Del 8 al 17 de noviembre visitará México la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz. Desde su oficina están invitando a enviar información sobre la situación de los pueblos indígenas en el país, tanto en general como sobre casos específicos que requieran su atención. La lista es muy larga, pero aquí van algunas sugerencias de asuntos que podría incluir en su agenda.
Comencemos por los líderes indígenas asesinados sólo en este año: Isidro Baldenegro, rarámuri, activista ambiental ganador del Premio Goldman 2005; Juan Ontiverios, también rarámuri, defensor del territorio de su pueblo; el tzotzil Guadalupe Huet Gómez, también defensor del territorio; Miguel Vázquez Torres, quien defendía los lugares sagrados de los wixárika y su hermano Agustín; y Benjamín Juárez José, mixe muerto cuando estaba en manos de la policía, integrante de la mesa directiva de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo. Son de los que tengo conocimiento en este momento, pero probablemente haya más.
Sigamos con los presos. Hay más de 8 mil indígenas presos en México sin condena, que enfrentan procesos irregulares y que no cuentan con traductores como lo exige la ley. Muchos de ellos son presos políticos, como Arturo Campos Herrera, Samuel Ramírez Gálvez y Gonzalo Molina González, integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de Guerrero; o Esteban Gómez Jiménez y Santiago Moreno Pérez, ambos tzeltales del ejido de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas.
Continuemos con algunos datos estadísticos que sería bueno que Tauli-Corpuz conociera. Según información del Inegi el 70% de la población indígena mexicana se encuentra en situación de pobreza y 23% de los hablantes de lengua indígena son analfabetos (sólo el 4.2% de los no hablantes lo es). Quince de cada 100 indígenas no están afiliados a ningún servicio de salud y de los que sí están afiliados el 72.6% lo está en el Seguro Popular, conocido por proporcionar un servicio altamente deficiente. A estos datos se suma el recorte presupuestal de este año para la atención de este sector de la población, a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se le redujo más del 50% de presupuesto.
En cuanto a cuestiones de leyes, llevamos años esperando una ley indígena, así como la armonización legislativa que garantice el cumplimiento de los derechos de estos pueblos (al menos en papel, porque en la realidad sabemos que son demasiados los casos en que las leyes no se cumplen). Es importante que la relatora esté enterada de que, a pesar de que Peña Nieto hizo en la ONU en 2014 un llamado a los países a armonizar las leyes nacionales de acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, tres años después, aquí, no ha habido avances en ese sentido.
Victoria Tauli-Corpuz tendría que averiguar qué tanto territorio perteneciente a pueblos indígenas está ya concesionado a empresas mineras y similares sin haberse realizado consulta alguna a las comunidades; sólo en la Sierra Norte de Puebla (zona de nahuas y totonacas) hay más de 140 mil hectáreas concesionadas para megaproyectos.
La relatora podría también visitar alguno de los tantos lugares donde los pueblos están luchando contra el despojo de su territorio y sus recursos, por mencionar sólo algunos de una muy larga lista, está la misma Sierra Norte de Puebla, el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, invadido por las empresas eólicas, o San Francisco Xochicuautla en el Estado de México, amenazado por una autopista. O visitar la zona de la Montaña de Guerrero, donde además de la extrema pobreza en la que se vive, todavía no se atienden muchos de los daños ocasionados por el huracán Ingrid y la tormenta Manuel en 2013 y hay familias que continúan viviendo en refugios improvisados.
Como decía, la lista es inmensa (falta, por ejemplo, el tema de los desplazados por la violencia, del daño que harán las zonas económicas especiales, el caso Nochixtlán, etc.), imposible de enumerar todo e imposible que en diez días Tauli-Corpuz pueda atender todo. Además, como el anfitrión oficial de su visita es el gobierno mexicano, los funcionarios intentarán por todos los medios ocultarle la realidad, y seguramente vigilarán cada uno de sus movimientos o tal vez hasta intervengan su teléfono, como hicieron con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del caso Ayotzinapa. Afortunadamente, la relatora ya conoce gran parte de los problemas y las injusticias que viven los pueblos indígenas de nuestro país, por lo que difícilmente podrán engañarla.