El 27 de diciembre de 2013, el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz, anunció que para el mes de febrero (de 2014) presentaría una “iniciativa de ley de gran calado” que recogería los acuerdos de San Andrés e incorporaría la nueva normatividad nacional e internacional en materia indígena. A pocos días de que termine el año y de que se cumplan dos del anuncio de la mencionada iniciativa de ley, todavía no se ha presentado nada.
Se han llevado a cabo cantidad de foros y reuniones sobre el tema, y sobre lo que llaman “armonización legislativa”, que se refiere a conciliar la legislación nacional con los derechos indígenas que aparecen en la Constitución y con tratados internacionales que se refieren al tema indígena, sobre todo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero no hay nada concreto todavía.
Hace dos días (el miércoles 16 de diciembre) se anunció la instauración de la nueva Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) en el Congreso. (http://www.jornada.unam.mx/2015/12/16/index.php?section=politica&article=010n2pol) Sus integrantes hablaron de la necesidad de recuperar la agenda pendiente en materia indígena y Martínez Veloz mencionó nuevamente el compromiso de realizar la armonización legislativa.
En síntesis, en dos años, tanto el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas como diversos diputados (tanto de la legislatura pasada como del actual), han hecho cantidad de declaraciones sobre la importancia de la legislación en materia indígena, la armonización y demás, pero no ha sucedido nada. Seguimos esperando.
Entre otras cosas, continúa sin reglamentarse la consulta previa, libre e informada a la que tienen derecho estos pueblos para otorgar o no su consentimiento a proyectos que se desarrollen en su territorio, lo cual ha ocasionado que las consultas que se realizan estén plagadas de irregularidades y generen inconformidades, o que en muchos casos simplemente no se lleven a cabo.
Mientras tanto, siguen aprobándose leyes que violan los derechos de los pueblos indígenas, como por ejemplo, las leyes energéticas, o la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, recientemente avalada por la Cámara de Diputados, que seguramente pronto será aprobada por el Senado. Esta última, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, de entrada debería ser consultada con estos pueblos, pues las zonas económicas especiales ocuparán territorios de varios de ellos.
Han sido dos años más de despojo y violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, dos años en que el gobierno federal no ha sido capaz de cumplir su compromiso de presentar una iniciativa de ley que beneficie a estos pueblos, y dos años más de que los legisladores evaden el tema, mientras aprueban al vapor otras leyes que afectan a los pueblos originarios. ¿Hasta cuándo tendremos que esperar?