Le pregunte a un citadino mayor de edad, de oficio mecánico, si sabía cuándo se acabaría el clima de violencia e inseguridad que comenzaba en Acapulco. Y me contestó:
–Nunca. O tradará mucho.
–¿Pero por qué, señor?
–Porque son los mismos.
–¿Quiénes –insistí.
–Los mafiosos y los gobernantes. Empezando desde la cabeza, desde la Presidencia de la República.
Lo dijo con toda seguridad, pero yo dudé
Recién se había dado la balacera en la Garita, en Acapulco, un viernes de enero de 2006. Las imágenes en los noticiarios de heridos, fallecidos y autos incendiándose en las avenidas Cuauh-témoc y Farallón, eran escalofriantes. Pero también lo fueron las noticias difundidas semanas después de que habían dejado cabezas humanas frente a una oficina de gobierno vecina del lugar de aquella balacera.
Uno año después tuve una entrevista con un estudiante que trabajaba en una corporación policiaca y que había sido destacado a un estado fronterizo. Le comenté de los hechos en la Garita. Y vaticinó: “En Guerrero y en Acapulco aún no se ha visto todo sobre el tema de la inseguridad con respecto a lo que se da en algunos estados del norte del país”. En efecto, después de los sucesos de la Garita, la violencia comenzó en espiral, y la vida no volvió a ser la misma. Y no tuvimos más remedio que arrugar la piel, atrincherarnos (confinarnos) en la casa e implorar misericordia.
Pero una lucecita de esperanza llegó a principios de 2014, cuando comunidades de algunos municipios de la Costa Chica comenzaron a integrar grupos llamados de autodefensa comunitaria para enfrentar a los delincuentes y reestablecer la seguridad en sus comunidades. Se estaban organizando en paralelo a otros grupos que ya existían como la CRAC (Consejo Regional de Autoridades Comunitarias), reconocida desde 1997. Pero con el tiempo varios de estos grupos pronto degeneraron y fueron copados por los intereses del gobierno, de sectores empresariales ligados al extractivismo del oro y de los propios grupos delictivos. Proliferaron grupos autodenominados de defensa comunitaria con diversas denominaciones con férreos controles regionales. En los años subsiguientes el habitante común ya no sabía de quién cuidarse, incluidas las corporaciones policiacas de cualquier orden. Parecía que todo estaba mezclado. Tristemente para entonces ya nos habíamos acostumbrado a sobrevivir en medio de un sistema necropolítico.
Pero también con el tiempo las ideas comenzaron a aclararse y es de entender concluyentemente que este sistema de violencia e inseguridad nunca ha sido un sistema aislado sino que es parte integral de uno más amplio de acumulación de riqueza y poder por medios declaradamente sanguinarios. A fines del 2014 el analista Raúl Zibechi publicó un artículo titulado “No hay diferencia entre narco, burguesía y élites” (https://bit.ly/2zYR6Pc) en el que sostiene que debe de “[dejar] de hablar de narco (narcotráfico o tráfico de drogas) como si fuera un negocio distinto a otros que realizan las clases dominantes” porque lo que existe es una “alianza entre la élite económica y el poder militar-estatal para aplastar las resistencias populares. Lo que llamamos narco es parte de la élite y, como ella, no puede sino tener lazos estrechos con los Estados” y sus gobiernos. Y da razones para no considerar a los narcos como algo diferente de la burguesía y del Estado. Así, por ejemplo, señala que está más que evidenciado cómo el Estado y las clases dominantes utilizan a delincuentes y narcotraficantes para “atacar sistemáticamente a líderes sindicales, profesores, periodistas, defensores de los derechos humanos y políticos de izquierda”, como es el caso de Colombia, Brasil y México, por citar solo algunos.
Asimismo, establece que es de comprender “que el negocio de las drogas forma parte de la acumulación (de capital) por desposesión, tanto en su forma como en su contenido. (Y que) funciona como una empresa capitalista, como una actividad económica racional…”. También Zibechi considera que “el negocio de las drogas está en sintonía con la financiarización de la economía global, con la cual confluye a través de los circuitos bancarios donde se lavan sus activos”. En efecto, tesis parecidas, con sus matices, las sustentan otros analistas como Pablo González Casanova y especialistas del tema como Edgardo Buscaglia y la periodista Anabel Hernández.
Con estos argumentos es de concluir que el señor de oficio mecánico, a quien pregunté afligidamente sobre el final de la historia de la inseguridad por la presencia de grupos de la delincuencia organizada en Acapulco, tenía razón: que los delincuentes estaban bien representados en la cúspide del poder nacional, en las de primer orden, como ahora se sabe lo estaba Genaro García Luna durante el gobierno de Felipe Calderón, por lo que ya se hablaba de un narco Estado, que no un Estado fallido. Que en días recientes lo haya así reconocido el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cobra una dimensión de extrema gravedad por todo el derramamiento de sangre en que se ha bañado al país.
Qué bueno que el pueblo sabio votó en julio de 2018 por destituir del poder presidencial a esa élite de políticos siniestros; y qué bueno también que el gobierno de la 4T no cese en el empeño de impedir que esa casta de malhechores vuelva a levantar cabeza, empeño al que debemos sumar esfuerzos. También es apremiante continuar desmantelando, desde otra política, la narcoeconomía que, sin duda, también se tejió a lo largo del periodo del neoliberalismo como un monstruo de mil cabezas y de largos tentáculos que mantiene al país y a Guerreero en el vilo de la crisis.