Raymundo Riva Palacio
Abril 21, 2020
ESTRICTAMENTE PERSONAL
La puesta en escena que se instala diariamente en Palacio Nacional comenzó ayer con 22 minutos de retraso. Mucho tiempo de espera sin explicación, hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la reunión del gabinete de seguridad, que comienza a las seis de la mañana, se había extendido. Había razones para ello, pues el domingo fue el día más violento del año y pese a la cuarentena, hubo 105 homicidios dolosos. Adicionalmente, como se abordó en la misma reunión, la creciente ocupación de espacios para gestión social del crimen organizado, que está dejando en entredicho al gobierno.
López Obrador dio acuse de recibo. “Ni siquiera porque existe esta situación del coronavirus se han calmado”, dijo. “Entonces no vengan ahora a decir estamos entregando despensas. No. Mejor bájenle y piensen en sus familias”. No le gusta que el crimen organizado haga la gestoría social que no ha podido hacer su gobierno, ahora porque no se puede, pero antes por incompetencia. Parafraseándolo, “sí calienta” que el trabajo social-político-clientelar que se controla desde una oficina junto a su despacho, no haya podido cuajar en casi 15 meses de gobierno, y los narcotraficantes se organizaron para apoyar a la gente en cuestión de días.
La carta blanca que le extendió el presidente López Obrador a los criminales, quiere ahora cancelarla porque, como podría decir en uno de sus tantos coloquialismos, “le están pedaleando su bicicleta”. Si sus programas sociales, lo sabe bien, redundan política y clientelarmente, sus aliados –porque no hay órdenes para combatirlos– en el sector criminal están sacando raja de la coyuntura. Pero el mismo presidente ha dado pie a que esto suceda y que los criminales lean de esa forma el blindaje político que les ha dado.
La última muestra de ello es el intento para que se legisle su Ley de Amnistía, que tendría un mínimo de impacto para el propósito noble que dice tener –disminuir las posibilidades de contagio dentro de las cárceles–, al estar diseñada sólo para delitos del orden federal (8 por ciento del total de los delitos), que incluye la condonación de penas por delitos relacionados con la salud. El presidente les ofreció sacar a sus mayores de las cárceles, por encima de pedir al Senado que aprobara una ley –que sólo requiere modificar un artículo–, para garantizar la protección del personal médico que está luchando contra el coronavirus.
Con esta forma de priorizar los temas, el presidente muestra que realmente lo que le preocupa es su agenda –la Ley de Amnistía fue una oferta de campaña–, no cuidar la salud de los mexicanos, que incluyen a los internos en las cárceles. Proteger a la primera línea de combate contra el coronavirus, más allá de las palabras que salen de su gobierno, no está en lo alto de su agenda porque no es una promesa de campaña ni hacerlo le representará votos. López Obrador, en este sentido, ha criticado a los que en esta coyuntura quieren sacar raja política, pero una vez más, no deja de ser un discurso tramposo ante la disyuntiva entre qué ley sacar, la de amnistía o la protección al personal médico.
El presidente sigue con su retórica desgastada y lastimosa. En su llamado al crimen organizado para que no repartan despensas, les pidió “tenerle amor a la vida” y a “cuidar la vida de los demás”. Por definición, los criminales están en las antípodas de su deseo y su comportamiento es exactamente al contrario de lo que pide. Si él brinda su amor a Joaquín El Chapo Guzmán, se compadece de él, e instruye a cuatro secretarios de Estado a que busquen repatriarlo, los criminales le agradecen –como la orden del ex líder del Cártel de Sinaloa para cuidarlo cuando vaya a su tierra– y al mismo tiempo, deben burlarse de él, por la forma cristiana, ingenua, o quizás agradecida, por la manera como los trata.
Los vacíos de poder que ha dejado el gobierno de López Obrador, muy similares a los que cavó el gobierno de Enrique Peña Nieto en los primeros 18 meses de su administración, los ha ocupado alegremente el narcotráfico, que se ha dado tiempo para que en paralelo a su guerra intestina, repartan despensas en varios estados del país, a la vista de todos, sin ser molestados por ninguna fuerza federal, enfatizando que están ayudando a los sectores más vulnerables en esta emergencia de pandemia, porque los apoyos sociales del gobierno no llegan.
Se han convertido en una extensión inopinada de la Secretaría de Bienestar, aunque con un mejor trabajo en organización y eficiencia. Esto ya no le gustó a López Obrador, pero no lo puede evitar. La denuncia pública sólo se ha dado cuando ocupan el espacio que creía tener controlado para sí, pero no ha hecho lo mismo en el llamado a la acción cuando los cárteles de la droga amenazaron a directores de hospitales y a sus familias que si no les daban insumos médicos y equipos para atender el coronavirus, los asesinaban.
La inacción de López Obrador contra el crimen organizado, porque sus acciones de predicador tampoco representan ningún desafío para el narcotráfico, les ha dado oportunidad para que, en medio de la crisis sanitaria, recuperen o conquisten nuevos territorios. Esto se ha visto con mayor claridad en Tamaulipas, donde hay indicios de que al publicitar la entrega de despensas, el Cártel del Golfo buscó reposicionarse en zonas controladas por sus rivales. La guerra no cesa y la violencia, de hecho, va al alza en este gobierno.
La novedad es que el narcotráfico le entró a disputar a López Obrador clientelas, sociales en el primer caso, electorales en el segundo. Pero, sin entrar en los matices, eso al presidente sí le calentó.
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