Oaxaca y Tabasco muestran en su orografía política el camino que se supone no
queríamos ya transitar: un comportamiento colectivo cuya conducta humana dejó de ser
predecible al romper las bases de expectativas comunes y estables. El bellum omnium
contra omnes de Hobbes, “la guerra de todos contra todos” que se ha aplicado por años de
manera indiscriminada a situaciones que van del comportamiento individual a la incivilidad
social, llegó al sur mexicano por la puerta grande y sobre alfombra roja. El pasado que
pensábamos cosa del pasado, está presente y empieza a definir el futuro. La prepotencia
de los gobernantes, los disturbios, la violencia y la insurrección como patrones de una
conducta no convencional, están presentes. Estos ingredientes, no hay que olvidar, son
componentes del colapso del orden.
Oaxaca y Tabasco son la metáfora del desastre que enfrenta la clase política como un
colectivo, y la incapacidad institucional y legal para la resolución de conflictos. Si hemos
llegado al umbral del quiebre social no se debe a la irresponsabilidad de un individuo o de
un grupo específico. Tampoco obedece, en una simplificación racional, a la ausencia de la
ley y el orden, maniqueamente disfrazada bajo el argumento del Estado de derecho. Las
cosas no se resuelven de forma sencilla. Imponer el orden, como se quiere en estos
momentos, con averiguaciones previas y toletazos no resuelve el problema de fondo sino lo
agudiza. Construirlo a base de concesiones como en el pasado tampoco da solución a
largo plazo, salvo una artificial. Son salidas de políticos que, pertrechados tras sus
rechonchas prerrogativas, esconden su estrecha visión. No querían perder sus privilegios
económicos y no estuvieron dispuestos a modificar las leyes que nos hubieran evitado
malos gobernantes, líderes con poderes monárquicos y acumulación de conflictos. El
egoísmo de una clase política de cortas miras nos tiene en este pozo.
En Oaxaca va para cinco meses la realidad de un gobernador que no gobierna, un
Congreso que no legisla, un Poder Judicial que no administra la justicia, una oposición
beligerante e intransigente, y un gobierno federal que durante más de tres meses se subió
a las gradas del estadio de la descomposición oaxaqueña para observar negligentemente
cómo una sociedad quedaba inerme, y una economía se hundía hasta dejar para una
generación adelante las perspectivas de recuperación. Oaxaca, en particular la capital, es
el ejemplo más notable de anomia. No se puede encontrar un ejemplo similar en el
mundo: una capital de un estado en un país que no se encuentra en guerra civil,
secuestrado durante ya casi cinco meses por grupos políticos y sociales que tienen como
razón de ser la caída de un gobernador. Este, a su vez, no ha dejado de emplear a sus
policías disfrazados no para proveer el orden, razón por la cual los gobiernos fueron
inventados, sino para estimular el caos a través de acciones violentas que han terminado,
en varias ocasiones, en muertes absurdas.
En Tabasco, una competencia por la gubernatura del estado se convirtió en una contienda
nacional porque un ex candidato presidencial apostó su resto político en sacar adelante a
su delfín. La polarización del 2 de julio se extendió a esta campaña, cuyos previos fueron un
catálogo de aberraciones notables. El candidato del PRI había denunciado la semana
previa que perredistas de otras partes del país estaban llegando a Tabasco para
desestabilizar el proceso, que visto con un enfoque electoral podría explicarse que llegaron
cuadros del PRD para ayudar en la operación. Esto es legítimo y normal. Lo primero, que
era creación de un escenario de miedo, se concretó en acciones en vísperas de la elección
cuando la policía estatal presentó a esos perredistas, ocho en total, que pretendían
desestabilizar el proceso. Los perredistas fueron acusados de portar pistolas de 9
milímetros, aunque los presentaron con pistolas de plástico, y que habían firmado sus
confesiones, mostrando huellas físicas de golpizas. Esos perredistas, por cierto, se
proclamaron “presos políticos”. Por supuesto, no fue todo. Como en Oaxaca, con sangre y
plomo los grupos políticos opositores se fueron abriendo camino ilegal para ser
reconocidos como legales.
Ciertamente, nadie sabe quién dice la verdad. Hay evidencias de la descomposición, y
señalamientos delicados, como la presunta participación de miembros del Ejército en
acciones violentas extralegales en Oaxaca. Hay abusos electorales, como el que las dos
partes principales en la contienda en Tabasco rebasaran los topes legales de campaña, y
hay tiros y muertos de todas partes sin saberse ya quiénes son los realmente
responsables y cuántos de ellos no son sino resultado de las provocaciones. Hay dinero
para todos, a fin de que sigan en la misma dinámica del conflicto, y no hay, hasta este
momento, la cancelación de incentivos para que lo sigan haciendo. Hay dos estados en
convulsión que, como cada vez que en una entidad no se resuelven las cosas, se
extenderán a la ciudad de México para ampliar el teatro de su protesta, en la demostración
más clara y aceptada que el centralismo cultural sigue dando al Distrito Federal el control
del marcapasos del corazón político nacional, y que toda esa retórica de que somos un
país democrático choca cínicamente –al ser visto por todos sin ser denunciado– con la
realidad de que nuestro sistema sigue vivamente autoritario. ¿Qué hacer? ¿Cómo evitar el
regreso de los trogloditas?
Hoy en día hay grupos extralegales como las guerrillas para las que el retorno de acciones
de fuerza son combustible para justificar que la lucha armada es la única posibilidad de
cambio, políticos aventureros que consideran que pueden controlar y encauzar una
molestia generalizada para sus fines prácticos electoreros, o partidos que piensan que en
la debilidad del Estado y de sus instituciones, son ellos los garantes de la estabilidad
nacional. Por sus propias razones, deliberadamente o no, están empujando al país hacia
la ruptura del tejido social. Este es el peor camino. Si la sociedad como grupo se une
activamente a los políticos que van en esa dirección, lo que va a suceder es una regresión
de las libertades políticas y civiles. No hay que equivocarse. Si bien quienes encabezan hoy
al Estado ya probaron que carecen de inteligencia política y cayeron en todos los chantajes,
no hay razón alguna para pensar que si la liga se estira hasta el punto de romperla, no
vayan a actuar con desesperación para evitar el quiebre. No tienen nada más que la fuerza.
Pero esta es enorme. Policía y Fuerzas Armadas, en el quiebre definitivo, entrarían con
seguridad. No hay forma de enfrentárseles salvo con creatividad, inteligencia y, sobretodo,
decisión para decirle a esta clase política “váyanse al diablo”, y actuar en consecuencia.

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