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El fracaso de las encuestas previas a la elección del pasado 6 de febrero es un fenómeno inusual que llama la atención, sobre todo si se contrasta con las experiencias de prácticamente todos los demás procesos electorales que se llevaron a cabo en nuestro país en este año y el anterior. En esos casos, los pronósticos de las empresas serias fueron muy                                   precisos o, en el peor de los casos, dentro de los márgenes de error previstos por su metodología. ¿Se equivocaron las encuestas?

La pregunta, en boca de muchos, se acompaña con un aire de suspicacia maliciosa, de sospecha sarcástica, provocado principalmente por dos elementos adicionales: uno, la estrategia descrita en Faro 2005, documento de presunta autoria priísta; y dos, el desafortunado manejo que el CEE le dio al registro y autorización de las empresas encuestadoras.

A una semana del final de la elección, es posible detenerse y mirar hacia atrás, para tratar de analizar con mejor perspectiva los datos duros y el comportamiento de los responsables y protagonistas de las encuestas difundidas a lo largo de todo el proceso de la elección del próximo gobernador. ¿Se equivocaron las encuestas, o fueron errores voluntarios, cometidos con objetivos velados? La malicia, la sospecha y la suspicacia tienen argumentos sólidos, sin duda.

La referencia latinoamericana más célebre, sin duda, en la historia reciente de errores de pronóstico electoral, sucedió en las elecciones presidenciales nicaragüenses de 1990, entre el líder revolucionario Daniel Ortega y la viuda Violeta Chamorro. Un par de días antes de la jornada, las empresas le daban al primero una amplia ventaja; no había dudas, Ortega ganaría llegaría a la presidencia de su país. La victoria clara de Chamorro sorprendió a todos.

Miguel Bolaños Garay, analista político de El Nuevo Diario de Nicaragua, afirma que si las encuestas de 1990 se equivocaron fue por las circunstancias particulares de la época, cuando el temor a expresar una opinión campeaba en ese país, aunque fuera en una simple encuesta. Por su parte, Marcos Membreño Idiáquez, colega y paisano de aquel, hace una pregunta interesante: “¿Se equivocaron las encuestas o se confundió a los votantes?” Y aventura dos respuestas: “O las encuestas se equivocaron, lo que indicaría que no son fiables ante un electorado como el nica o que quienes encuestaban tenían intenciones políticas que les impidieron alcanzar la verdad; o las encuestas no se equivocaron, pero entre las fechas entre las que cerraron sus sondeos y el día de las elecciones ocurrieron cosas que causaron tal impacto en los votantes que les llevaron a cambiar sus decisiones y opiniones”.

Pero la referencia es lejana, por la evidente distancia temporal, social y política que existe entre Nicaragua y Guerrero. Hay, sin embargo, dos ingredientes similares: uno, la sospecha de un intento de manipular al electorado a través de la difusión de tendencias maquilladas, artificiales; y dos, la razonable discreción con que probablemente muchos de los encuestados guerrerenses respondieron la pregunta sobre el sentido de su voto, por miedo, prudencia, costumbre o suspicacia.

Lo cierto es que, fiándonos en los resultados de las encuestas realizadas, las tendencias se movieron desde la cómoda ventaja zeferinista de 18 puntos antes del arranque de la campaña, pasando por el presunto empate técnico de la víspera de la elección, hasta los 13 o 14 puntos de diferencia de los resultados oficiales. Aquella ventaja inicial, considerando la intensa y eficiente campaña priísta, apenas cedió 5 puntos. Nunca existió, podría decirse con malicia, ese supuesto empate técnico. Fue un engaño intencional en el que cayeron incluso los propios zeferinistas, nerviosos sin duda al final de la campaña.

Aunque la función de las encuestas de opinión pública es la de servir de insumo para la toma de decisiones de gobierno y electorales, también es cierto que a menudo han devenido en instrumentos de propaganda y de información, para tratar de crear climas de opinión favorables a un candidato. La base de estos usos podemos hallarla en la regla de la propaganda de la unanimidad y el contagio, según la cual las personas tienden a formar sus opiniones viendo en el medio ambiente cuál es la opinión dominante y adaptándose a ella para no aislarse.

Las encuestas de opinión pública pueden ser, sin duda, un mecanismo eficiente para influir sobre la opinión electoral. Los mecanismos son variados: falsificar los resultados de una encuesta, esto es, reportar resultados distintos a los obtenidos; inventar encuestas, atribuyéndolas a empresas, con el riesgo del desmentido, más frecuentemente, reportando resultados de firmas desconocidas; distorsionando elementos de la encuesta, por ejemplo, extrapolando los resultados obtenidos.

La razón fundamental de que se publiquen tantas encuestas en los procesos electorales de nuestros días, consiste en el deseo de candidatos y partidos de influir en el comportamiento de los electores, a partir de dos principios básicos, definidos por los mercadólogos estadounidenses Myerson y Weber desde 1993: la publicación perjudica al candidato que marcha en segundo lugar, efecto conocido en inglés como bandwagon effect; y, la publicación tiende a perjudicar al candidato que marcha a la cabeza de los sondeos, conocido como underdog effect.

Los cuestionamientos sobre los métodos de estos estudios comenzaron desde hace más de 50 años. Uno de los más relevantes critica que las encuestas no miden el grado de importancia que tienen las opiniones de grupos e individualidades realmente importantes desde el punto de vista político, sino que pueden con frecuencia reflejar opiniones efímeras, no bien asentadas o respuestas para salir del paso, o que la opinión expresada puede ser irresponsable, en el sentido de que la persona que la sostiene no espera que se tome una decisión o participar en las consecuencias de una acción.

Por otra parte, el mismo hecho de que las decisiones políticas y electorales sean tomadas sobre la base de una atención desmedida a las encuestas, provoca que prevalezcan liderazgos espasmódicos, más pendientes de cómo afectan sus decisiones sus índices de popularidad, que de tomar decisiones con base en un programa más profundo y articulado.

Otros estudiosos han señalado efectos negativos adicionales de las encuestas: por ejemplo, el fomento del populismo y la sustitución del diálogo público sustituido por el control sondeocrático. La popularidad creciente de las encuestas de opinión pública, dicen, está unida, de manera inquietante, a la pérdida progresiva de los canales naturales de comunicación y al aumento de las dificultades para que los ciudadanos tengan acceso y participación en los medios de comunicación social.

Lo cierto es que el caso reciente de Guerrero, sea que las encuestas hayan sido manipuladas o que los ciudadanos hayan mentido en sus respuestas, debe ayudarnos a entender mejor los alcances y efectos de este tipo de estudios, para exigir desde la sociedad que su manejo sea mucho más ético y profesional. Nadie escatima su valor, su eficiencia. Siempre y cuando sean consideradas como herramientas útiles y no reemplazo de los canales directos de comunicación y retroalimentación entre el poder y la sociedad.

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