La situación de violencia e inseguridad que vive Guerrero muy lejos de mejorar, empeora cada vez más. Todos los días las noticias refieren asesinatos y balaceras. Las estadísticas son muy alarmantes: 527 ejecutados en el estado en el primer trimestre de 2016, 51 por ciento más que en 2015; Acapulco es el tercer municipio con mayor percepción de inseguridad del país; comercios y restaurantes cierran por el acoso del crimen; la inseguridad impide las clases en las escuelas. Las autoridades parecen rebasadas por los acontecimientos.
Es claro que se requieren estrategias diferentes y más radicales, ya que seguir haciendo lo mismo no va a generar mejores resultados. Se requiere de medidas más audaces, que desde luego tienen que ser diversas y atender a los diferentes factores y aspectos del problema ya que la situación, compleja por naturaleza, no se compondrá con acciones aisladas. Sin embargo es posible que ante las dificultades que las autoridades tienen para enfrentar esta problemática, bien valga la pena insistir en alternativas basadas en la participación ciudadana.
A pesar de las dificultades y complejidades que recientemente han tenido las policías comunitarias y las autodefensas, la revisión de la historia de muchos años en la Montaña y la Costa Chica de la policía comunitaria organizada por la CRAC, no deja lugar a dudas en el sentido de su efectividad para reducir los índices delictivos. Lo que se debe rescatar de la experiencia, es su principio fundamental que es la independencia de los cuerpos policiacos comunitarios con respecto a las autoridades municipales, estatales y federales así como su control por y subordinación a las asambleas comunitarias.
En efecto, uno de los problemas más fuertes que tienen los cuerpos policiacos y las estructuras de impartición de la justicia es su gran susceptibilidad para ser penetradas por el crimen organizado. El gran poder económico y la violencia que ejercen, hacen que los grupos criminales puedan insertarse dentro de las estructuras policiacas, especialmente (aunque no exclusivamente) en el nivel más cercano a la población, como es la autoridad municipal, que se encuentra sumamente vulnerable.
Por eso, las policías de la Costa Chica y de la Montaña que han operado mucho tiempo bajo el control de las asambleas comunitarias han tenido éxitos importantes, ya que siendo independientes y estando bajo la subordinación y vigilancia de la mayoría de los habitantes, han podido tener un desempeño mejor. En términos legales, esto ha sido posible debido a que se trata de pueblos indígenas y tanto en la legislación internacional como en la local, se establece su derecho de darse el gobierno y la organización que ellos decidan. Sin embargo, la experiencia podría generalizarse si se logra mantener en una reforma legal y en la práctica, este principio fundamental que es el control y la subordinación de los cuerpos policiacos a las asambleas comunitarias o ciudadanas.
Para generalizar esta alternativa, se requiere que existan estas asambleas ciudadanas y que estén bien reglamentadas, para que se garantice que sea la mayoría de la población de cada uno de los territorios la que tome las decisiones y dé seguimiento al desempeño de su estrategia local de seguridad y de su policía. Es decir, se necesita que se construya este poder ciudadano basado en la participación de todos los habitantes de cada demarcación a nivel local. En el caso de la CRAC y su policía, esto fue posible porque su estructura se basó en la tradición fuertemente arraigada de las comunidades originarias de la participación comunitaria. Pero en el mundo no indígena, una alternativa ciudadana requiere de la construcción de las instituciones ciudadanas democráticas de base y de una reforma legal que empodere a las asambleas, las norme, las regule, y les dé facultades y poder formal para constituirse en soberanía para participar en las tareas de seguridad y justicia.
No es algo fácil, pero la situación exige pensar en alternativas novedosas y audaces; ante las fallas gubernamentales, tal vez sea ahora el turno de la participación ciudadana, que se empodere y logre armar al pueblo sobre una base legal para que se pueda enfrentar la cada vez más grave situación que estamos padeciendo.
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