Raymundo Riva Palacio
Junio 20, 2006
En la competencia paralela al proceso electoral hay una categoría para los políticos más cínicos. Aunque abundan, hay algunos sobresalientes como Carlos Antonio Romero Deschamps, el líder petrolero que fue pieza central en el escándalo del Pemexgate quien ha hecho una chicanada, insolente e insultante a cualquier inteligencia a fin de ser candidato a senador por el PRI, con el respaldo pleno del candidato a la Presidencia, Roberto Madrazo, y la complacencia del procurador general, Daniel Cabeza de Vaca, donde los dos lo respaldan para que obtenga seis años más de fuero este tan controvertido personaje que tiene pendientes dos procesos penales.
Esta es la historia de un caso que podría tener como sello en su carátula “Todos los Mexicanos somos Idiotas”, que comienza el 25 de enero de 1991 cuando Carlos Antonio Romero Deschamps se inscribió y causó alta en el padrón electoral con el nombre de Carlos Romero Deschamps; es decir, sin el Antonio. Esta sutileza generó una de las aberraciones más grotescas del actual proceso electoral, que tuvo un segundo capítulo el 27 de octubre de 2003, cuando le suspendieron sus derechos político-electorales derivados de dos autos de formal prisión que le dictó esa fecha un juez de distrito en la capital mexicana por los delitos de peculado y uso indebido de recursos públicos en el caso del Pemexgate, que se refiere al financiamiento ilegal de la campaña presidencial del priísta Francisco Labastida en 2000.
El fuero como diputado –pues no lo desaforaron–, impidió que fuera a la cárcel, pero no alcanzó para evitar que le suspendieran sus derechos político-electorales. Por esa razón, el 11 de agosto del año pasado fue dado de baja en el padrón electoral que lo tenía registrado como Carlos Romero Deschamps, sin el Antonio. La suspensión de esos derechos significa que no podía votar, ni ser votado, que es el tratamiento que se les da a presuntos delincuentes. El líder petrolero, sin embargo, tenía otros planes en mente, por lo que se presentó en la Junta Distrital Ejecutiva 05 en Tula de Allende, Hidalgo, para realizar un trámite de corrección de datos, modificando el nombre que aparecía en su credencial de elector por el de Carlos Antonio (ahora sí) Romero Deschamps. Asunto arreglado.
Como el nombre “Carlos Romero Deschamps” ya no existía en el padrón electoral, tampoco procedió el trámite de cambio de datos. Mejor aún. Se realizó un trámite de alta. La magia petrolera. El hombre sin derechos políticos y electorales, de nueva cuenta volvió a nacer. Antonio fue el segundo nombre clave. Claro que no necesariamente era un asunto futurista, pues hasta marzo de dieron a conocer las listas de candidatos del PRI. Era evidentemente una estrategia jurídica, pues para poder promover dos juicios de amparo para librar el desafuero y la cárcel, necesitaba su registro vigente en el padrón electoral. Por eso, el 28 de febrero de este año, el Segundo Tribunal Unitario de Circuito en Materia Penal en el Distrito Federal notificó al IFE el otorgamiento de la suspensión provisional concedida en sus dos juicios de amparo para cuyos efectos prácticos –y electorales–, Carlos Antonio Romero Deschamps volvía a tener derechos políticos y electorales y, como consecuencia, no se le podía dar de baja en el padrón electoral y, por tanto, poder votar y ser votado. Maravilloso escenario. El 3 de marzo, el mismo Tribunal le otorgó dos suspensiones definitivas, lo que le allanó el camino para ser nominado como candidato de lista al Senado.
Veinte días después de ello, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores dijo que eso no podía ser, por lo que interpuso ante el mismo Tribunal dos recursos de revisión en contra de las sentencias de suspensión, alegando que Romero Deschamps actuó dolosamente al reinscribirse en el padrón electoral, sugiriendo que pudo haber cometido un delito al proporcionar información falsa al Tribunal cuando solicitó su amparo y manifestar que no había sido de baja del patrón electoral y, sobre todo, afirmando que al otorgarle la suspensión se violó el artículo 38 constitucional donde establece que “los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden, entre otros casos, por estar sujeto a proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión”. Un análisis jurídico del fallo del Tribunal permite señalar que prejuzgó y creó indebidamente derechos a favor de Romero Deschamps, pues la suspensión del amparo tiene efectos restitutivos, lo cual es contrario al orden público e inadmisible jurídicamente al contravenir la orden del juez que dictó la suspensión de derechos.
En este violentado Estado de derecho mexicano, Romero Deschamps es candidato a senador por la vía de la burla a todos, y con la complicidad de Madrazo, quien aprobó su candidatura. Si resultara ganador, a partir del 1º de septiembre volvería a tener fuero, con lo que su responsabilidad por el caso del Pemexgate y los delitos del fuero común por los que es acusado, caducarían durante su gestión como senador. Las críticas sobre este caso a Romero Deschamps, Madrazo y al PRI, se han evaporado en los asuntos macroelectorales. Sin embargo, en el registro de la microhistoria de este proceso electoral, el IFE presentó una denuncia de hechos a la PGR el 7 de abril pasado, en la cual le pidieron al procurador Cabeza de Vaca que iniciara una averiguación previa por la probable comisión de delitos previstos y sancionados por el Código Penal Federal contra quien resulte responsable. Es decir, no sólo Romero Deschamps pudo haber violado la ley, sino también el juez del Tribunal que le dio carta blanca a su impunidad.
Sin embargo, el procurador Cabeza de Vaca no ha dado señales de vida al respecto, ni la PGR ha iniciado absolutamente nada. Han pasado casi dos años y medio desde que se suspendieron los derechos político-electorales de Romero Deschamps. Ya van 209 días desde que se volvió a inscribir en el padrón electoral con su segundo nombre. Su acción, para toda lógica, incurre en un cinismo rampante. El que Madrazo cierre los ojos y el PRI lo haya nominado como senador, es un insulto a la inteligencia de los mexicanos y una demostración que su cultura atrabiliaria y arrogante, se mantiene intacta. Pero el que Cabeza de Vaca se mantenga engarrotado y omita iniciar cualquier tipo de acción contra un protagonista central del vergonzoso episodio del Pemexgate habla de dos cosas: incompetencia o complicidad por pago de favores recibidos. Y luego niega el gobierno federal que la impunidad sigue campeando libremente sobre este México que, en definitiva, no cambió.