Reiterar el dominio de la nación sobre el litio quizá responda a la presurosa necesidad de establecer un legado. Si Cárdenas nos legó el petróleo y López Mateos la electricidad, López Obrador pretende legarnos, así sea simbólicamente, el litio –aunque el párrafo cuarto del artículo 27 de la Constitución ya garantice inequívocamente el dominio nacional sobre éste y otros minerales. El presidente ha planteado hacerlo en la Ley Minera, que requiere profundísimas reformas más allá de escenificar dicho legado.
La Ley Minera es laxa para los empresarios y desventajosa para la gente. Buena parte de la riqueza creciente de Slim, Larrea, Salinas Pliego y Baillères (DEP), por ejemplo, proviene de la minería socialmente irresponsable protegida por esta ley. Entre otras cosas, en ella, la minería se considera como una actividad prioritaria, “de utilidad pública”, preponderante, favoreciendo el despojo de tierras que las comunidades preferirían destinar a otros usos, como el cultivo o la recarga de acuíferos. Asimismo, se permiten modelos de explotación muy rentables pero dañinos para el medio ambiente, como la minería a cielo abierto; se fomenta la especulación, pues las concesiones tienen una vigencia muy prolongada (de 25 a 50 años, prorrogables por 50 más) y los permisos de exploración pueden ser utilizados para explotar, sin contar que a las minas no se les cobra el agua y la contaminan sin sanciones ni control o que pueden explorar y explotar en áreas naturales protegidas.
El despojo, cabe anotar, no se realiza siempre por medios legales. Según el punto 21 del reciente Informe del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, las desapariciones en comunidades indígenas “ocurren principalmente en el contexto de conflictos sociales y territoriales vinculados con el desarrollo de megaproyectos de índole minera o energética o tras el despojo o acaparamiento de tierras para explotación económica por parte de grupos del crimen organizado”. Salvando el hecho de que crimen organizado y mineras son a veces lo mismo o hacen simbiosis, hay una diferencia entre megaproyectos energéticos y mineros que vale la pena subrayar y en lo que habría que igualarlos: en la ley de hidrocarburos y en la ley de la industria eléctrica, se incluye un capítulo sobre el impacto social y, en él, la obligación de presentar evaluaciones de impacto social y hacer consultas a las comunidades afectadas, lo que no existe y debe incorporarse en la Ley Minera.
En resumen y más allá del litio: los oligarcas nacionales y las mineras extranjeras se enriquecen de la minería pagando pocos impuestos, hay grupos armados que se financian de ella y pueblos sistemáticamente despojados por ella. Un gobierno de izquierda, preocupado por los desposeídos, los desaparecidos, la violencia depredadora de los territorios, consideraría, en una reforma a la Ley Minera, no solo posar el legado del litio, sino eliminar el carácter de utilidad pública de la minería, revisar, limitar y revocar concesiones, establecer evaluaciones de impacto social y consultas previas a las comunidades, prohibir la minería a cielo abierto y la explotación en áreas naturales protegidas –en fin, poner la vida por encima del dinero, solo para empezar.