácter de sentencia. Pero ya que es un acto procesal susceptible de producir efectos definitivos y que además es apelable, podrían pesar en la decisión           de la Corte los otros términos del texto constitucional, que le permiten atraer el caso por su “interés y trascedencia”.

La Fiscalía está urgida de un paso definitorio del curso de sus tareas. Si la apelación, resuelta que sea por el tribunal regiomontano o por la Corte, no reconoce el argumento de imprescriptibilidad aducido por el ministerio público, parecerán confirmarse las reticencias, suspicacias y resistencias de quienes vieron en la creación de la Fiscalía una decisión meramente cosmética, y aun engañosa, para evitar la investigación y el castigo a quienes infringieron sus deberes legales en la persecución a las diversas formas de insurgencia armada de los años setenta y ochenta y se convirtieron de ese modo en delincuentes.

La Fiscalía no enfrenta sólo la renuencia de quienes la suponen ineficaz, sino paradójicamente también la resistencia de quienes la temen eficaz. Ese es el caso, probablemente del ex presidente Echeverría. A él mismo, o a su entorno se puede achacar una maniobra por el momento frenada, que pretendió dinamitar desde dentro la tarea de la Fiscalía. Dos agentas del ministerio público sacaron de la nada una serie de observaciones críticas al desempeño de la oficina a la que habían sido convocadas, y buscaron convertirlas en un señalamiento penal. Carecía de fundamento su intento y por eso fue desechado. Pero a las presuntas denunciantes se les vio más de una vez en conversaciones con miembros de la defensa de Echeverría, a cuyo interés conviene desprestigiar y más aún desmontar el aparato de procuración de justicia que puede producir, eventualmente, una acusación en su contra.

La Fiscalía es autónoma según el acuerdo de su creación, pero depende en mucho de la PGR. Entre los varios obstáculos que pueden frenar y hasta impedir su desarrollo, la falta de apoyo del procurador resultaría insuperable. Conseguir que la Corte intervenga en el caso mostrará que ese obstáculo no existe.