EL-SUR

Miércoles 26 de Enero de 2022

Guerrero, México

Opinión

Que se aclaren las inconsistencias de la “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa

Carlos Toledo Manzur

Abril 29, 2016

Sin duda los acontecimientos trágicos de Iguala en septiembre de 2014 marcaron fuertemente el curso de la vida política y social de Guerrero y del país. A más de dos años de ocurridos aún no se cierran las heridas y lo más grave de todo es que aún no se conoce a ciencia cierta qué fue lo que realmente ocurrió. La famosa “verdad histórica” presentada por el entonces procurador Murillo Karam fue puesta en duda por los padres de los muchachos desaparecidos prácticamente de inmediato despues haber sido hecha pública, y su veracidad ha permanecido en entredicho todos estos meses. Los trabajos del GIEI sembraron todavía más dudas sobre la veracidad de la versión oficial a tal grado que han sido víctimas del hostigamiento y acoso por parte de las autoridades mexicanas y ahora termina su periodo de estancia e investigación sin que tengamos una versión completamente redonda y coherente de lo sucedido.
Lo cierto es que las investigaciones del GIEI dejaron un conjunto de resultados que apuntan a contradecir fuertemente la versión que el presidente Peña Nieto a través de su procurador presentó al país. Los resultados de las investigaciones independientes, especialmente el último informe, señalan aspectos que se contradicen con lo que se afirma por parte de las autoridades del más alto nivel del país. Temas como el quinto camión, la imposibilidad de la cremación en el basurero de Cocula, o la evidencia de que existió conocimiento y coordinación de los tres niveles de gobierno durante el curso de los trágicos acontecimientos, plantean de manera muy consistente que la reconstrucción de los hechos presentada por las autoridades podría ser completamente falsa y estar en realidad encubriendo situaciones de complicidad terriblemente graves con los hechos y delitos ocurridos en Iguala.
A estas alturas el asunto no es para nada menor. Si se comprueba fehacientemente que la “verdad histórica” es más bien un invento de las autoridades, las consecuencias pueden ser mayúsculas. El procurador y el mismo Presidente estarían en una gravísima situación pues el hecho de haber presentado una versión falsa de acontecimientos tan delicados, de manera intencional, los hace responsables de delitos graves como el encubrimiento de asesinatos y desapariciones, lo que tiene fuertes implicaciones legales.
El asunto es que a pesar de que los resultados de las investigaciones independientes arrojan información y evidencias que hacen poner en duda la versión oficial, parece ser que no son aún lo suficientemente contundentes, aunque hayan sido dadas a conocer en nuestro país y hayan sido publicadas en medios tan importantes e influyentes como el New York Times. Es en esta falta de completa contundencia en la que se están sosteniendo las autoridades para seguir insistiendo en su versión, y tratar de “nadar de muertito” buscando que el asunto se enfríe y termine como tantos otros casos de crímenes de estado, que acaban archivados y sin solución.
Por eso resulta tan importante la solicitud que se ha hecho de que los señalamientos de contradicciones y nuevas evidencias que ha presentado el GIEI en sus informes, sean puntualmente aclaradas y explicadas por las autoridades de tal manera que no queden como cabos sueltos y se quite la idea de que son argumentos en contra de las explicaciones que nos han dado.
Sería muy lamentable que las autoridades se negaran a dar estas explicaciones y simplemente las cosas se quedaran así, con el gobierno sin prorrogar la estancia de los expertos internacionales, para que no les hagan “más olas” y los ciudadanos con el mal sabor de boca de saber que las más altas autoridades del país nos mienten, que podrían estar encubriendo estos horribles crímenes, y que la justicia como en tantos otros casos, sencillamente no funciona ni funcionará y los verdaderos responsables de estos tristes acontecimientos sigan como si nada hubiera pasado.