Margarita Warnholtz
Enero 06, 2017
Por todo el país hay protestas por el alza de la gasolina, el gas y la energía eléctrica. Las manifestaciones y los bloqueos de carreteras han sido noticia toda esta semana, así como los saqueos y actos vandálicos con protagonistas de dudosa procedencia.
Mientras tanto, en la localidad de Cruz Grande, en la Costa Chica de Guerrero, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Movimiento por el Desarrollo y la Paz Social (UPOEG), celebró ayer y antier (4 y 5 de enero) el cuarto aniversario de la creación de su Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSyJC).
Al evento acudieron poco más de 400 personas el primer día y alrededor de 800 el segundo, entre ellos los promotores de la organización, autoridades y delegados de decenas de comunidades, policías ciudadanos y diversos simpatizantes.
Reflexionaron en conjunto sobre el pasado, el presente y el futuro de la organización y discutieron en mesas de trabajo tres temas específicos: el derecho a la consulta y la representación popular (elecciones por sistema normativo propio o por usos y costumbres), la defensa de los derechos de los pueblos originarios y el cuarto orden de gobierno comunitario (consejo de autoridades civiles y agrarias).
También se tocó el problema del alza de la gasolina, el gas y la energía eléctrica. Bruno Placido, líder de la UPOEG, afirmó en su discurso inicial que la gente sale a protestar ahora que está encima el problema, pero que esta organización desde sus inicios está tratando esos asuntos. Y es cierto, la UPOEG comenzó desde 2011 la lucha contra los cobros excesivos de la CFE y continúa con ella de manera pacífica y coordinada hasta la fecha; y seguramente enfrentarán ahora el alza de la gasolina de la misma forma.
Plácido habló también de la necesidad de construir un gobierno diferente, “donde los pueblos y los ciudadanos decidan”, como sucede con el sistema de usos y costumbres, que constituye una verdadera democracia participativa.
En la reunión se mencionó también que la UPOEG preferiría dedicarse más a propiciar el desarrollo de las comunidades, a la gestión de recursos para proyectos que beneficien a los pueblos y a la organización comunitaria, que al problema de la inseguridad. Sin embargo, no pueden abandonar este último porque sigue siendo una necesidad de la población, ya que las autoridades gubernamentales no lo resuelven.
Lo anterior lo constaté hace unos días. Pasando por la zona turística de Barra Vieja (municipio de Acapulco), me encontré con un retén del SSyJC de la UPOEG y después con una camioneta de ellos mismos patrullando por la calle principal. Traía un cartel que decía “operativo vacacional” y daba la bienvenida a los turistas. Cuando pregunté, me explicaron que los dueños de restaurantes y comercios del lugar les solicitaron apoyo para la temporada de vacaciones, pues había un grupo del crimen organizado extorsionándolos a ellos y asaltando a los visitantes. Temían incluso que secuestraran a algunos turistas.
Entonces, el SSyJC, que nunca había tenido presencia en ese lugar, se dedicó este fin de año a vigilar la zona y ahuyentó a la delincuencia. Gracias a ellos, todos los que visitamos Barra Vieja en estos días pudimos estar tranquilos. Me pregunto: ¿dónde estaban la policía municipal, la estatal y la federal? ¿Será que sólo alcanzaron a vigilar Punta Diamante? ¿De qué sirven los retenes del Ejército y los patrullajes de la Marina?
Ahora son los policías ciudadanos, que trabajan de manera voluntaria y pagan la gasolina que utilizan (con todo y aumento), quienes cuidan a los turistas.