Algunas fuentes hablan de tres, otras de cuatro y otras hasta de cinco muertos en Arantepacua, municipio de Nahautzen, Michoacán, a manos de la policía estatal. Además hay 38 comuneros detenidos, detenciones por las cuales protestaba la comunidad cuando fue reprimida.
No importa si fueron uno, tres o cinco los asesinados (son muertos y es grave y doloroso), da igual cuáles fueron o son las causas del conflicto, el hecho es que nuevamente un gobierno estatal reprime y asesina ciudadanos indígenas. Como si no hubiera ya suficiente violencia en el país, como si no hubiera miles de delincuentes que detener, como si la policía no tuviera nada qué hacer más que reprimir manifestaciones o protestas. Claro, es más fácil eso que enfrentarse a la delincuencia.
Cientos de elementos policiacos armados, que deberían estar combatiendo al crimen organizado que prolifera en Michoacán, son enviados a disparar a los habitantes de un pueblo en el que más del 80 por ciento de la población vive en la pobreza, que están luchando por defender sus tierras, en el marco de un conflicto agrario entre las comunidades de Arantepecua y Capacuaro, que llevan años peleándose alrededor de 500 hectáreas, sin que las autoridades correspondientes asuman su responsabilidad de mediar en la disputa o resolverla.
Hace unas semanas, en otro acto represivo, fueron detenidos 13 comuneros de Caltzontzin (municipio de Uruapan) también por defender parte de sus tierras, que les fueron entregadas después de que el surgimiento del volcán Paricutín, en 1943, los obligara a abandonar su territorio; y ahora las autoridades municipales pretenden arrebatárselas.
El uso de la fuerza policiaca excesiva contra los más vulnerables se está volviendo costumbre en Michoacán y en todo el país, mientras que la inseguridad va en aumento, mientras que el narcotráfico hace lo que se le da la gana impunemente, pero eso sí, Mireles continúa preso.
No tan grave como la represión y los asesinatos, pero sí muy significativa es la desaparición, en el mismo estado de Michoacán, de la Secretaría de Asuntos Indígenas. De un plumazo, el gobernador Silvano Aureoles decidió acabar con esta instancia de gobierno dedicada a atender a los pueblos originarios, que constituyen casi el 15% de los michoacanos. La extinción de dicha secretaría no muestra más que el desinterés de la actual administración por este sector de la población. Parece ser que es más sencillo y rentable reprimirlos que ocuparse de su problemática.