En 2014 se reformó sustancialmente la Constitución de Guerrero. Entre los muchos cambios realizados, destaca el relacionado con los derechos de los pueblos indígenas. Antes de la reforma sólo eran brevemente mencionados en un artículo (el 10), y ahora hay siete artículos (del 8 al 14) en los que se enuncian sus derechos. Además, otro cambio muy importante es que se reconoce por primera vez a los afromexicanos, otorgándoseles los mismos derechos que a los pueblos indígenas.
Entre otros aspectos, se reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho, se garantiza su derecho a la autonomía y a la libre determinación, el derecho a una educación con pertinencia intercultural y lingüística, y se reconoce a las policías comunitarias. Igualmente, se les garantiza el acceso al uso y disfrute colectivo de sus tierras, territorios y recursos naturales “sin que puedan ser objeto de despojo alguno o de explotación mediante entidades públicas o privadas ajenas a los mismos sin la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad…” (artículo 11-IV).
De esta manera, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero quedó como una de las más avanzadas del país en cuestión indígena y en relación a los afromexicanos, que solamente aparecen en ésta y en la de Oaxaca.
Hasta aquí todo va bien, sin embargo, los diputados locales todavía no han tenido tiempo de adecuar las leyes a la nueva Constitución. Según el artículo tercero transitorio, tenían dos años para hacer concordar la legislación con las nuevas disposiciones constitucionales, pero hasta la fecha no han concretado nada. Lo único que hicieron fue aprobarse un plazo de un año más cuando se venció el que tenían. Ese plazo vence el próximo 15 de marzo.
En vista de que el Congreso no ha hecho su trabajo –algunos diputados presentaron iniciativas, pero no ha pasado de ahí–, varias organizaciones indígenas y afromexicanas guerrerenses se están coordinando para trabajar una propuesta relativa a los artículos que les conciernen.
Comenzaron a reunirse para defender la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, pues se temía que vencido el plazo para la promulgación de una nueva ley sobre el tema, ésta perdiera validez . La Ley 701 contiene ya muchos de los derechos estipulados en los nuevos artículos constitucionales, sin embargo, no contempla a los afromexicanos y, en relación a las policías comunitarias, solamente reconoce a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).
Entre los temas que están discutiendo las organizaciones se encuentra el de la remunicipalización, enfocada en crear algunos nuevos municipios indígenas o de población afromexicana; el reconocimiento a las policías comunitarias en general (no solamente a la CRAC-PC) y la elección de autoridades municipales por el sistema de usos y costumbres. Esto último ya se logró en Ayutla de los Libres, después de un largo proceso legal que inició la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), pero se pretende que quede estipulado en la nueva ley para todos los municipios indígenas y afromexicanos.
También se está trabajando en el tema de la reglamentación de la consulta previa, libre e informada. De entrada, se pretende realizar un proceso de consulta en las comunidades para armar la propuesta de ley indígena, pero ha sido difícil encontrar una forma de hacerla, pues no existe una metodología aplicable, precisamente porque no hay todavía una reglamentación sobre la elaboración de las consultas.
El asunto es complicado, pero lo importante es que las diversas organizaciones se están reuniendo nuevamente con un objetivo en común a pesar de tener diferencias entre ellas. Y de esas reuniones pueden salir tal vez otros intereses compartidos que permitan que se unifique nuevamente el movimiento indígena de Guerrero, incluyendo a los afromexicanos, como lo estuvo hace muchos años en el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular.
Como sea, urge que se reglamenten los nuevos artículos constitucionales relacionados con los pueblos indígenas y afromexicanos, pues de poco sirve una Constitución de vanguardia sin leyes reglamentarias. Pero por lo visto, como sucede con la seguridad y con otros aspectos de la vida cotidiana, tendrán que ser los pueblos los que asuman el trabajo que no realizan las instancias estatales correspondientes.