Caos, tremendo caos produjo el gobierno federal sobre las razones del traslado de Archibaldo Guzmán, hijo del prófugo capo del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, de un reclusorio del Distrito Federal al de La Palma. Para sacar al llamado Chapito, la PGR argumentó que un comando armado iba a rescatarlo el jueves por la noche y, en aras de la seguridad nacional, realizó una movilización espectacular donde un convoy de más de 26 vehículos y al menos 100 personas, más vigilancia aérea, surcaron las calles de la capital, entraron a una autopista bloqueando todo movimiento y rasgaron la tranquilidad de Toluca para llevar su prenda a buen puerto.

Bajo ese argumento, las autoridades capitalinas, que llevaban días pidiendo el traslado de El Chapito porque sus cárceles se habían convertido en una extensión de la guerra entre cárteles que se libra en el país, vieron cómo succionaban al joven Guzmán, violando por completo la Ley de Amparo. Es totalmente comprensible que si el narcotráfico es un asunto de seguridad nacional, el rescate del hijo del capo más buscado en México entrara en la misma clasificación. Pero, el eterno pero en el gobierno foxista, el procurador general, Daniel Cabeza de Vaca, y el portavoz presidencial, Rubén Aguilar, dijeron que en realidad no había tal amenaza y, mucho menos, que se tratara de un asunto de seguridad nacional. Entonces, ¿de qué se trata?

Por lo pronto, engañaron al gobierno federal para sacar a El Chapito del reclusorio capitalino dejando al juez que había otorgado un amparo al joven Guzmán para evitar ese tipo de acción con los hombros levantados por la falta de explicación, sin que el Poder Judicial denuncie esta nueva violación gubernamental, ni el Congreso, a través de sus comisiones, exija a la PGR explicaciones que sustenten tal movimiento. Es cierto que los hombres cercanos a El Chapo Guzmán estaban siendo ajusticiados dentro de los penales capitalinos, y que a su sobrina, en un penal para mujeres, se le reforzó de inmediato la vigilancia. Pero el argumento de la amenaza a la seguridad nacional que se sobrepondría a la ley ha sido desmentido por las propias autoridades federales. Otra vez, ¿de qué se trata?

Vistos los hechos, lo que queda claro hasta este momento es que el gobierno federal irrespetó la Ley de Amparo para proteger los intereses del jefe del cártel de Sinaloa. Los porqués arrojan dudas en exceso, aunque una clave se encuentra en una tarjeta confidencial del Consejo de Seguridad Nacional que explica la estructura organizativa del cártel de Ismael El Mayo Zambada, quien tiene una alianza estratégica con Guzmán en contra de su enemigo histórico, lo que queda del Cártel de Tijuana de los hermanos Arellano Félix, con el que disputan territorios en Chiapas, la costa del Pacífico y la frontera occidente con Estados Unidos. La tarjeta es comprometedora para el gobierno foxista, pero es aún más incriminatoria para los gobierno de los ex presidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.

La tarjeta, entregada a principios del sexenio foxista, advierte: “Funcionarios activos de la Procuraduría General de la República del grupo político del doctor Jorge Carpizo MacGregor enviarán información errónea para crear confusión en el alto mando. Se comenta en círculos de inteligencia sobre el arreglo de Joaquín Guzmán Loera con el gobierno federal disponiéndose que de salir mal las cosas, perfilarán la responsabilidad sobre el Consejo Nacional de Seguridad”.

El Chapo Guzmán fue detenido en el gobierno de Zedillo después de una larga persecución tras haber escapado ileso de un atentado en el aeropuerto de Guadalajara por un grupo de sicarios del Cártel de Tijuana, en donde resultó asesinado el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993. Fuentes en los círculos de inteligencia mexicana han sostenido por años que un alto ex funcionario de la PGR de Carpizo, cercano a colaboradores del ex presidente Salinas, informó a los Arellano Félix qué día y a qué horas iba a estar Guzmán en el aeropuerto de Guadalajara. Preso en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, en las afueras de la capital tapatía, El Chapo se fugó en 2001 de una manera tan hollywoodesca –en un carro de ropa sucia–, que la versión ha sido cuestionada permanentemente.

A lo largo del sexenio foxista se mencionó insistentemente que Guzmán estaba a punto de ser arrestado, pero nunca sucedió. Lo que sí pasó es que se niveló en las ciudades y calles la lucha entre los cárteles de la droga, que estaba siendo dominada por el del Golfo, con Osiel Cárdenas. El de los Arellano Félix estaba mermado por la caída de los dos hermanos líderes, y los otros cárteles, o eran menores, o estaban involucrados en drogas sintéticas. La guerra entre cárteles ha dado espacios al gobierno federal a seguir actuando en la erradicación de las drogas, lo que dio espacio a la especulación sobre si El Chapo Guzmán estaba en realidad siendo protegido, o había sido liberado clandestinamente de Puente Grande para cumplir con ese equilibrio.

Cualquier insinuación de este tipo de colaboración ha sido tajantemente rechazada por las más altas autoridades. Pero en otra tarjeta informativa llegada al Consejo de Seguridad Nacional en 2001, se señala: “El 90% de la población y expertos en seguridad nacional e inteligencia afirman que el gobierno federal, a través de una de sus instancias, acordó con algún propósito la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo Guzmán”. La percepción, entonces, tiene sustento, y dentro del aparato de seguridad nacional tienen indicios sólidos de esto desde hace cuatro años. Los mexicanos seguimos en la oscuridad, observando las ejecuciones por todo el país, la vulnerabilidad de la gobernabilidad y la creciente inseguridad, aunque, quizás, dentro del Estado saben perfectamente lo que sucede y hacia dónde vamos.

[email protected]

[email protected]