El reciente ataque de porros a alumnos de la UNAM que protestaban contra la situación del Colegio de Ciencias y Humanidades en uno de sus planteles ha movilizado a buena parte de universitarios en demanda de seguridad y verdad. El problema que revela la coyuntura es de gran calado. La Universidad no es gobernable y hace falta inventarle una nueva gobernabilidad, una para lo que resta del siglo XXI porque los viejos modos no son ya suficientes. Es un asunto que concierne a los universitarios pero que importa a todos los mexicanos, porque la Universidad es el proyecto cultural y científico más importante de México.
Hay que empezar por lo más elemental: los porros son grupos de fuerza informales al servicio de la política urbana. Están amparados siempre por grupos de poder, más grandes o más chicos, que les garantizan impunidad –principalmente gobiernos locales–, pero no sirven sólo a ellos. Casi todo bloque político con fuerza consolidada en el nivel local controla grupos de choque, porque el poder real, sobre todo el informal, se ejecuta sobre el territorio y muchas veces al margen de la ley. Los del PRD son especialistas. El comercio ambulante, los espacios de venta de droga, algunas labores de inspección, intimidación a adversarios políticos, por ejemplo, son actividades que requieren de fuerza, y ésta se compra o se alquila. La fuerza es siempre necesaria donde falta la política –y donde se hace mal. Pero no les sirven sólo a ellos sino a diferentes patrones, porque los porros viven en una especie de subcontratación permanente.
En la Universidad existen casi desde siempre. Forman parte del hábitat de las preparatorias y los CCH, y a veces también de algunas facultades. Han desarrollado, por muchos años, una enemistad con los activistas, particularmente los que ocupan cubículos para desempeñar sus actividades de denuncia y protesta. Esa enemistad no es gratuita. Viene de que los porros han sido ocupados frecuentemente como instrumentos de represión contra la protesta estudiantil, para impedir manifestaciones y protestas legítimas, pero también en contra de un sector ultra sectario que no puede llamarse estudiantil propiamente y que a veces hace a la UNAM rehén de sus propias agendas; un sectarismo que a veces quiere parar a la Universidad sólo por hacer un simulacro revolucionario, actos vistosos o simbólicos como aquella reciente vez que tomaron el edificio de la Rectoría para no dejar otro mensaje político que defecar en el escritorio del rector, lo que –creo– no trascendió a los medios.
Con todo y esa enemistad tradicional entre activistas y porros –con la que algunos porros han justificado su actuación violenta–, no parece que el conflicto actual sea producto de una explosión espontánea de estas tensiones. Cualquiera que observe con cuidado la saña y los alcances de la agresión, podrá coincidir en que fue ordenada por alguien. Y no debería ser tan difícil saber por quién. No sólo el gobierno local, sino también la Universidad misma, cuentan con medios de inteligencia, así sea informales, para tener el pulso político de la institución. No es gratuito, pues por su tamaño, su importancia simbólica, el presupuesto que maneja, la investigación de alto nivel de varias áreas, y los intereses que en ella convergen, la UNAM es un asunto de seguridad nacional. Antes, ignoro si ahora es así, la Dirección General de Servicios Generales tenía personal dedicado a este control, para saber qué pasaba: quiénes eran activistas y quiénes porros, a qué grupos políticos respondían unos y otros, con qué sectores o funcionarios universitarios o sindicales están involucrados.
Existen dos posibilidades en lo que respecta a la agresión de la explanada de Rectoría. Una, quizá la más descartable, es que había quien quería cuidar a la Rectoría de otra posible toma que forzara a la suspensión de actividades administrativas en toda la Ciudad Universitaria, una toma que colectivos insurreccionales han querido repetir desde su éxito de 2013. Otra, más verosímil, es que quien orquestó el ataque no tiene mucho aprecio por el rector y quería armarle un desmadre, sin saber muy bien en qué podía acabar. Desde la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades hay quien ha apostado por eso: una venganza de la directora depuesta, de talante autoritario y que ya ha actuado con porros antes. Todo es especulación, y no puede ser de otro modo porque no se ha aclarado el fondo del asunto.
Por alguna razón, el rector y su gente no pueden decir qué fue lo que pasó. O no lo saben, lo que hablaría de que Graue no tiene real control de los grupos de poder en la UNAM, o lo saben y tienen que esconderlo. Si es lo primero, es gravísimo y habla de la incapacidad política del rector; incluso porque quiere decir que aquellos que lo llevaron a la Rectoría no lo apoyan del todo o no son capaces de hacerse responsables del gobierno de la UNAM.
Si se sabe quién o quiénes están detrás de las agresiones, es otra cosa. Querría decir que el silencio se debe a que hay mucho que ocultar. Y lo hay, es cierto, sobre todo en los arreglos informales. Se desconoce todo lo que esconden las omisiones en vigilancia, las licencias de hecho para algunos ambulantes, la desaparición constante de materiales y recursos, incluso de libros de las bodegas. No es elegante decirlo, pero así es. Todo eso se gobierna de algún modo, para que la Universidad pueda llevar su día a día, y ese gobierno tiene participantes destacados, ganadores y perdedores, políticos universitarios que tienen entre sus repertorios el recurso de la fuerza con este o aquel líder porril. Desentrañar la agresión podría llevar a que se tirase de hebras que no quieren ni siquiera tocarse. Es un orden un poco mafioso el que no quiere removerse, a decir verdad, pero lo peor es que –sea cual sea la respuesta– está dejando de funcionar. ¿Es por el rector o se trata del modelo institucional?
Mucho del modelo institucional, en partes con tintes medievales –el Tribunal Universitario y su funcionamiento son el mejor ejemplo– tiene que cambiar. Quizá fortalecerse la estructura representativa y airear todos los vicios que se dejan guardados para mantener el prestigio. Quizá transitar de la monarquía a un modelo cuasiparlamentario en que el Consejo Universitario pueda elegir rector de entre los académicos que lo integran con participación de los alumnos. De lo contrario, los viejos y ocultos modos de la política universitaria seguirán colapsando, poco a poco, o separándose y actuando por su lado, en una trama de pequeñas conspiraciones, hasta derivar en explosiones mayores.