El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Marco Antonio Maganda Villalba, manifestó que el fiscal Javier Olea Peláez no ha cumplido ni dado resultados en su cargo y que hay muchos casos sin resolver.
En rueda de prensa en las instalaciones del PAN municipal de Acapulco, el dirigente expresó que “el fiscal del estado no ha estado cumpliendo las expectativas de los guerrerenses. La verdad hay muchos casos, no nada más en el caso del diputado (priista con licencia) Saúl Beltrán, sino que no ha dado resultado en las investigaciones de asesinatos comunes y de personajes políticos”.
“Lo que le pedimos (al fiscal) el Partido Acción Nacional, que demuestre su trabajo. Sabemos que el señor tiene mucha capacidad pero hasta el momento el señor no ha dado buenos resultados”.
Maganda Villalba, exigió al fiscal que “las cosas” se aclaren, luego de que Olea Peláez dijo en una reunión con pobladores de San Miguel Totolapan el pasado 12 de mayo, que los habitantes aguantaran porque el diputado priista Saúl Beltrán a quien consideró “el tequilero número uno” tenía fuero constitucional y no lo podía detener.
Además refirió que el PAN no ha postulado en el estado a personajes ligados con la delincuencia organizada y que todos los que han sido evidenciados “son políticos que militan en el PRD y en el PRI”.
En la rueda de prensa dieron a conocer que desde ayer comenzó la actualización del padrón de los afiliados en el estado con su huella digital, donde hay 13 mil militantes, de los que esperan actualizar unos 8 mil afiliados. En Acapulco el padrón es de 4 mil 800 simpatizantes y de estos poco más de tres mil serán actualizados. En la conferencia también estuvo el presidente del Comité Municipal, Rafael Cisneros.

El vocero estatal en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, declaró que a pesar del cese de los 176 policías estatales que participaron en el paro de labores, ningún espacio territorial en Guerrero está descubierto.
Consultado la mañana de ayer en esta ciudad sobre la detención de un civil y un agente de la Procuraduría General de la República (PGR) por policías comunitarios de Mezcala, durante la tarde del miércoles, informó que éstos fueron entregados por el Ejército a la PGR para que en 48 horas se les investigue y se determine si cometieron algún delito.
Al vocero se le consultó sobre la afirmación que hizo el Fiscal General del estado, Javier Olea Peláez de que “el Tequilero número uno” es el diputado con licencia Saúl Beltrán Orozco y que por su fuero no se le puede detener, esto en una reunión con personas, al parecer habitantes de San Miguel Totolapan, y que fue difundido en un noticiero de Televisa.
Primero pidió a los reporteros dar un momento para buscar en su teléfono porque dijo que había escrito su postura, aunque al final no la encontró y mejor dijo que la tenía en la mente: “el fiscal Javier Olea es el titular de un órgano autónomo constitucional y el único que puede hablar sobre lo que ha vertido en una reunión, entiendo que privada, es el propio fiscal. Lo único que yo puedo expresar es respeto a las expresiones del titular de un órgano autónomo constitucional, ya será el Congreso o el propio fiscal los que tengan una opinión sobre este tema”.
En el caso del cese de los policías que participaron en un paro de labores, indicó que fueron dados de baja de acuerdo a lo que establece la ley en la materia, salvaguardando sus derechos laborales y a un finiquito por sus servicios.
Insistió en que los agentes incurrieron en “graves violaciones” a la ley de seguridad pública en el estado, que establece como causales de remoción el abandonar el servicio policial y encabezar, organizar o promover una movilización que conduzca al abandono a la función policial, y por lo tanto, “esto deja en la indefensión a los ciudadanos que tienen el legítimo derecho de estar protegidos”.
Agregó también que los agentes faltaron a los principios rectores a la función policial de respeto al mando y a los ciudadanos.
Justificó que la decisión “fue difícil de tomar, pero que si no se hace una decisión de esta manera, estaríamos dejado un mal precedente para que ocurriesen otros casos, no sólo aquí, sino en todo el país”.
Sobre las movilizaciones de protesta que hasta ayer por la mañana siguieron realizando los policías, aún portando el uniforme de la corporación, Álvarez Heredia indicó que la petición de la Secretaría de Seguridad Pública es que regresen sus uniformes y su equipo, y que quienes no lo hagan “sería como volver a caer en lo mismo, no tienen respeto por la disciplina y por los ciudadanos que es para quienes fueron formados para proteger”.
Un reportero le preguntó si con el cese no se deja desprotegida la población. Indicó que en la actualidad son cerca de cinco mil los policías estatales, “y ningún espacio territorial está descubierto por la falta de estos policías”.
A pregunta sobre si se abrirá una convocatoria para la contratación de nuevos agentes, el vocero indicó que no tiene los elementos para poder contestarla. También dijo que no tenía los elementos para confirmar si los agentes que fueron cesados tienen algún vínculo con la delincuencia organizada ni del monto que se erogará para liquidarlos.

Entregó el Ejército a la PGR al agente y a su acompañante detenidos en Mezcala

De las dos personas detenidas el miércoles por comunitarios de Mezcala, entre ellos un agente del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de la Subsede de la Procuraduría General de la República (PGR) con sede en Iguala, el vocero indicó que la información que tenía es que estos fueron entregados por el Ejército a la PGR para que fueran sujetos a una investigación.
Indicó que tienen 48 horas hábiles para poder determinar si incurrieron en algún delito o delitos.
Se le preguntó sobre algunas contradicciones en la operatividad de los comunitarios de Mezcala y la colocación de puestos de revisión en la carretera federal en el tramo Chilpancingo-Iguala, “vamos a ver al tiempo. Llegaron a un acuerdo entre autoridades y comisarios, y la autoridad fijó la determinación de lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer”, dijo sin entrar en detalles.
Mencionó que los comunitarios pidieron que se les entregara un cuadernillo en el que se les explique de manera pormenorizada la función en la que ellos pueden actuar, y los puntos en los que no se les permite.
Asimismo, el vocero reconoció que el mes pasado hubo un repunte delictivo, y que este es un tema que se tiene en la mesa de análisis y de trabajo que se analizará en la próxima sesión del Grupo de Coordinación Guerrero para reforzar la seguridad en los puntos en los que se ha registrado un repunte delictivo.
Informó, sin dar mayores detalles, que este repunte de violencia es en la zona Centro, Tierra Caliente y Acapulco, “son las zonas en las que ha habido un repunte delictivo que no vamos a minimizar, que no vamos a desconocer y que es motivo de trabajo en el Grupo de Coordinación Guerrero para revisar los esquemas de seguridad que se implementan en cada región y en cada municipio, y de esta manera combatir firmemente el crimen”.
Negó que esté fallando la estrategia de seguridad en esas regiones y municipio y afirmó que “lo que ha pasado es un aumento de la actividad de los criminales; o sea, la responsabilidad no es una responsabilidad del estado, sino una acción que debe ser castigada porque son los delincuentes los que han provocado que exista un repunte delictivo, que todas las autoridades tanto federales como estatales están obligadas a detener y a disminuir”.

La maestra en Ciencias Políticas de la UNAM, Martha Singer Sochet, señaló que en el caso de la violencia los investigadores no tienen acceso a la información porque las autoridades lo que buscan es ocultar la realidad y no cuantificarla. Puso como ejemplo los asesinatos de periodistas, quienes por conocer la verdad que no informan las autoridades son víctimas de la delincuencia.
Ayer fue inaugurado el primer seminario nacional Las Violencias en México causas, consecuencias y derroteros organizado por el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA-IMA) de la Universidad Autónoma de Guerrero. En la inauguración se llevó a cabo el panel Las instituciones académicas mexicanas ante el desafío del estudio de las violencias.
En el panel participaron el profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Nelson Arteaga Botello; la maestra en Ciencias Políticas de la UNAM, Martha Singer Sochet; el profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México José Luque Brazán, y el ex gobernador interino Rogelio Ortega Martínez.
En la ronda de preguntas de los asistentes, los invitados abundaron sobre el acceso a la información como base para los análisis cualitativos y cuantitativos, aunque reconocieron el problema de la dificultad que hay en las instituciones para acceder a ellos, coincidieron en que a partir de la información disponible se debe comprender la realidad
Singer Sochet acotó que no se debe sobredimensionar la necesidad de los datos duros en una investigación, “lo que me parece más importante el análisis cualitativo, es fundamental”.
Agregó que sin datos duros es una tarea titánica pero se puede hacer mediante estudios de opinión y los académicos deben visibilizar la problemática, discutir las políticas públicas e incluir en la toma de decisiones las voces de los sectores que han sido incorporados.
Señaló que “el acceso a la información es francamente complicado, en un problema como el de la violencia donde los datos se ocultan, se manejan en dos o tres versiones distintas dentro de las mismas instituciones para hacerlos mas confusos”.
“El producir la información es un grave problema pero no debe ser el principal obstáculo para hacer investigación sobre la violencia. A veces se tiende a sobredimensionar la necesidad de los datos duros, como si decir que aumentó un punto porcentual más fuera a cambiar el panorama”.
José Luque añadió que se podría medir la violencia pero “es más importante comprenderla, comprender los procesos que la configuran”.
Arteaga Botello razonó que lo que analizan los investigadores académicos son datos creados, “no hay información cruda sobre la realidad”.
Agregó que las instituciones académicas tienen “un gran reto” no sólo en la construcción de los datos sino en los diálogos con los entes gubernamentales y académicos, porque corresponden a las instituciones procesar los análisis y estudios de la realidad que construyen los investigadores basados en estadísticas y convertirla en políticas pública.

Violencia y pobreza

En su intervención, Martha Singer señaló que el problema de la violencia está ligado a pobreza, pues más de la mitad de la población vive en esta condición, la cual se agudiza con la corrupción que ensancha la desigualdad.
Consideró que el problema de la violencia en el país no es nuevo sino que se ha hecho visible porque estuvo por debajo del agua por muchos años y apenas empieza a asomar su cara oculta.
Indicó que a la academia le toca conjuntar esfuerzos con autoridades para encontrar alternativas de solución y ofrecerlas a la sociedad, para que cambien las políticas publicas.
Como factores que pueden atenuar los problemas de violencia en el país opinó que son la confianza en los procesos electorales, particularmente en la elección de este domingo en Coahuila, Nayarit y Estado de México así como cerrar las heridas que ha causado la violencia en el país.
En su participación, Nelson Arteaga opinó que los investigadores han llegado tarde a la análisis de la violencia: “llegamos tarde a un tema que se ha consolidado como tema central: qué significan las violencias, causas y consecuencias en términos de vida social y política”.
Añadió que en México el tema de la violencia se ha abordado desde la perspectiva de seguridad pública y hay un escenario fragmentado sobre las teorías de violencia.
Opinó que se deben tender puentes de comunicación entre estudios cualitativos y cuantitativos para mejorar procesos de análisis de la violencia.

Guerrero, zona de peligro

Luque Brazán relató su experiencia como investigador en Guerrero donde ha tenido que abandonar lugares por presiones de los grupos delictivos. El investigador no precisó un caso en particular pero señaló que en la entidad ha tenido que pedir permiso a policías comunitarias y en otros casos en lugares donde estaba haciendo entrevistas y llegan “los malos” y tiene que retirarse.
Con su experiencia indicó que el trabajo se investigación se reduce al escritorio porque en el campo la inseguridad lo ha limitado.
Llamó a integrar una comunidad científica que analice temas de violencia en el país para articular factores de clase, género, étnicos y edad y su ramificación en lo institucional.
El profesor de nacionalidad peruana, pero exiliado desde 1992, indicó que el problema de la violencia en México no se diferencia de Sudamérica a lo largo de diversas etapas desde 1960 donde la violencia y el conflicto siempre han estado presentes.

Una deuda pendiente

En su turno, el ex gobernador Rogelio Ortega señaló que es una necesidad de que se abran los archivos de las policías políticas, para conocer que pasó con los desaparecidos de la guerrilla.
Propuso que ante el problema de la violencia que se vive en el país se deben construir nuevos paradigmas con la base de que todo conflicto debe tener salida pacífica.

 

La secretaria general del PRD, Beatriz Mojica Morga, llamó al gobernador Héctor Astudillo Flores a fortalecer “el aparato de seguridad” para que pueda enfrentar la “delicada situación de inseguridad y violencia” en Guerrero.
Calificó el despido de 176 policías estatales como “un abuso de poder” del gobierno priista de Héctor Astudillo Flores, porque argumentó que sólo reclamaban mejoras laborales y lo llamó restituirlos en su trabajo.
A través de un comunicado de prensa la dirigente perredista llamó a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) a realizar una mediación y apoyo jurídico en busca de que los policías sean regresados a sus trabajos.
La también ex candidata al gobierno de Guerrero consideró el gobierno del estado debe hacer valoraciones “humanistas y laborales” para proteger a los policías y les den “garantías necesarias un mejor desempeño de su delicada tarea”.
Exigió que no sólo se busquen los argumentos legales para sustentar el despido, porque consideró que el gobierno estatal tuvo la responsabilidad por “su incapacidad de diálogo”
“Héctor Astudillo, como último responsable de la administración estatal, no debe ser el hilo más delgado que rompe la relación con la base trabajadora”, dijo Mojica Morga.
La perredista advirtió que en vez fortalecer el aparato de seguridad se envía la señal de cerrazón e incapacidad de solucionar problemas internos, y advirtió que con ello, se baja la moral “a quienes todos los días arriesgan su vida en una lucha desigual y en condiciones laborales adversas”.
La perredista consideró que es fundamental que el gobierno del estado subsane las “debilidades internas en materia de seguridad, que le permitan  enfrentar la delicada situación de inseguridad y violencia en Guerrero”.

 

Representantes de organizaciones de guerrerenses de California e Illinios, recriminaron que al gobierno y a los diputados no les interesan los migrantes, salvo por las remesas y criticaron la decisión del Congreso de aplazar la asignación del diputado migrante o binacional de las elecciones de 2018 a las de 2021.
El secretario de los Migrantes y Asuntos Internacionales, Fabián Morales Marchán consideró que no hay justificación para posponer esa elección, y anunció que pedirá un el análisis a expertos sobre los argumentos que usaron los diputados.
Agregó que en la elección local de 2015, la asignación del diputado migrante se aplazó por oposición de la fracción del PRD.
Desde Chicago, Illinois, el representante de Clubes Unidos de Guerrerenses del Medio Oeste, Erasmo Salgado, denunció vía telefónica que la decisión demuestra el poco interés de los políticos hacia los migrantes, contrario a los discursos.
Consideró extraño que gobiernos y diputados dicen “nos interesan mucho los migrantes”, pero a la hora de contar políticamente, “se cuartean, ahí dicen no, falta esto, falta el otro, porque no se prestó la debida atención”.
En este sentido, denunció que los migrantes sólo importan por sus aportaciones, no en las decisiones políticas.
Otro ejemplo, dijo, es que hace seis años se habló del voto en el extranjero por internet, “no sabemos a qué juegan, primero que sí, luego que no”.
Por separado, el representante de la Federación de Clubes Unidos por Guerrero en California (FECUG), Román Sánchez, consideró una burla que se aplace por segunda ocasión la elección del diputado migrante.
Aseguró que van a hacer lo posible para que la elección del diputado migrante sea tomada en cuenta en este proceso electoral, porque aún es tiempo de clarificar la situación legal y exigir que se respete la legislación.
Consideró que los políticos deben dejar de ver a los migrantes sólo como remesas, y permitirles participar más allá del programa de obra pública 3×1 Migrantes.
En tanto, Morales Marchán reconoció que no supo de la decisión de los diputados hasta que se había aprobado, porque la elección del diputado migrante se suponía un hecho, después que el líder de migrantes en Santa Anna, California, Gaudencio Vélez, señaló que nadie defendió la elección del diputado migrante en Guerrero.
Coincidió con los líderes migrantes en que el tema es  cuestión de voluntad política y reconocimiento de los compromisos con los paisanos, y que siempre ha presionado  para que se respeten  los derechos plenos de los migrantes no sólo en Guerrero sino del país.
Recordó que impulsó en 2013 la iniciativa del diputado migrante y la credencialización de los mexicanos en el exterior, “y los avances se han obtenido a tirabuzón porque realmente muchos (partidos) se rasgan la camiseta, y a la hora de demostrar lo que valen los migrantes no se refleja en sus decisiones”.
Estimó que los migrantes son doblemente discriminados: en Estados Unidos, que no es su lugar de origen, “y en nuestra tierra, nos ven como intrusos, como que queremos quitarles algo a ellos”.

El proceso para que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se convierta en un “trauma cultural” que incida en la vida pública con políticas que impidan la repetición del caso, está detenido porque no se ha definido quién fue el perpetrador, expuso el profesor e investigador de la Fa-cultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Nelson Arteaga Botello.
Arteaga Botello impartió ayer la conferencia magistral Duelo e indignación por Ayotzinapa: interpretaciones de un trauma colectivo en el primer seminario nacional Las violencias en México causas, consecuencias y derroteros, organizado por el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA-IMA) de la Universidad Autónoma de Guerrero.
En el auditorio de la escuela, Arteaga Botello compartió con los estudiantes un análisis del movimiento social generado a partir de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala. y subrayó que lo sucedido allí se ha convertido en un parteaguas en la manera en que se estudia la violencia en los centros académicos del país.
Expuso que el caso aglutinó a grupos diversos de la sociedad porque el dolor que generó la pérdida de los estudiantes lo sintieron como propio y salieron a las calles a exigir la presentación de los normalistas. Puso como ejemplo la multitudinaria marcha del 20 de noviembre de 2014 en la Ciudad de México, que ha sido la más numerosa de esta movilización social.
Indicó que en la revisión y análisis de las notas periodísticas y columnas de opinión que derivaron de la movilización social encontró que se trató de “un proceso de quiebre” en el que el dolor de un grupo –los estudiantes y los padres de los desaparecidos– se convirtió en “un dolor del conjunto de la sociedad”.
Destacó que esta movilización fue la primera donde los colores verde y rojo de la bandera nacional fueron sustituidos por el negro en señal de luto y los participantes provenientes de diferentes grupos sociales coincidieron en que la desaparición de los normalistas significa “agravio, dolor, indignación y rabia”.
Anotó, también que la enorme movilización social “socavó los símbolos de legalidad del gobierno”.
Nelson Arteaga indicó que en el análisis de las notas periodísticas que dieron cuenta de la marcha del 20 de noviembre de 2014 todas coincidieron en que fue multitudinaria, que participaron lo mismo académicos, sindicatos, religiosos, activistas, movimientos sociales y organizaciones de defensa de los derechos humanos que “señoras de Polanco” y un auténtico reclamo de justicia.
En las columnas de opinión encontró dos tendencias, la primera en la que un grupo coincidía en el agotamiento del sistema y el presidente debía renunciar. Otro grupo que advertía de que el gobierno hacía mal las cosas y debía corregir el rumbo.
Entre los columnistas conservadores, encontró que coincidían en que había descontento social pero hablaban de filtración de “fuerzas golpistas de izquierda”.
El investigador explicó, que un trauma cultural es “un proceso en el que los miembros de una colectividad sienten que han sido sometidos a una serie de eventos horrendos que dejan marcas indelebles sobre la conciencia de su grupo, grabando sus memorias para siempre y cambiando su futura identidad de manera fundamental e irrevocable”.
Para la construcción de un trauma cultural, abundó, son necesarias cuatro condiciones: “establecer la naturaleza del dolor, sus víctimas, y hacer que este dolor y este horror se sienta como colectivo y la identificación del perpetrador, del responsable”.
En el caso de Ayotzinapa, se han cumplido las tres primeras y se mantiene una “disputa simbólica” sobre quién o quiénes son los perpetradores “por eso no ha logrado cristalizarse como un trauma cultural”.
Un sector identifica como responsable a la autoridad local de Iguala, el alcalde José Luis Abarca Velázquez y la policía municipal que los entregó al grupo delictivo Guerreros Unidos y el otro sector señala al presidente de la República Enrique Peña Nieto y las instituciones federales por no resolver el problema de la violencia y la delincuencia.
Arteaga Botello agregó que el proceso de construcción del trauma cultural puede durar años y señaló que un ejemplo de trauma cultural por genocidio es el holocausto judío, durante la Segunda Guerra Mundial, mismo que, recordó, llevó años construirlo.
La moderadora de la conferencia, Paula Valle identificó como ejemplo de trauma cultural el caso de los feminicidios en Ciudad Juárez que derivó en políticas públicas como la alerta de género.

 
El alcalde Evodio Velázquez Aguirre sostuvo que no va a partidizar el trabajo “tan noble” e “institucional” que es atender a la gente, como indicó se hace con las Brigadas Hércules que ayer se llevó a la colonia Emiliano Zapata. Esto, en respuesta al coordinador de los regidores del PRI, Luis Miguel Terrazas Irra, quien dijo que denunciará el uso de dicho programa ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
Velázquez Aguirre indicó que esperará lo que determinen las instancias, pero “no voy a politizar mi trabajo, mi trabajo es institucional, el tema de partido que lo vean los partidos” enfatizó.
El coordinador de los regidores del PRI, Luis Miguel Terrazas Irra informó que su partido acudirá a la Fepade a denunciar el uso partidista de las Brigadas Hércules, y presentaran una queja en las contralorías estatal y municipal.
El lunes, en la sesión de Cabildo, Terrazas Irra expuso la inconformidad del excesivo uso del color amarillo en las camisetas de los brigadistas y vehículos, lo cual indicó denota que es un programa partidista y pidió devolverle el carácter institucional.
En declaraciones, después de la audiencia pública que se realizó en la cancha de la colonia Emiliano Zapata como parte de las acciones que integran las Brigadas Hércules, el alcalde dijo a Terrazas Irra que están en su derecho de denunciar a la Fepade como dijo que lo harán.
“Lo que yo tendré que seguir haciendo es trabajar y estaré atento lógicamente a lo que las instancias jurisdiccionales determinen con el posicionamiento de cualquier ciudadano”, expuso.
Enfatizó que no partidizará el trabajo noble como considera que es el atender a la gente, “no es un tema de partidos, es un tema de ver a todos y nosotros estamos con todos” puntualizó. Aseguró que no se atiende a los ciudadanos por pertenecer a uno u otro partido político, o por tener una forma de pensar u otra.
“Aquí no estamos poniendo letreros de nada ni de nadie, aquí estamos haciendo un trabajo institucional. Soy el presidente municipal de todos, seré respetuoso de aquellos que no lo compartan y más bien yo dejaré a los partidos políticos que hagan su trabajo”, puntualizó.
Añadió que con las brigadas también se atiende la seguridad, y que parte de la prevención del delito es darle una mejor condición de vida a la gente, con servicios, obras y una ciudad limpia.
De la insistencia del dirigente del PRI municipal, Fermín Alvarado Arroyo de que incurre en un delito electoral con las brigadas, el alcalde reiteró que él está cumpliendo con su trabajo, hablándole a la gente de frente y llevando programas, acciones y servicios a los sectores vulnerables para mejorar la condición de seguridad y fortalecer la paz “en eso estoy trabajando todos los días”.
El alcalde insistió en que con las brigadas se responde a la gente en los servicios que necesitan, “sin mentir, sin decir lo que no se pueda y más bien entender que todos somos corresponsables del Acapulco que queremos”.
Expuso que es una brigada integral en la que el alcalde y los funcionarios atienden el llamado de la gente, “aquí somos todos y atendiendo a todos los que se me acercan”.

Retroceso, límitar candidaturas comunes

Consultado respecto a la reforma a la legislación electoral que votaron los diputados en la sesión del miércoles en el Congreso local con la cual sólo se permitirá a los partidos que presenten candidaturas comunes en solo el 33 por ciento de los 81 municipios, Velázquez Aguirre consideró que era un retroceso para la democracia en el estado.
Añadió que en ningún estado del país hay una ley esta naturaleza, que limite. Dijo que las reformas se hicieron para homologar criterios de la ley electoral, generar mayor confianza en la población para que todos participen, así como reducir los gastos excesivos de campañas para que se pueda generar una propuesta ideológicamente consolidada con la población. No para limitar la participación electoral.

 

El representante del PRD ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Nicanor Adame Serrano, calificó a las reformas y adiciones a la ley electoral local que realizaron el PRI, PVEM y el PAN en el Congreso de Guerrero de “un albazo legislativo”.
Por su parte el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local, Héctor Vicario Castrejón afirmó que las reformas no tienen dedicatoria partidista y que ser realizaron para dar certeza a las elecciones.
El miércoles los diputados locales del PRI, PVEM y PAN reformaron y adicionaron al artículo 165 de la ley, pretenden que sólo en un 33 por ciento de distritos y municipios los partidos políticos puedan ir en candidatura común.
Nicanor Adame afirmó que la reforma y modificación la legislación local transgrede los artículos 41, 115 y 116, fracción cuarta en su inciso A de la Constitución federal, porque limita “de manera irracional, desproporcionada e innecesaria la libre participación política de los partidos políticos y los candidatos”.
El representante del PRD apuntó que la reforma tiene un sesgo político, con la intención de  evitar que los partidos de izquierda postulen candidatos comunes en la mayoría de los distritos y municipios.
Con eso, afirma que el PRI pretende limitar la participación política de los partidos en candidaturas comunes en los distritos locales y ayuntamientos.
Pero apuntó que eso solo podrá ser si la reforma “pasara en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, porque adelantó que el PRD impugnará la modificación que el PRI, PVEM y el PAN realizaron el miércoles.
Acusó al PRI de modificar la ley al más puro estilo del PRI, “tras bambalinas y en lo oscurito, fue un albazo legislativo”
Con la reforma aprobada el miércoles en el Congreso local, se permitiría que sólo se puedan registrar 26 candidaturas comunes de los 81 municipios y 9 de los 28 distritos, explicó el también ex diputado del PRD.
“Con ello, el PRI que es el partido de la antidemocracia está frotándose las manos para ganar en 55 municipios y en 19 distritos electorales; con ello pretenden regresar al esquema de carro completo a costa de la democracia”, pero afirmó que los electores ya no confían “en las despensas, en el uso de los programas sociales, en la dádiva, en el reparto, en la compra del voto”.
Afirmó también que esas reformas avasallan y cancelan “de tajo el derecho de los ciudadanos, candidatos y partidos políticos de participar en la contienda electoral, en la forma y términos que mejor le favorezcan”
Al igual que la bancada perredista, Nicanor Adame acusó al PRI utilizar al Congreso para ganar municipios y diputaciones, y que solo están legislando para su partido.
Por su parte el diputado priista Héctor Vicario Castrejón, quien es el presidente de la Comisión de Justicia que dictaminó las reformas aprobadas el miércoles, negó los señalamientos de la fracción perredista en el sentido de que fueron una estrategia del tricolor para impedir las candidaturas comunes de los partidos de izquierda en el estado.
Consultado por teléfono dijo que las reformas y adiciones no tienen dedicatoria partidista, y que el poder Legislativo local tiene facultades para realizar los cambios que hizo el miércoles.
Dijo que el PRD en los temas que desconocen, utilizan la descalificación y el tema político. Sin embargo lamentó que no acudieran a la sesión para debatir.
Afirmó que el PRI no necesita ningún artilugio legal para ganar las elecciones de 2018, y que su inconformidad la deben manifestar ante las instancias a las que les compete su revisión.
Vicario Castrejón reconoció que no hay antecedentes en el país de la limitante que se estableció en la ley local, de la que dijo “solo es para dar mayor certeza a la elección”.