No puede abatirse el rezago social sin comprometer el gasto público para atacar los problemas centenarios de los pueblos. Serían sólo deseos y quimeras que acumularán la decepción social hacia la clase política en el poder.

De acuerdo con el más reciente estudio de Coneval, en el 2010 se estima la población indígena de Guerrero en 635 mil 620 ciudadanos, que representa el 18 por ciento de la población estatal. La población hablante de alguna lengua indígena es de aproximadamente 475 mil 99 personas de cinco años y más, que representa al 14 por ciento de los guerrerenses, cuya configuración étnica es de: 36 por ciento nahuas, 29.3 mixtecos, 25 por ciento tlapanecos y 10 por ciento amuzgos. Tanto a nivel nacional como en el estado de Guerrero, la pobreza indígena crece alarmantemente.
La información estadística reconoce la existencia de 635 mil 620 ciudadanos indígenas y que este segmento social representa el 18 por ciento de la población estatal. Mientras que en el sector indígena hay una tradición censal tanto por parte del Inegi, Conapo y Coneval, hasta antes del 2015 no existía ningún instrumento censal para aproximar la población de origen negro o afrodescendiente. El año pasado, el Inegi, por primera vez, impulsó la Encuesta Intercensal 2015, y llegó a la conclusión de que en México hay 1.4 millones de ciudadanos que se identifican como afrodescendientes o afromexicanos. A nivel nacional, Guerrero es el principal estado con población de origen negro. El 6.5 por ciento representa una población de 91 mil ciudadanos afrodescendientes.
En síntesis, en Guerrero, el 18 por ciento de su población es de origen indígena y el 6.5 por ciento pertenece a la población afrodescendiente. Ambos sectores representan el 24.5 por ciento de la población guerrerense. Los pueblos indígenas se ubican en 37 municipios, y los afrodescendientes localizados en 11 municipios de la Costa Chica. Los pueblos indígenas y afrodescendientes se localizan en 48 municipios, representando el 59.25 por ciento de la jurisdicción municipal.
La suma de 635 mil 620 ciudadanos indígenas y los 91 mil afrodescendientes nos da un total de 726 mil 620 guerrerenses y representa el 24.5 por ciento de la población total. Para la atención social de ambos sectores, el gobierno creó la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, que para el presente año tiene un presupuesto asignado por 34 millones 899 mil pesos. Si tomamos en cuenta que, en el presente año fiscal el estado de Guerrero ejercerá un presupuesto total de 48 mil 409 millones de pesos, para el sector indígena y afrodescendiente el gobierno local destina sólo el 0.072 por ciento para ambos sectores poblacionales.
Injusta y desigual es la distribución del presupuesto estatal. A los pueblos indígenas y afrodescendientes que representan el 24.5 por ciento de la población total de Guerrero, no les asignan ni el uno por ciento del presupuesto para el desarrollo social. Sin presupuesto financiero es prácticamente imposible impulsar política pública para satisfacer las necesidades básicas de los pueblos indígenas y afrodescendientes. En ninguna parte del mundo puede diseñarse un plan estatal de desarrollo si no es acompañado con financiamiento adecuado para cumplir metas y objetivos a corto o mediano plazo.
No puede abatirse el rezago social sin comprometer el gasto público para atacar los problemas centenarios de los pueblos históricamente excluidos del progreso social. Sin el componente económico sólo pueden planearse deseos y quimeras que acumularán la decepción social hacia la clase política en el poder. Como lo he indicado en otras reflexiones y retomando otras experiencias sobre este tema, debe quedar claro que “los presupuestos más que ser datos financieros, reflejan las prioridades gubernamentales sobre los diversos sectores sociales de cada país. Los presupuestos públicos no son sólo instrumentos financieros, son documentos políticos que expresan las relaciones de poder en cada una de nuestras naciones”.
La insuficiencia de recursos financieros para diseñar política pública y planear el desarrollo para pueblos indígenas y negros, refleja la prioridad del gobierno en turno y también el nivel de intereses del Poder Legislativo. Las relaciones de poder en Guerrero expresan claramente los niveles de exclusión de sectores sociales que siguen siendo ignorados de la política económica.
Sin embargo, debemos congratularnos que la Constitución Política de Guerrero ahora reconoce un apartado específico sobre los “Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”. De acuerdo con la Constitución vigente, reconoce que el estado de Guerrero sustenta su identidad en sus pueblos indígenas y afromexicanos, somos el cimiento del pueblo suriano con composición pluricultural de la población indígena y negra.
El artículo 13 del apartado en referencia señala que, “El Gobierno del Estado, en coordinación con las autoridades municipales y conforme a las disposiciones presupuestales que apruebe el Congreso, generará el cúmulo de políticas públicas que promuevan el acceso a los derechos humanos y la igualdad de oportunidades de los pueblos indígenas y afromexicanos, que tiendan a eliminar cualquier práctica discriminatoria y posibiliten el avance socioeconómico y el desarrollo humano”.
El mismo artículo enfatiza: “En el diseño, implementación de las políticas públicas se incorporarán acciones afirmativas…, a favor de los grupos vulnerables de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas: mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes, para su plena incorporación al desarrollo humano, social y económico. Los recursos presupuestales destinados a estos grupos se focalizarán y su fiscalización será prioritaria”.
El titular del Ejecutivo local y el Poder Legislativo incumplen este precepto constitucional. Con el insignificante presupuesto autorizado para el presente año a la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, es prácticamente imposible generar el cúmulo de políticas públicas y la igualdad de oportunidades. Guerrero discrimina el derecho al desarrollo que tienen sus pueblos indígenas y afrodescendientes. La norma constitucional es una aspiración que aún se encuentra lejos de cumplirse.
Si la clase política no está dispuesta a cumplir un ordenamiento constitucional, tampoco cumplirá las metas que se diseñen en el Plan Estatal de Desarrollo. El derecho a la consulta y el diseño de las políticas públicas sólo son un ejercicio para dar voz a la ciudadanía. La limitante presupuestal es un impedimento para cumplir metas y planes de las demandas indígenas y afrodescendientes de Guerrero.
Es indudable que no podrá mejorar la situación de pobreza indígena y afrodescendiente si las dependencias federales, estatales y municipales, lejos de incrementar su presupuesto, tienden a disminuir su gasto social. La demanda es gigantesca y la respuesta institucional es limitada, dispersa y descoordinada. Urge fortalecer la institucionalidad que atiende a los pueblos indígenas y negros. Sin fortalecimiento institucional, el impacto social será nulo y limitado.
Como indígena guerrerense, me congratulo de tener en Guerrero una Constitución de vanguardia, con un capítulo específico sobre “Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”. Este capítulo será la plataforma esencial para la elaboración de una nueva reglamentación de la Ley 701, que, de acuerdo con la prórroga del Congreso, seguirá vigente hasta el 15 de marzo de 2017.
Exhorto al titular del Ejecu-tivo y al presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos que, con los pueblos y comunidades, organicemos conjuntamente las consultas locales, municipales y regionales para recoger las propuestas que habrán de cimentar la nueva ley para los pueblos indígenas y afromexicanos. El derecho a la consulta previa, libre e informada es una obligación que el Estado mexicano debe cumplir, y acatar los ordenamientos que marcan los tratados internacionales.
El tema de la Ley Indígena y Afromexicana debe ser uno de los principales objetivos del Plan Estatal de Desarrollo. De acuerdo con el calendario legislativo, en 13 meses debe culminar este proceso. La convocatoria de este gran objetivo debe llevarnos a elaborar una Ley de vanguardia, que sea un buen ejemplo de unidad para el pueblo de Guerrero y para el país.

* Ponencia presentada en el Foro Especial: Pueblos Indígenas y Afromexicanos, para la integración del Plan Estatal de Desarro-llo 2015-2021. Xochistlahuaca, 29 de enero de 2016.

** Investigador Titular del CIESAS.