En su mensaje
a la nación, el presidente Calderón se comprometió
en los dichos a castigar a quien en su gobierno viole los derechos humanos. En los hechos, lo solapa.

Felipe Calderón no es el primer presidente con un trato altamente diferenciado hacia el Ejército. Pero quizás, lo que sí lo
distingue de sus antecesores es que es el presidente que ha mostrado tener el alma más verde. No es sólo su estrecha relación
personal con el secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, sino la forma como le ha permitido todo, menos una petición:
sacar al Ejército a las calles, indiscriminadamente, en todo el país. El general Galván acató la instrucción, pero, se puede decir, no
del todo.
Hace tres semanas, sin notificar a ninguna autoridad civil, los militares realizaron un operativo en el poniente de la ciudad de
México en busca de células del EPR, dentro de una campaña de liquidación contra la dirigencia de la guerrilla. Allanaron casas sin
autorización alguna, levantando de sus camas a familias enteras –por cierto, ninguna vinculada al EPR–, atemorizando a vecinos y
vecindarios. La acción estuvo a punto de desbordarse y provocar un enfrentamiento a tiros con la autoridad capitalina, salvada en
último momento por una llamada del alto mando militar al secretario de Gobierno del Distrito Federal, Joel Ortega, para
informarle que eran unidades a su cargo las que realizaban el operativo. En la antepasada, dejaron correr la especie de que un
personaje llamado Óscar Nahúm, sin apellidos, era en realidad el senador René Arce, la figura política más poderosa dentro del
PRD en el Distrito Federal. A menos que la inteligencia militar, a la que se le acreditó como fuente central de la versión
periodística tenga una información que no se encuentra en los archivos del resto del gobierno mexicano, lo que hizo fue avalar
una mentira. El expediente del Cisen sobre el EPR, da cuenta de tres familias fundadoras –todas provenientes del desaparecido
Procup–: los Canseco Ruiz, los Cruz Sánchez y los Cirigo Vázquez. A diferencia de los Cruz Sánchez, la familia Canseco Ruiz ha
sido muy golpeada con los años, y buena parte de sus integrantes dejaron la lucha armada y son luchadores sociales.
En el caso de los Cirigo Vázquez, el documento es muy claro para señalar que la gran mayoría de sus integrantes dejaron la lucha
armada hace cuando menos dos décadas para realizar actividad política dentro del marco legal. René Arce, que proviene de esa
familia, o su medio hermano Víctor Hugo Cirigo Vázquez, líder de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, se
encuentra en esa situación. No así su otro hermano, Óscar Nahúm Cirigo Vázquez, alias El avión, a quien el Cisen identifica como
el jefe militar del EPR que realizó un ataque en Huatulco en 1996, como parte de una serie de acciones simultáneas en seis
estados. Lo último que presume el Cisen de Óscar Nahúm, a quien tienen identificado en fotografía, es que es el jefe de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, que se escindió del EPR.
La semana pasada fue el último acto militar por la libre. Sin decirle nada a nadie en el gobierno federal, menos aún al capitalino,
un comando ingresó a un muy concurrido restaurante en la zona afluente de Polanco para arrestar a varios presuntos
narcotraficantes, incluido a quien presumen lugarteniente de Heriberto Lazcano, jefe de Los Zetas y aparentemente el nuevo líder
del Cártel del Golfo, y dos colombianos, responsables de finanzas y logística del Cártel del Valle, de Colombia. Los militares los
tuvieron retenidos durante ocho horas, antes de ser puestos a disposición de las autoridades civiles, competentes en la materia,
lo que representa una arbitrariedad jurídica.
¿Qué está pasando en el Ejército mexicano? El apoyo político que da la Secretaría de la Defensa Nacional al presidente Calderón
está teniendo un alto costo para amplios sectores de la sociedad, que se incrementará en la medida en que no se le ponga un
alto. Lo que reflejan esas acciones militares son manejo extralegal, violación de los derechos humanos, y conculcación de
garantías individuales. Ya sea por el combate al narcotráfico o contra el EPR, el Ejército está modificando su doctrina y función,
creando bolsas de estados de excepción en el país donde sólo la suya es Ley. La operación militar en Michoacán, dentro de la
lucha contra el narcotráfico, es emblemática.
El gobierno federal afirma que le han quitado espacios de poder a los cárteles de la droga, recuperando dominio territorial. Es
cierto, pero ¿a qué costo? El general Galván ha enviado a soldados por cuando menos ocho estados del país en forma regular
para tareas de seguridad pública, y establecidos retenes en todo el país, violando la Constitución. El Ejército sólo puede realizar
operativos de vigilancia e inspección para los fines de seguridad pública, cuando la autoridad responsable, la Secretaría de
Seguridad Pública, solicite ese apoyo, o cuando lo solicite expresamente la autoridad civil.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene documentados abusos de los militares sobre población civil. En un informe
preliminar que dio a conocer su titular José Luis Soberanes, anticipó la presunción de atentados militares en contra de cuatro
mujeres menores de edad, dos casos de tortura, cateos ilegales, detenciones arbitrarias, allanamientos de morada con daños en
propiedad ajena, atentado a la integridad física y ejercicio indebido del servicio público. Investigaciones posteriores encontraron
en Michoacán casos de varios militares que dieron positivo en las pruebas para saber si estaban bajo el influjo de la cocaína.
La respuesta presidencial a los atropellos de los militares ha sido de mayor apoyo. Por decreto, autorizó al general Galván la
creación de un cuerpo de élite que no sólo actúe contra la delincuencia organizada, sino para intervenir contra cualquier evento
que considere genere inestabilidad política. Esta disposición vuelve a violar la Constitución, al tener los militares un mandato
ejecutivo que les permite operar sin la autorización expresa del Congreso bajo parámetros de estado de sitio, justificando al
mismo tiempo la represión de aquellos que expresen en forma beligerante su inconformidad con el estado de las cosas.
Los abusos permitidos por la Presidencia deben tener un fin. La CNDH está preparando una serie de recomendaciones a la
Secretaría de la Defensa por las violaciones a los derechos humanos cometidos en la lucha contra el narco, y en el Congreso
preparan una reforma judicial que impida al Ejecutivo violentar la ley amparado en las lagunas jurídicas existentes. Pero no
pueden ir solos. La sociedad no debe confundir que aún en el combate contra la delincuencia organizada o los grupos que
realicen actividades fuera de la ley, un Estado no puede actuar ilegalmente y actuar bajo el régimen hobbsiano de la ley del más
fuerte. Tolerar que el Estado viole la Ley para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos es abrir la puerta a un Estado represor
que, por el silencio colectivo en el que nos encontramos, va avanzando hacia una consolidación. Esto debe ser frenado antes de
que sea demasiado tarde.

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