Fernando Lasso Echeverría
Diciembre 15, 2015
De acuerdo con la experiencia de los últimos 60 años en nuestro país, está demostrado plenamente que la política prohibicionista en materia de drogas ha fracasado rotundamente, pues se ha observado que el uso de éstas no ha disminuido en la población, sino que por el contrario, éste ha aumentado notablemente creando con ello un vasto mercado negro lleno de violencia, que está desestabilizando al país; por lo tanto, es de desearse que haya un cambio radical en esa política gubernamental, pues los daños que puedan causar las drogas a la salud de los mexicanos –similares a las provocadas en los usuarios crónicos del tabaco y el alcohol– son infinitamente menores al daño que su “moralista” prohibición y su impositiva persecución han causado a la paz, a las instituciones y a los derechos humanos en el país. Pocos mexicanos creen ya en los motivos argumentados oficialmente para prohibir estas sustancias, y se opina en forma generalizada y abierta que son las extraordinarias ganancias económicas que su ilegal mercado proporciona lo que ha provocado la persistencia de estas políticas prohibitivas.
El cambio podría empezar con la legalización de la mariguana y tal parece que todo se enfoca hacia allá. Al reciente amparo promovido ante la Suprema Corte por cuatro ciudadanos mexicanos del grupo SMART para cultivar y consumir mariguana con fines recreativos, y que les fue concedido, se sumó ahora, el que interpusieron con los mismos objetivos, tres reconocidos neurobiólogos de la UNAM, con el fin de sentar jurisprudencia en México sobre el tema. Estos experimentados investigadores apellidados Pasantes, Lemus, y Fernández, consultados por El Universal recientemente, certifican científicamente –en conjunto o en forma personal– varios conceptos fisiológicos de interés sobre estas sustancias. Por ejemplo: “Ninguna droga legal o ilegal es inocua por completo, pero hay diferencias entre los efectos nocivos que cada una de ellas causa”… “A la mariguana, la considero mucho menos nociva para la salud, que el alcohol y el tabaco”… “La mariguana, no causa daño cerebral porque no provoca muerte neuronal como lo hacen por ejemplo los inhalantes, a los que curiosamente se les presta poca atención, a pesar de ser conseguidos con facilidad por los usuarios en las tlapalerías o tiendas departamentales, y usados generalmente por jóvenes de escasos recursos económicos y mínima educación”… “Tampoco es cierto –afirman los neurólogos mencionados– que la mariguana cause adicción o episodios psicóticos en los individuos que la consumen, como los provocados en ocasiones por las anfetaminas, la cocaína y hasta el mismo alcohol”… “Hasta la fecha, no se conocen muertes por consumir mariguana en exceso, como sí sucede con la cocaína y sobre todo con la heroína, la droga más adictiva, cara y peligrosa, derivada de la goma de la amapola”. Afirmaciones todas que echan a la basura muchos mitos que se manejan sobre esta droga.
Al igual que los cuatro ciudadanos del grupo SMART, estos neurobiólogos confiesan que no son consumidores de mariguana ni piensan serlo, y aseveran que están en la búsqueda del amparo por razones ideológicas y porque el rumbo que está tomando el país los tiene muy preocupados. Entienden que como científicos tienen una responsabilidad social que los obliga a participar activamente en este problema, y consideran que es importante que se apliquen nuevas estrategias, “pues las que se han aplicado hasta ahora contra el narcotráfico, son un desastre”. Declaran que nada debería estar prohibido, pues la prohibición es la madre de todas las desgracias; que el asunto del uso de las drogas en la sociedad civil, debería de ser un tema de educación y de información, más que de imposición. Agregan que su lucha es una batalla por los derechos humanos y por todo aquello que tiene que ver con la decisión personal sobre su propio cuerpo, que no puede ser limitado por el Estado mientras no afecten a otros, y finalizan ratificando que la prohibición es una mala estrategia que debe ser cambiada.
El ex rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente es otro personaje que no comulga con la prohibición contra las drogas. En un artículo suyo publicado también en El Universal aclara que buscar una nueva política no prohibicionista contra las drogas no significa estar a favor de su uso, y enfatiza que esa es la retórica favorita de las burocracias nacionales e internacionales, que gustan de erguirse como “las buenas conciencias” de la sociedad. Su artículo se centra en las recomendaciones que hace la Comisión Global de Política de Drogas de la ONU: 1.- Se debe ser mucho más estratégico en la aplicación de la Ley. De poco sirve encarcelar a los campesinos que la siembran para subsistir, o a quienes con fines personales la consumen. Estrategias de información, educación y prevención, son menos costosas y más efectivas. 2.- La prioridad debe ser reducir la violencia. La cooperación internacional debe orientarse más a detectar y combatir el lavado de dinero, que a reforzar la militarización que con frecuencia acaba por ser contraproducente y 3.- Se deben permitir e incentivar distintos modelos para regular el mercado, tomando las experiencias positivas y negativas que se tienen de la regulación del alcohol y el tabaco. Se requiere una regulación legal efectiva y responsable, que sustituya al régimen mundial de prohibición que no ha funcionado.
El día 11 de este mes, De la Fuente ofreció una conferencia magistral en el auditorio del Centro Médico ABC, Campus Observatorio, titulada ¿Qué hacemos con las drogas?, y en ella ratificó su posición de que es el momento de terminar con el prohibicionismo y de que el Estado asuma la responsabilidad de regular el mercado que está en poder del crimen organizado. Hizo algunos comentarios de interés, que vale la pena repasar: “Si hablamos de drogas en México –dijo el también ex secretario de Salud federal– el principal problema, por mucho, es el alcohol, que es legal y el que causa más estragos en la salud”… En México –puntualizó De la Fuente– el prohibicionismo nos lleva a la criminalización, a meter a los consumidores a la cárcel, y luego a la militarización, a una guerra absurda que ha costado cientos de miles de muertes, desaparecidos, y a la corrupción”… “Miles de jóvenes están en cárceles de México, por consumir drogas, fundamentalmente mariguana; con ello, el Estado les ofrece una maestría o doctorado en delincuencia”… “Estamos a niveles de violencia muy parecidos a los de Colombia, y esto seguirá creciendo si no hacemos algo.”… “La inmensa mayoría de los consumidores de mariguana, no representan ningún problema, no son violentos. A mí me preocupa la cocaína, que es mucho más peligrosa, pues los daños que causa al sistema nervioso son severos, y hay posibilidad de reacciones violentas”… “La verdadera puerta de entrada a otras drogas es el alcohol; no hay evidencia de que lo sea la mariguana”…
En realidad, el espacio no alcanza para anotar toda la relación de distinguidos científicos, escritores y periodistas que han externado públicamente su opinión favorable –y razonada– a la despenalización del uso y producción de esta droga, pero es obvio que el tema de la legalización de la mariguana en nuestro país se encuentra en un callejón de difícil salida, motivado porque por un lado, está la prohibición puritana y a rajatabla del gobierno que contrasta incongruentemente con el uso permitido de otra droga que provoca –de acuerdo con respetables investigadores– efectos similares o peores en forma individual y social como es el alcohol; y por el otro, la codicia y perversidad de los traficantes que hacen fortunas en el mercado negro, corrompiendo a funcionarios de los tres niveles. Está plenamente comprobado que la prohibición de su uso genera un amplio mercado negro, la presencia de poderosas mafias, y violencia y corrupción incontrolables. Sin embargo, merece mención asimismo que tampoco es posible negar que la despenalización de las drogas es un tema que divide y polariza a la sociedad de todo México, pues es un asunto lleno de prejuicios, de mitos y temores que influyen en la opinión pública. Por otro lado, no es posible soslayar que existen tratados internacionales firmados por México respecto a la conducta oficial que se debe asumir ante la producción y el uso de algunas drogas.
Tanta polémica sobre este tema produjo ya que las autoridades convoquen –impulsadas por el mismo Ejecutivo nacional– a un debate general que tenga la característica de ser informado e incluyente, con el propósito de dar fundamento al diseño de nuevas políticas públicas al respecto; la procuradora general de la República Arely Gómez González, asevera que el gobierno federal reconoce que el consumo de sustancias psicoactivas en general y de la mariguana en particular, trasciende la dimensión policial y punitiva, situándose también en el terreno de la salud pública, de la política social y la protección de los derechos humanos; así lo hizo saber doña Arely en diversos medios, afirmando que México merece un debate serio y enterado, que incluya todas las opiniones necesarias para la posible conformación de una nueva política de drogas para el país.
Sin embargo, una inquietud personal me llevó a realizar este segundo artículo sobre el tema, y es el siguiente: antes de llevarse a cabo el debate, el presidente Enrique Peña Nieto fijó su posición personal sobre la cuestión en medios nacionales, afirmando que él no permitiría a sus hijos fumar mariguana en su presencia (¿en ausencia lo toleraría? me pregunté yo cuando lo oí) lo que traduce una opinión conservadora al respecto y revela su oposición a la despenalización. Aquí es de preguntarse: conociendo nuestro sistema político, ¿algún funcionario público se atrevería a opinar diferente al presidente después de escucharlo? Si algún hijo del presidente por curiosidad o gusto quiere fumar un cigarro de mariguana ¿lo va a hacer delante de su padre? La respuesta a ambas interrogantes por supuesto sería que no, pero el daño está hecho. El representante del Poder Ejecutivo dio su opinión en la pantalla de televisión visto por millones de personas, y este detalle hace pensar que el tal debate va a ser dirigido y con los resultados totalmente anticipados, siguiendo una línea ya marcada por el presidente, a pesar de que en el mencionado evento van a participar ambas cámaras legislativas. Por otro lado, se debe recordar que el Ejecutivo está facultado para ejercer veto a aquellas decisiones reglamentarias que no le parezcan pertinentes. Al tiempo.
* Ex Presidente de la Sociedad Médica de Chilpancingo y del Colegio Médico Estatal.