Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del IFE, desarrolló una estrategia mediática en las últimas semanas para reposicionar su
imagen, convertir la defensa del órgano electoral en un tema de interés ciudadano por la defensa de su autonomía frente al
Congreso, frenar la decisión presidencial de no defenderlos y del PAN de entregar las cabezas de los consejeros, mientras
construía una alianza con el único actor político que le puede echar la mano: Televisa. Ugalde no tiene más donde abrevar. El
presidente Felipe Calderón y el PAN están de acuerdo en que se vayan él y un número limitado de consejeros. El PRI, que fue
quien lo propuso, no tiene mayor remordimiento en crucificarlo. A la maestra Elba Esther Gordillo, a quien se le acredita
equivocadamente como la mano que mueve a Ugalde –el candidato de ella y el entonces presidente del partido Roberto Madrazo
para el IFE era un empresario regiomontano–, le tiene sin cuidado el destino del académico.
Ugalde se ha movido en medio de todas las contradicciones dentro del gobierno federal y los partidos políticos, que le han
venido dando un oxígeno que ya no traía. La reducción de recursos a las televisoras dentro de la reforma electoral –se estima que
representa 8 por ciento del ingreso de Televisa en año electoral– fue donde encontró una tabla de dónde asirse, después de
haber quemado sus naves al ver que su apuesta a que Calderón defendería al IFE por haber sido el que organizó y administró las
elecciones donde resultó ganador, era errónea. Al cubrir Televisa un mercado de 70 por ciento del total nacional, enfatizar los
argumentos de Ugalde en sus noticieros creó una andanada de opinión pública y política contra la reforma toda.
La cruzada de Ugalde entró en la dinámica de caos de los políticos. En el caso directo de la remoción de los consejeros a lo que
se oponía el gobierno y el PAN en un principio, el coordinador en el Senado, Santiago Creel, negoció con el PRD y el PRI en la
Cámara Alta que se fueran todos, a cambio de que en un nuevo consejo fuera electa presidente María Amparo Casar, académica
del CIDE que formó parte de la comisión que estudió la nueva reforma electoral y fue su jefa de asesores cuando fue secretario de
Gobernación. Cuando se lo planteó al coordinador panista en el Congreso, Héctor Larios, este se opuso totalmente por el interés
particular de Creel. En Los Pinos se tomó un posicionamiento el miércoles pasado: que se vayan dos consejeros, más Ugalde. Pero
al PRD, que quería la cabeza de todos, le pareció poco y rechazó la oferta. El siguiente paso del gobierno fue buscar que se
aprobara la reforma hacendaria, aunque no fuera por la vía constitucional, sino por mayoría simple, sabiendo que contaba con el
apoyo de 11 gobernadores priístas.
El gobierno se había metido en un problema innecesario con esa reforma. El cabildeo de la reforma, que tomó en las manos el
secretario de Hacienda Agustín Carstens, había terminado hace un mes y medio, pero no supo responderle cuándo sería el
periodo extraordinario donde se aprobaría porque esa tarea era responsabilidad de Creel y Larios, comisionados por la
Presidencia para negociar las reformas. El coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, les dijo que los tiempos de
Los Pinos no eran los del Senado, y encareció la negociación. Los panistas no supieron qué hacer, se pelearon entre ellos, y el
secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña decidió, en el más amplio purismo de separación de poderes, ni meterse en
el legislativo, ni llamar a cuentas a los operadores del PAN.
Dentro del PAN, a decir por la secuencia de hechos, se debió haber calculado que llevar la reforma hacendaria a votación sería un
alto riesgo para la permanencia de Larios como coordinador, y para que Manuel Espino, líder nacional, se mantuviera con fuerza.
La semana pasada reviró. Espino declaró una mentira: que un nuevo impuesto a la gasolina, planteado por el PAN, era idea de los
gobernadores priístas. Estos se enfurecieron y lo desmintieron. A la par, el senador José Murat ofreció a los legisladores
apoyarlos económicamente si votaban contra el impuesto a la gasolina, a fin de minar la influencia de los gobernadores sobre
ellos. De esta forma, el sector más duro del PRI se convirtió en aliado táctico de los duros del PAN, dinamitando la reforma
hacendaria, con lo cual, contra la idea original en Los Pinos que no estaba ligada a la electoral, se encadenaron ambas.
La parte operacional y altamente mediática fue la de la remoción de los consejeros. Beltrones le dio sí a la propuesta de Creel
sobre su ex asesora Casar, y tejió una alianza con el PRD, a través de su coordinador en el Senado, Carlos Navarrete, para
descabezar al IFE. Lo primero fue generar una división hacia el interior del consejo. El senador Arturo Núñez, a quien encomendó
el PRD la negociación de la reforma electoral, le dio una zanahoria al consejero Rodrigo Morales: una vez destituido el consejo, él
sería el director del nuevo Registro Federal de Electores. Morales declaró entonces que si su renuncia al IFE contribuía a la
democracia, él se sacrificaría. Marco Gómez, el consejero propuesto por el Partido Verde, dijo también estar dispuesto a
renunciar: a cambio, negoció con los partidos que su coordinador de asesores, José Melo, sería consejero.
Núñez también preparó la llegada de un protegido suyo, Marco Baños, que fue director de Capacitación Electoral del IFE, como
secretario ejecutivo del órgano. Los tres partidos mayoritarios, inclusive, comenzaron a circular entre ellos una lista de 20
nombres de futuros consejeros, aunque en el fondo, el PRI jugaba con el PRD y con Creel. Baños fue socio de María del Carmen
Alanís, actual presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cercanos al consejero Morales y sobretodo a
Jorge Alcocer, principal autor de la reforma electoral. Beltrones y el líder del PRI en el Congreso, Emilio Gamboa, quieren que él
sea el consejero presidente del IFE, aunque hay una disposición que por haber sido presidente de un partido, no podría serlo
hasta después de octubre de 2008.
Al terminar la semana, los cables que parecían estar en orden para sacar las reformas, hicieron corto circuito. La difusión
misteriosa a medios antes que a diputados de los predictámenes electoral y hacendario en las cámaras controladas por el PRI,
levantaron muchas cejas. Su difusión alertó a quienes se oponen a ellas, que lanzaron sus anticuerpos. El PRI movió sus piezas y
pareció buscar subrepticiamente el dislocamiento de las reformas, mientras que las apoyaba en público. No sería la primera vez
que los priístas se asumieran como los salvadores de los grandes intereses y aparecieran como los actores que resuelven los
conflictos. Pero aún con toda su experiencia, que se incrementa ante la ingenuidad de sus interlocutores, ni la dinámica
esquizofrénica que imprimieron los partidos la semana pasada, ni el rumbo que tomen finalmente las reformas, están
garantizadas en este momento que todo parecen como ir hacia el descarrilamiento.
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