Los pueblos indígenas de Guerrero y, en lo particular, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) expresan su beneplácito por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declara la “invalidez total” del artículo 14 de la Constitución del Estado de Guerrero que fue modificado por la reforma indígena enviada por el Ejecutivo estatal a la legislatura pasada, misma que aprobó el 27 de julio de 2018 (cuatro días antes de que concluyera su periodo) en detrimento de los derechos de los pueblos indígenas, modificaciones que quitaban garantías a la Policía Comunitaria en sus funciones de seguridad en las comunidades y que a la vez, quitaban a los pueblos la posibilidad de integrar dicha Policía Comunitaria con personas de la misma comunidad, designadas en Asamblea general de las comunidades.
El 21 de septiembre de 2018, a exigencia de los pueblos, la bancada de Morena de la legislatura actualmente en funciones envió a la SCJN una acción de inconstitucionalidad contra dicha reforma al artículo 14 porque violó el principio de progresividad de los derechos humanos ya reconocidos y adquiridos por los habitantes de las comunidades indígenas. El recurso fue admitido por la SCJN el 9 de octubre de 2018.
La SCJN declaró inválido el artículo14 modificado porque se violó el derecho de los pueblos indígenas y afrodescendientes a ser consultados antes de que se emitiera dicha norma jurídica por lo que fueron afectados directamente. No se hizo una consulta previa, libre e informada y de buena fe. Lo que hicieron son foros universitarios abiertos a los ciudadanos sin tomar en cuenta a los pueblos indígenas, por lo tanto, eso que llamaron consultas fueron consideradas inválidas. Hay que añadir que el 20 de abril de 2020 la SCJN invalidó las reformas a la ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado de Guerrero y la ley 777 del Sistema de Seguridad Pública del mismo estado, también por no haber consultado a los pueblos.
La SCJN pide ahora se realice una consulta adecuada por lo que el 14 de junio de 2021, representantes de las cinco Casas de Justicia y los Comités de Enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) en reunión programada con el Congreso del Estado entregaron al presidente de la Jucopo un posicionamiento en el que se propone que, para llevar a cabo dicha consulta, se parta de la iniciativa de Reforma Constitucional de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos que fue elaborada por los mismos pueblos durante cuatro años de arduo trabajo y que fue entregada a la actual legislatura el 10 de diciembre de 2019. Para elaborar dicha iniciativa se realizaron consultas a los pueblos en diez foros realizados en diferentes regiones del estado y mediante cuatro cabildos abiertos en los que se recogió información invaluable cuyas minutas y resolutivos fueron integrados al proyecto de reforma entregado al Congreso.
Este posicionamiento fue entregado al presidente de la Jucopo quien, después de un receso no regresó a la reunión a la que, junto con él, solamente había hecho presencia por unos minutos una diputada del PRI. Es reprochable que los diputados no hayan asistido a la reunión previamente acordada. Al parecer, no hay voluntad política para tratar con los pueblos indígenas esta exigencia de la SCJN. Este vacío deja ver que hay un menosprecio por los indígenas. Habrá que recordar al Legislativo que una reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y la consulta obligada para llevarla a cabo tiene como centro a los mismos pueblos indígenas.
La SCJN ha avanzado en este sentido y demanda armonizar los tratados internacionales con la Constitución en todo lo concerniente a las normas que los pueblos se den a sí mismos.
Los representantes de la CRAC-PC y las autoridades comunitarias acordaron exigir una nueva reunión con la totalidad de los diputados que conforman la Jucopo para iniciar la discusión encaminada a realizar el citado proceso de consulta. Los pueblos por responsabilidad propia tomaron ya la iniciativa de responder a los requerimientos de la SCJN. Las cosas regresaron al punto de donde salieron. Son los pueblos quienes tienen la palabra y exigen ahora responsabilidad compartida.