La situación de violencia e inseguridad en Guerrero está alcanzando niveles de mucha gravedad. En las primeras semanas del nuevo gobierno la violencia parece estarse recrudeciendo drásticamente y en estos últimos días asesinatos y atentados han ocupado diariamente los encabezados de los diarios. La inseguridad y la violencia en el estado ya tiene tiempo que fustigan cotidianamente a la población que cada vez está más temerosa de su integridad física. Pero la clara intensificación de este clima terrible de actos delictivos que ha ocurrido en los últimos días resulta sumamente preocupante y delicada.
Además de la multiplicación de los hechos de violencia, también están las amenazas y extorsiones en contra de escuelas, que se ven obligadas a suspender actividades, con el consiguiente perjuicio para la educación. También resultan sintomáticas las demandas de comisarios de diversas localidades que piden auxilio a los gobiernos federal y estatal y al Congreso del estado para que les envíen seguridad a sus comunidades, como fue el caso recientemente de comunidades de la zona serrana del municipio de Eduardo Neri.
La situación de muchos alcaldes es también muy complicada, ya que ellos tienen el contacto más directo con los problemas de la ciudadanía y por ende están más expuestos a las amenazas del crimen organizado. En efecto, los grupos ilegales tienen como un primer contacto en el territorio a los gobiernos municipales y sus aparatos de seguridad, por lo que resulta cada vez más difícil el ejercicio del gobierno en este nivel. En algunos casos los presidentes han expresado su demanda de apoyo y ayuda de manera desesperada ante las amenazas y extorsiones a los que están sujetos por parte del crimen organizado. Tal es el caso del presidente municipal de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, en la Tierra Caliente, quien en una medida extrema, ha puesto su cargo a disposición de la dirigencia nacional del PRD, en una actitud que expresa su negativa a pactar con los criminales y ante una situación en la que a pesar de haber solicitado por propia vía y a través del coordinador de los alcaldes perredistas una audiencia con el gobernador Hector Astudillo, no ha tenido respuesta.
Ante esta posición del alcalde calentano, la dirección nacional del PRD, a través de su secretaria general Beatriz Mojica, ha reiterado su exigencia de garantías a la ciudadanía guerrerense, y especialmente a los alcaldes para que puedan ejercer sus responsabilidades libremente. El PRD denunció que en efecto, son varios los alcaldes perredistas que están sufriendo amenazas por parte del crimen organizado.
Ante lo delicado de la situación y la tendencia a hacerse más grave, cabe preguntar cuáles son las razones de esta agudización de la problemática de inseguridad y sobre todo, cómo vislumbrar alternativas para enfrentarla exitosamente. Sin duda la aplicación de la estrategia de mando único es una buena alternativa que permite apoyar a los alcaldes y no dejar a sus cuerpos de seguridad tan a merced de los delincuentes. Es necesario reforzar esta medida y generalizar su instrumentación a todo el estado. Igualmente resulta importante el reforzamiento de la presencia de diversos cuerpos policiacos del gobierno federal que incremente la cantidad de efectivos en el estado.
Sin embargo, parecería que esas medidas que están en proceso de aplicarse y fortalecerse, no están siendo suficientes. Tal vez hacen falta medidas más audaces y en ese sentido sería bueno revisar nuevamente la experiencia de las policías comunitarias y los grupos de autodefensa, que han mostrado en ciertas regiones éxitos importantes, pero que también han evidenciado problemas serios. Desgraciadamente, la posible alternativa de armar al pueblo y generalizar la operación de este tipo de organismos, buscando enfrentar los problemas que han presentado, no parece ser para el gobierno de Astudillo una alternativa que se esté considerando. Pero habrá que buscar nuevas medidas que den alguna esperanza a la ciudadanía de un camino de solución a este complejo problema.