Una de las más grandes crisis institucionales, si no la más grave que ha tenido el gobierno del presidente Vicente Fox en su sexenio, se dio en las últimas semanas con Oaxaca como telón de fondo. Preparada desde Los Pinos la intervención policial-militar para terminar con la fuerza un conflicto de cuatro meses, el secretario de la Defensa, general Clemente Vega, dijo que con el Ejército no contaran. No era la primera vez que establecía esa posición. Desde que el clima político subió de temperatura en los prolegómenos del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, el general Vega alertó públicamente para no reeditar la vieja lucha entre liberales y conservadores que provocó la división del país, que le sirvió de plataforma para que el día que le pidió el Presidente tropas en caso de disturbios por proceder contra López Obrador, le dijera que no.
El general Vega no se negó tajantemente a la instrucción del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el Presidente, sino que le dijo que para girar esa instrucción a sus subalternos necesitaba una orden expresa firmada por el mismo Fox. El Presidente le dijo que lo insultaba, a lo que el general lo atajó. Cuando llegó a la Presidencia, una de las promesas de campaña que sí cumplió fue ajustar cuentas con el pasado. Aunque nunca se llegó a nada en el sexenio, autorizó a que un fiscal persiguiera militares para acusarlos de genocidio por abusos en la guerra sucia. El general Vega argumentaba que los generales habían actuado siguiendo órdenes del Presidente en turno, y habían pagado –como en la matanza de Tlatelolco– injustamente por conflictos iniciados por los políticos. Nunca más, decía en privado, el Ejército pagaría los yerros de los políticos.
Esa postura, con diferentes matices, fue subrayada durante las reuniones preparatorias para la solución de fuerza en Oaxaca. Inclusive, uno de los argumentos que después fue expresado en diferentes niveles de gobierno por funcionarios de la Secretaría de Gobernación para explicar la acción limitada de la Secretaría de la Defensa en Oaxaca, fue que seis de cada 10 soldados eran oaxaqueños, por lo cual no podían exigirles tomar acción contra sus hermanos. La participación acotada que aceptaron realizar en Oaxaca fue una donde no hubiera contacto físico, y que se enmarcara en tareas de inteligencia. Por ejemplo, el uso de los helicópteros Bell, que pertenecen a la Fuerza Aérea, y que de acuerdo con personas que los conocen están equipados con aparatos para detectar calor, movimiento, diferencias de color e inclusive algunas diferencias de campo magnético.
Como sucedió durante el proceso del desafuero, la postura del general Vega no hubiera pasado más allá salvo que, podría argumentarse, el contexto entre aquél acontecimiento y Oaxaca fue percibido totalmente diferente. A propósito del desafuero, la oficina del secretario de la Defensa hizo saber a través de sus voceros oficiosos que había sido el general Vega, más que nadie, quien con su posición con respecto a los problemas que podrían emanar del proceso judicial contra López Obrador, hizo recular al presidente Fox, quien se desistió de seguir con su intención política contra el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal. En el caso de Oaxaca, voceros oficiosos de la Defensa hicieron llamadas el lunes pasado a varias redacciones de periódicos para filtrar que también, en esta ocasión, el general Vega se había opuesto al envío de tropas a Oaxaca para solucionar el problema político. Pero las reacciones fueron totalmente diferentes.
Cuando el desafuero no hubo críticas para el general Vega, sino llamados a su inteligencia, ponderación y fiel de la balanza en un gobierno que a veces parecía dislocado. En el caso de Oaxaca, aunque el argumento central siguió siendo el mismo, no hubo clemencia política para el general. Durante los últimos días, las críticas dentro del gobierno al general Vega fueron sumamente ácidas, llegando a acusarlo de manera informal de insubordinación. En las áreas de seguridad, particularmente, señalaron que inclusive, podría entrar en el terreno de merecer una Corte Marcial por desobedecer una instrucción del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Nada de esto se ha iniciado, y se podría asegurar de antemano que no sucederá. Pero el general Vega acusó el golpe.
De manera discreta, la Secretaría de la Defensa emitió un boletín de prensa el jueves pasado por la noche donde subrayaba que tenía en Oaxaca a 5 mil efectivos “en previsión de cualquier evento” (o sea, no sólo para sus tareas contra el narcotráfico y la guerrilla), y que en caso necesario otros tres batallones con mil 837 elementos “a órdenes superiores podrían desplegarse”. En este cáustico pero revelador comunicado, se estableció que el general Vega recibe las instrucciones “directamente del señor Presidente de la República y de nadie más”. Aunque este boletín paso bastante inadvertido en la mayoría de los medios de comunicación, fue el único elemento público del enorme conflicto institucional que vivió el gobierno de Fox la última semana.
Un Presidente que entendiera su papel, lo hubiera destituido. La razón, como expresan en los círculos del aparato de seguridad, es que el desafuero de López Obrador estaba enmarcado en una estrategia meramente política, y que Oaxaca, aunque surgió y creció por incompetencia política de los gobiernos federal y estatal, había rebasado el ámbito de la seguridad pública –como aquí se planteó el miércoles pasado– y estaba convertido, por los componentes integrados a la movilización social oaxaqueña, en un asunto de seguridad nacional. En este sentido, explicaron, la posición del general Vega podía llegar a ser considerada también como rebelión.
La crisis institucional que se vivió no resuelve, sin embargo, el problema que plantea Oaxaca. ¿Actuó bien el general secretario o no? Desde el contexto de la seguridad nacional, en la lógica clásica de obediencia institucional, el general Vega sí incurrió en una insubordinación. Pero, ¿es una buena política utilizar a tropas para resolver un problema donde durante casi tres meses el gobierno federal se lavó las manos? Hay que revisar desde diferentes ángulos la posición del secretario de la Defensa. No fue un problema original de él que un problema político derivara en uno de seguridad nacional. Ética y políticamente, ningún gobierno puede jugar con las Fuerzas Armadas. Tampoco pueden existir jefes castrenses que actúen en función de los desastres operativos en que incurran los políticos. Quizás la revisión no deba ser en torno a los secretarios de las Fuerzas Armadas, sino a la manera como un gobierno, como el de Fox, generó tantos vacíos de poder que, en sus subproductos, provocó crisis institucionales que aún no terminamos de procesar.

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