Margarita Warnholtz
Abril 06, 2018
Se acerca el final del sexenio, periodo en el que a quienes peor les ha ido es a los pueblos indígenas, aunque no es que al resto nos haya ido muy bien. La famosa Cruzada contra el Hambre no les sirvió de nada, el presupuesto destinado a este sector de la población se recortó considerablemente y los desfalcos en Sedesol evidentemente les restaron recursos de una forma u otra; muchos líderes fueron asesinados, la reforma energética y la ley de telecomunicaciones violan sus derechos, la reforma educativa afectó a los maestros bilingües, y han sido víctimas de la violencia, de la contaminación y despojo de sus territorios.
Ahora, como para rematar, viene la Ley General de Biodiversidad, que al parecer está a punto de aprobarse. Esta ley nos perjudicará a la larga a todos, no sólo a las personas sino a todos los seres vivos pero, una vez más, entre quienes más se verán afectados están los pueblos originarios de México. Además, otra vez se viola de entrada su derecho a la consulta previa, libre e informada, estipulado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al no haberse consultado la ley con ellos.
La Red Nacional Indígena (RNI) presentó esta semana a la prensa su posición respecto a la mencionada ley. Afirmaron que ésta, además de abrir las puertas a la explotación de recursos en áreas naturales protegidas, legaliza el despojo de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas, conocimiento que ha sido construido a lo largo de muchas generaciones. Demandaron que se realice la consulta correspondiente y exigieron a los diputados del PRI y el PVEM “rectificar su posición de promoción de la Ley General de Biodiversidad que afectaría a todas y todos los mexicanos, en beneficio de intereses empresariales”.
Para tener más información sobre el tema, me comuniqué con David Ruiz Aguilar, que es ingeniero en biotecnología con maestría en ciencias bioquímicas. Es maya tojolabal y forma parte de la RNI. Comentó que “la propuesta de Ley General de Biodiversidad, lejos de apostar al desarrollo sostenible, apuesta a legalizar el extractivismo y la biopiratería, poniendo en riesgo las iniciativas sostenibles relativas al uso de la biodiversidad y conocimiento tradicional asociado. Es por eso que exigimos que esta propuesta no sea aprobada y que, con el tiempo adecuado, se inicie un proceso de consulta para la construcción de una nueva ley de biodiversidad que establezca claramente salvaguardas a la riqueza biocultural del país, que se encuentra resguardada por los pueblos indígenas, en la que se respeten plenamente nuestros derechos y de esta forma se potencie el desarrollo sostenible de México”.
Afirmó también que si se aprueba la ley en cuestión, no solamente se viola el Convenio 169 de la OIT (y con ello el artículo primero de la Constitución), sino que “se violenta el artículo 2º. Constitucional, ya que con esta ley se pretende potenciar y legalizar el despojo de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados de los pueblos indígenas para favorecer a terceros”, por lo que su aprobación sería anticonstitucional. Advirtió además que “todo indígena que prevea un daño a los pueblos, sus territorios, recursos genéticos y conocimientos tradicionales, en exigencia a su derecho a la consulta previa, libre e informada, podrá interponer los recursos jurídicos correspondientes, dado que ya existe la jurisprudencia a nivel nacional y continental”.
En los últimos meses muchos expertos en biodiversidad, diversas organizaciones de la sociedad civil e incluso la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, han manifestado su rechazo a la ley en cuestión, con todo tipo de argumentos.
No se necesita ser experto para entender que si se permite la extracción de recursos mediante técnicas altamente contaminantes como el fracking, en áreas naturales protegidas el daño será irreversible. Los congresistas, particularmente los del PRI y PVEM, no entienden que no solamente dañará a los pueblos indígenas, sino a todos los mexicanos. Esperemos que no cometan la estupidez de aprobarla.