Están por cumplirse ocho años de mentiras y revelaciones del crimen de Iguala contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Cuando AMLO salga del poder habrá sido un decenio. En ese marco se ha presentado el Informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad del caso, es decir, el Informe coordinado por Alejandro Encinas. A raíz de dicho informe, ha caído Jesús Murillo Karam acusado de desaparición forzada, obstrucción de la justicia y tortura. Sumo a sus omisiones aquella que ha sido narrada por René Bejarano: Murillo Karam supo, por Bejarano mismo, del homicidio de un dirigente social a manos de José Luis Abarca, el ex presidente municipal de Iguala. No hizo nada.
La investigación conducida por Alejandro Encinas podría convertirse en el principal acierto del gobierno de AMLO, pero falta un largo trecho para que eso suceda. Se ha conseguido vincular elementos del acontecimiento que permanecían aislados en diversos relatos y puede ser un parteaguas si se persigue, efectivamente, como un crimen de Estado, sin importar el poder de la unión en que trabajen los perpetradores, el orden de gobierno, o el partido político al que se vinculen de hecho. La verdad hallada no ha sido glosada en toda su potencia por los medios de comunicación. Por un lado, porque ha faltado tiempo para hacerlo (seguramente hoy, ya que las redacciones han tenido tiempo de leer el informe íntegramente, se habla más de los muchachos que permanecieron con vida y fueron asesinados días después de que la noticia de la desaparición llenara todos los espacios informativos); por otro lado, porque el cuidado de datos personales para no afectar la presunción de inocencia ni invalidar pruebas en un proceso de procuración de justicia ha provocado que los nombres de los implicados se mantengan, en varios casos, reservados. Los nombres –el verdadero elemento explosivo de esta investigación– acaso se sabrán conforme avancen las diligencias de la Fiscalía.
La investigación sobre el crimen de Iguala no se convertirá en hito si no se hace un macroproceso judicial con todas las garantías de que no habrá intocables. En el proceso deberían deslindarse también las responsabilidades del almirante secretario Rafael Ojeda Durán, quien no sólo era comandante de la zona naval de Acapulco sino que tuvo a su cargo elementos que participaron en la alteración de escenas del caso; de Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum, del llamado Caminante, identificado como Marcos Esteban Juárez Escalera, funcionario (ya finado) de reinserción social del gobierno de Jaime Bonilla y a quien defendiera en su tiempo Amador Rodríguez, secretario de gobierno de Bonilla y anunciado como funcionario del gobierno de Claudia Sheinbaum. El macroproceso debería ser publicitado en todos los medios de comunicación y servir de base para enfrentar otros casos de desaparición o crímenes de Estado, como el de Allende, en Coahuila. Lo más probable es que no suceda.
La misión de Encinas no ha sido sencilla. Ha tenido que enfrentar con pocos recursos uno de los mayores problemas de la vida pública contemporánea de México: la desaparición de personas. Lo que resta, desgraciadamente, no está a su cargo, sino de una Fiscalía autónoma de ética dudosa, del poder judicial de siempre, y de un gobierno que suele sacrificar causas en los altares de la gobernabilidad y el rédito electoral.