Andrés Manuel López Obrador, el gran mago de la comunicación política, cometió un desliz en una entrevista que le hizo el periodista Miguel Ángel Granados Chapa el lunes en Radio UNAM, que reflejó el fondo de su protesta por los resultados de la elección presidencial. Si se hiciera el recuento de voto por voto y perdiera en ese nuevo cómputo, admitió, no reconocería la victoria de Felipe Calderón. La interpretación política es clara: si no gana la elección, por más legal y legítima que sea su derrota, no reconocerá el triunfo del vencedor. La premisa básica democrática que se gana o se pierde por un voto, es una cultura que, en sus dichos, López Obrador no reconoce. Por eso, más relevante para el futuro mexicano es lo que significan sus palabras dentro de la lógica jurídica en la impugnación de la elección.
Esa proyección freudiana ayuda a comprender en toda su magnitud la estrategia jurídica que sigue el PRD en su juicio de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), presentado apresuradamente el lunes de la semana antepasada donde impugnaron 184 distritos, en 183 de los cuales se consideran reclamos “ortodoxos” y referidos al mismo día del proceso electoral, y uno “heterodoxo”, que es el llamado “juicio líder” que fue presentado en el Consejo Distrital 15, en el Distrito Federal. Esos 184 distritos concentran 26 mil casillas, que son las que necesitaría, en caso de probar irregularidades, para anular la elección, pues como implícitamente reconoció ante Granados Chapa, los votos no le alcanzan para derrotar a Calderón.
La versión oficial del PRD y de todos los voceros de López Obrador es que no quieren anular la elección sino el recuento de votos, en contradicción con la suma de las cláusulas con las que abre y cierra el juicio de inconformidad. El documento de impugnación consta de tres partes sustanciales que fueron redactadas por diferentes personas. La parte más débil es la segunda, con probabilidades de que se declare improcedente, referida a las irregularidades en las casillas el día de la elección, y redactada por los leales lugartenientes de López Obrador, Octavio Romero Oropeza y Alberto Pérez Mendoza, responsables de la estructura electoral que fracasó al no tener representantes en más de una tercera parte de las casillas. La tercera es la que conecta a los 183 juicios “ortodoxos” con el “heterodoxo”, redactada por el representante del PRD ante el IFE, Horacio Duarte, y que permite la conectividad que llevaría a la anulación de la elección presidencial, pues si es exitosa la impugnación en el Consejo Distrital 15, en automático se haría válido para el resto de las casillas reclamadas.
La primera parte del juicio de inconformidad, el presentado en el Consejo Distrital 15, es lo fundamental. Son 56 páginas donde se establece la protesta de la elección presidencial y se alegan las causales para la nulidad abstracta por razones de inequidad, certeza e independencia en el proceso. Estuvo redactada por tres personas altamente calificadas y profundamente conocedoras de las leyes electorales vigentes. La cabeza es Arturo Núñez, quien fue fundador del IFE y bajo cuya supervisión el finado José Luis Lamadrid redactó las leyes electorales. Junto con él participan Fermín Pérez Montes, quien cuando Núñez fue secretario general del IFE, él fue coordinador de asesores del entonces secretario general del instituto; Agustín Ricoy Saldaña, y Ricardo Monreal, uno de los responsables de las redes ciudadanas de López Obrador, y que en aquellos años, como diputado, participó en la construcción legal del órgano electoral.
Núñez fue llamado de urgencia a la ciudad de México para encabezar el equipo jurídico sobre el cual finca López Obrador su esperanza ya no de ganar la elección, sino de que Calderón no sea declarado Presidente electo. El alegato central ante el TEPJF será que vaya más allá de lo que dice la ley, como en el caso de Tabasco cuando anuló la elección para gobernador, y de Yucatán, cuando obligó al Congreso local a reconocer al Consejo Electoral. Trabajo difícil, pues no sólo carecen de apoyos suficientes para respaldar la causal de nulidad abstracta, como es el caso de la débil documentación en cantidad y calidad para argumentar irregularidades determinantes el día de la elección, sino también porque varios de los argumentos iniciales de López Obrador se han venido cayendo.
Uno de ellos lo expuso con Granados Chapa, el llamado fraude cibernético, al reconocer que estaba equivocado y que el PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, tal y como desde un principio lo señaló el IFE y la UNAM, no fue alterado. Otro escollo que enfrentarán es que algunos de los elementos para respaldar la causal de nulidad abstracta es que el tribunal electoral podrá no sólo contemplar las impugnaciones del PRD, sino ubicarlas en su propio contexto a fin de determinar si son válidas y determinantes en la afectación de la elección. En este caso se encuentran, por ejemplo, las impugnaciones sobre los gastos de campaña, al presentar los de Calderón en los medios de comunicación como uno de los factores que alteraron la elección. Este punto, sin embargo, será uno de los ampliamente debatibles.
De acuerdo con el IBOPE, la empresa que también el PRD utiliza como fuente de información en su juicio, Calderón no fue quien tuvo mayor impacto en televisión a lo largo de la campaña, identificado como “share of voice”. Según un análisis de los datos, los spots del PRD totalizaron 35% del total, seguido del PRI con 34%, y el PAN con 31%. Una de las discusiones será no sobre impacto, sino sobre gasto, lo que tendrá que discernir el TEPJF. Para el PRD, Calderón gastó más dinero que López Obrador. El análisis de los datos de IBOPE muestra que el PAN colocó 65% de su total en televisión en horario estelar, contra 60% del PRD y 58% del PRI.
Otro obstáculo radica en que probablemente el TEPJF analice en paralelo el impacto que tuvieron en el electorado factores de la campaña de López Obrador como cuando le dijo “chachalaca” al presidente Vicente Fox, o el no haber ido al primer debate. Igualmente podrán enfrentar análisis comparativos cuando el tribunal revise la intromisión de Fox en la campaña electoral, y encuentre que a cada acción de Los Pinos, hubo una reacción de López Obrador. Cuánto de ello pesará en el balance final de los magistrados electorales, no se sabe. Lo que sí se puede anticipar es que la petición de que el tribunal vaya más allá de lo que dice la ley, se cumplirá, aunque no necesariamente, visto en el horizonte, se puede afirmar que beneficiará finalmente a López Obrador.

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