Muchos se preguntan porqué la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no ha actuado debidamente para que Gustavo Castro Soto regrese a México. Recordemos que Castro Soto es el sociólogo mexicano que estaba en casa de la ambientalista hondureña Berta Cáceres cuando fue asesinada, resultando él herido, por suerte levemente. Supuestamente por ser testigo, está retenido por el gobierno de Honduras desde hace casi un mes, de manera irregular, por una alerta migratoria decretada por la juez del caso.
Gustavo Castro es un luchador social, director y fundador de Otros Mundos Chiapas (http://www.otrosmundoschiapas.org/), asociación civil que trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos, de los derechos económicos, sociales, ambientales y culturales, y de los derechos de los pueblos indígenas. Es una organización que lucha, entre otras cosas, contra los megaproyectos extractivos y las represas que despojan a los pueblos indígenas de sus territorios y deterioran gravemente el medio ambiente.
Otros Mundos Chiapas AC pertenece a diversas redes internacionales, entre ellas la Red Latinoamericana contra las Presas y en Defensa de los Ríos, sus Comunidades y el Agua (Redlar), la Federación de Amigos de la Tierra Internacional, la Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero.
Conociendo todo lo anterior, me parece obvio que el gobierno mexicano no realice las gestiones necesarias para traerlo de regreso al país, más bien deben estar contentos de que permanezca en Honduras e intentando que se quede más tiempo allá. ¿Para qué preocuparse por un opositor? ¿Por qué van a apoyar a una persona que está en contra de los megaproyectos con los que se están enriqueciendo muchos funcionarios? Si fuera de su partido, de su gente, así lo hubieran encarcelado ya habrían ido a rescatarlo ¿o no? Pero ponerse a hacer gestiones por alguien que apoya a los movimientos sociales, que escribe artículos fundamentando porqué es dañino el modelo extractivo minero, o porqué los proyectos hidroeléctricos amenazan a los pueblos, sería absurdo.
Por lo mismo, es lógico pensar que también es absurdo que el gobierno promueva una ley indígena que reglamente el derecho que tienen los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada sobre la realización de proyectos que los involucren o afecten. Porque sería una ley que afectaría los intereses de los políticos que están coludidos con las empresas trasnacionales para saquear el país y despojar a los pueblos de lo que les pertenece. Por lo mismo, están tratando el tema de esa ley igual que el caso de Gustavo Castro, es decir, dándole largas al asunto o ignorándolo, como quien dice, haciéndose los locos.
La ley indígena la ofreció el gobierno mexicano a través del comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, hace más de dos años, pero todavía no presenta nada. Seguramente pensaron que formar una comisión, encabezada por alguien con cierto prestigio, serviría para demostrar un supuesto interés en los pueblos indígenas, aunque no le proporcionaran ni los recursos ni el apoyo necesario. Así quedan bien a nivel internacional mientras nos dan atole con el dedo.
Tanto el Poder Ejecutivo, como el Legislativo, le han dado largas al asunto desde que inició la gestión de Peña Nieto y lo seguirán haciendo. Pero eso sí, la ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución, que servirá para justificar la represión, va que vuela para ser aprobada.