La audiencia intermedia por el caso del asesinato de la doctora Adela Rivas Obé, quien era directora de micro zona de las clínicas del IMSS en los municipios de Petatlán, Zihuatanejo y La Unión, que estaba programada para ayer se suspendió debido a que el presunto responsable, Edgar Arturo consiguió un amparo que señala que todo el proceso deberá reponerse.
Ayer se llevaría a cabo la audiencia intermedia en la que la Fiscalía General del Estado (FGE) ofrecería y presentaría sus pruebas sobre el caso, sin embargo a petición del abogado defensor del presunto responsable ante el juez de Control y Enjuiciamiento Penal de los Distritos de Azueta y Montes de Oca, Vicente Guerrero Campos, la audiencia se suspendió hasta nueva fecha, porque la Fiscalía entregó tarde unos documentos a la defensa y no han sido analizados.
Además mencionó el amparo indirecto a favor de su cliente otorgado por el juez Tercero de Distrito con sede en Acapulco, en el que se le ordena al juzgado la reposición del proceso legal.
Los representantes de la Fiscalía dijeron tener conocimiento de dicho amparo, y coincidieron con la propuesta de la defensa y la audiencia se pospuso.
El juez de Control y Enjuiciamiento Penal, Vicente Guerrero se refirió al amparo indirecto 1097/2016-II otorgado a favor del imputado el 24 de febrero pasado, en el que el juzgado federal ordena que se reponga todo el proceso, pero todavía no ha llegado esa instrucción directa a este juzgado por lo que consideró que de llevarse a cabo la audiencia intermedia “sería inocuo”.
La audiencia estaba programada para iniciar a las 11 de la mañana, sin embargo comenzó con algunos minutos de retraso debido a que el inculpado llegó tarde, lo que provocó que el juez hiciera un exhorto a las autoridades correspondientes “para que no vuelva a ocurrir”.
Uno de los familiares de Edgar Arturo dijo que llegó tarde a la audiencia porque “no llegó antes la Policía Estatal a resguardar el juzgado, y mi pariente fue expuesto a que le pasara algo, y al administrador del juzgado no lo vi haciendo nada al respecto y ni estaba en el juzgado”.

 

En el segundo aniversario luctuoso del activista Antonio Vivar Díaz, quien fue asesinado el 7 de junio 2015 durante la jornada electoral por agentes de la Policía Federal (PF), sus familiares harán una jornada por la justicia, la verdad y contra el olvido, que comenzó ayer y terminará el próximo miércoles.
Las actividades del 1 al 5 de junio son la proyección de documentales como Gritando por Ayotzinapa en la Montaña, Guerrero, actividades culturales, poesía, música y brigadas informativas.
Para el 6 de junio los familiares harán una misa y ofrenda floral en la capilla del Tepeyac a las 4:30 de la tarde, lugar donde fue asesinado por policías federales que entraron por la fuerza a liberar a unos 30 de sus compañeros que estaban retenidos por los vecinos dentro de la iglesia, mientras se esperaba la llegada de profesores que fueron detenidos por policías en las oficinas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), en el contexto de las protestas para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala.
Para el miércoles convocaron a una marcha que partirá del mercado Nuevo Horizonte para Guerrero en la colonia Aviación para exigir el esclarecimiento y castigo a los culpables de su asesinato.

 

 

La feminista María Luisa Garfias Marín consideró que 18 asesinatos de mujeres en mayo es muestra de una situación de violencia extrema, y el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres debió instalarse en sesión permanente, para orientar acciones con todas las secretarías de gobierno, y no esperar el resultado de la declaración de alerta de género por violencia feminicida que se encuentra en proceso.
Consultada vía telefónica sobre las muertes violentas de mujeres documentadas por la prensa este mes, señaló que mayo ha sido el mes donde más muertes se registran cada año, a pesar de que se conmemora el Día de la Madre.
Añadió que entre las activistas que impulsaron la solicitud de alerta de género en Guerrero, han comentado que estos datos deben alertar a las autoridades sobre una situación de emergencia.
Indicó que en el estado “parece que no pasara nada, cuando deberían estar arrancando acciones coordinadas todas las secretarías del estado, no tienen que esperar a que se declare la alerta de violencia de género”.
Consideró que el gobernador Héctor Astudillo Flores debió llamar de manera urgente a los alcaldes para iniciar acciones ante la violencia extrema, porque la violencia no se va a parar, “tendrían que ponerse ya las pilas, comenzar una campaña permanente, moverse con la sociedad, dejar esos discursos que se han estado dando, que las autoridades están a favor de los derechos de las mujeres. Es una situación que merece toda la atención de autoridades y organismos empresariales públicos y privados”.
Subrayó que no sólo están matando a mujeres, sino a jóvenes, niños, homosexuales, “hay una escalada de violencia generalizada. A los jóvenes los están matando y no tiene parada esta situación de violencia”.
Cuestionó que diputados en el Congreso se niegan a ver el problema por la iniciativa que presentó hace dos días el partido Movimiento Ciudadano para prohibir el uso de recursos ilícitos en el proceso electoral, que votaron en contra. Consideró que no es momento de ningunear ninguna propuesta.
De los asesinatos de mujeres añadió que las organizaciones suman 18 casos en mayo, y todos deben ser revisados como probables feminicidios de acuerdo con el protocolo de investigación, “nadie puede decir que no son feminicidios hasta que la investigación demuestre que no lo es”, subrayó.

 

Ayer fue el tercer careo entre el consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla, Arturo Campos Herrera y uno de sus denunciantes, quien dijo que no lo conocen ni les pidió dinero por su libertad, ante lo que los delitos de secuestro que lo mantienen encarcelado se desvanecen.
La audiencia inició a las 10 de la mañana ante el juez de Primera Instancia en materia penal del distrito judicial de Morelos, Aurelio Gutiérrez Cruz, con la presencia de uno de los cuatro citados a comparecer.
El agraviado que se presentó fue Cristian Hernández Fuentes de la comunidad de Tlalquetzala del municipio de Huamuxtitlán, faltaron María Meza, Ramiro Santiago y Susana Baltazar por lo que la diligencia concluyó a la una de la tarde.
Durante la audiencia de careos procesales del expediente 196/2013-I-A a Hernández Fuentes y Campos Herrera les leyeron las declaraciones para que ratificaran o negaran los señalamientos.
De ahí el juez preguntó a Cristian si conocía a Arturo Campos y si éste le había pedido dinero, ante lo que respondió que no lo había visto ni le había pedido dinero, de igual manera contestó el consejero regional que él no lo había detenido, no le había pedido dinero y no lo conocía.
Cristian remarcó que fue detenido por policías de su comunidad que luego lo llevaron a la Casa de Justicia de El Paraíso, donde permaneció hasta que fue liberado en una operación de militares que desmantelaron la Casa de Justicia.
Los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Rubén Darío Silva Morales y Aarón Díaz dijeron que solicitaron cuatro careos en este juzgado, pero les negaron uno para trasladar a Campos Herrera de Ayutla a Tlapa.
Mencionaron que los delitos que se le imputan pierden solidez con las declaraciones de los agraviados, que no lo conocen y aceptan que él no les pidió dinero, por lo que no se configura el secuestro.
Al concluir Campos Herrera fue sacado del penal y trasladado en una patrulla estatal a la cárcel de Ayutla, donde está recluido desde el 2013.

El 6 de junio, un día antes de la conmemoración de 19 años de la masacre de El Charco, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad (RSDCI), Iglesias por la Paz y la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) saldrán en caravana de la Ciudad de México (Cdmx) a Ayutla, con una parada en Chilpancingo.
Ante los hechos violentos en la entidad hicieron responsables a las autoridades, en particular al gobierno del estado, por la integridad de los activistas en la denominada Caravana por la Paz a 19 años de la masacre de El Charco, Memoria, Justicia y Verdad.
Agrega que el objetivo de la caravana es “llevar vientos de esperanza a los sobrevivientes y viudas de esta masacre y exigir nacional e internacionalmente, junto a las víctimas directas e indirectas, justicia y verdad a 19 años de impunidad y omisión de parte del Estado mexicano”.
Menciona que la masacre fue perpetrada por soldados del Ejército mexicano bajo las órdenes de los generales Luis Humberto López Portillo, y Juan Alfredo Garnica Oropeza durante el gobierno de Ernesto Zedillo, y en el interinato de gobierno de Ángel Aguirre.
lpancingo).

Vecinos de Tierra Colorada, la cabecera del municipio de Juan R. Escudero, agrupados en el recién creado Movimiento por la Paz y la Concordia de los Pueblos, marcharon la tarde de este jueves y exigieron la salida de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que ya instaló una base en la colonia Lázaro Cárdenas, a la salida del poblado rumbo al puerto de Acapulco.
La protesta se organizó en respuesta a que este martes policías ciudadanos de la UPOEG levantaron a Sergio Flores, simpatizante del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) en El Ocotito, municipio de Chilpancingo, “solamente porque lo ubicaron como habitante de Tierra Colorada en donde tiene su bastión el FUSDEG”, dijo uno de los vecinos.
La movilización volvió a tensar la situación en esta cabecera municipal cuando los civiles desarmados exigieron a gritos a una distancia de 100 metros de la base de los policías ciudadanos de la UPOEG, su salida de la cabecera municipal.
Los policías ciudadanos encañonaron desde lejos a los manifestantes y algunos civiles desarmados que salieron a respaldarlos también lanzaron insultos a los manifestantes que gritaban consignas y portaban pancartas en contra de la policía de la UPOEG.
El Movimiento por la Paz y la Concordia de los Pueblos se constituyó el 25 de mayo pasado, después de una marcha por la paz que encabezó el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza.
Este jueves hizo su aparición pública con esta marcha en la que participaron entre 150 y 200 ciudadanos, entre mujeres, niños y adultos que corearon consignas como: “fuera la UPOEG”.
Los manifestantes se concentraron en el crucero de la carretera que va a Ayutla, en donde bloquearon aproximadamente media hora la carretera federal México-Acapulco. Después caminaron unos 200 metros al acceso a la colonia Lázaro Cárdenas, ubicada al sur de la cabecera municipal por el lado de la Autopista del Sol, en donde hace dos semanas se instaló una base de la Policía Ciudadana de la UPOEG.
Los manifestantes portaban pancartas con consignas como: “exigimos nos devuelvan la paz”, “la colonia Lázaro Cárdenas repudia a la UPOEG”, “Leonel Leyva Muñoz (presidente municipal), es el responsable de la guerra”, “Tierra Colorada pide la paz, fuerza UPOEG”, “el pueblo ha aprendido a defenderse solo, no necesitamos extraños”.
El ambiente se volvió tenso cuando los manifestantes llegaron a unos 100 metros de la base de la policía de la UPOEG en donde estaban apostados policías ciudadanos apuntando sus armas hacia donde llegó la marcha, mientras que algunos civiles desarmados que estaban con ellos gritaron insultos a los manifestantes y amagaron con lanzarles piedras.
Los miembros del Movimiento por la Paz y la Concordia de los Pueblos respondieron con consignas de “fuera UPOEG”, y después de unos 20 minutos se retiraron “para no caer en la provocación”, argumentó uno de los integrantes.
Los vecinos contaron que el 16 de mayo irrumpieron hombres armados con playeras de la UPOEG, quienes mataron a un taxista y “levantaron” al ex comandante de la Policía Comunitaria del FUSDEG, Plácido Macedo Adame, de la comunidad de Xaltianguis, municipio de Acapulco, hecho que aprovecharon para instalar una célula de la UPOEG en la colonia Lázaro Cárdenas.
“Fue una irrupción violenta, no fue una libre determinación de la colonia, no es el pueblo de Tierra Colorada que se los esté pidiendo, tuvieron que utilizar la violencia, tuvieron que asesinar a un taxista y levantar a uno del FUSDEG para poder entrar a esta cabecera municipal”, dijo uno de los organizadores de la marcha visiblemente molesto.

Cuatro levantados por la UPOEG

Consultada después de la marcha la integrante del FUSDEG, Ruth Delgado informó que ya son cuatro los integrantes de esa agrupación que han sido levantados por miembros de la UPOEG: Jesús Elacio Contreras, Inocencio Ramírez de Tlayolapa, Plácido Macedo Adame, ex comandante de la policía comunitaria de Xaltianguis que estaba refugiado en Tierra Colorada, y el caso más reciente es el de ayer en El Ocotito, Sergio Flores.
El levantón de Jesús Elacio ocurrió en el enfrentamiento entre policías ciudadanos de la UPOEG y policías comunitarios del FUSDEG el 24 de noviembre. Mientras que el de Inocencio Ramírez ocurrió el 24 de octubre del año pasado. El 16 de mayo fue levantado Plácido Macedo y este jueves Sergio Flores.
Dijo que desde el 16 de mayo pasado la cabecera municipal vive en un ambiente de tensión porque después de la irrupción de gente armada de la UPOEG, instalaron una base en la colonia Lázaro Cárdenas con gente que no es de la cabecera municipal, sino de otros municipios.
“Ellos irrumpieron como delincuentes, como sicarios y tienen inestable a la comunidad desde ese día”, dijo y se quejó que mientras tanto el gobierno del estado mantiene suspendido el diálogo para evitar la violencia.
“Nosotros solamente tenemos una petición, que respeten la libre determinación del pueblo, que respeten nuestra autonomía y que se retire esa célula criminal que se ha instalado en la colonia Lázaro Cárdenas, porque ni la misma colonia los respalda, solamente es tolerada por el gobierno del estado y promovida por el presidente municipal, Leonel Leyva Muñoz”.
Responsabilizó al alcalde perredista de nuevos hechos de violencia, lo acusó de que es el principal promotor de la irrupción de los civiles armados encabezados por la UPOEG.
Ruth Delgado dijo que el FUSDEG está de acuerdo en que se decida en asambleas quién se quedará a cargo del resguardo de la seguridad en la cabecera municipal, si la UPOEG o el FUSDEG, como lo ha declarado el dirigente de la primera organización Bruno Plácido Valerio, pero dijo que el problema es que la postura de Plácido es de puro discurso porque en los hechos está entrando por la fuerza de las armas.
“Es un doble discurso el que maneja el señor Plácido Valerio, él no está en el territorio, decide solamente con lo que le informan, a él jamás lo van a ver dando una entrevista aquí, jamás lo van a ver en San Marcos o en Ayutla, si quieren entrevistarlo tienen que citarlo en un restaurante de lujo, y la información así se tergiversa”, declaró.
Denunció que mientras tanto el diálogo entre los dos grupos y el gobierno del estado sigue suspendido, “el gobierno del estado no ha cumplido con una agenda que tenía programada”, denunció. Dijo que de seis reuniones programadas solamente se han realizado tres.
Al hacer un recuento del saldo que ha dejado el conflicto en el que “el pueblo de Tierra Colorada se ha enfrentado a la delincuencia muy bien organizada utilizando la camiseta de la UPOEG”, dijo que son aproximadamente 50 muertos de ambos lados, más de 200 desplazados y cuatro desaparecidos del FUSDEG.
Del Movimiento por la Paz y la Concordia de los Pueblos, explicó que surgió al margen del FUSDEG, que fue integrado por ciudadanos que solamente piden paz y seguridad a raíz de la inestabilidad que ha traído a esta cabecera municipal la delincuencia organizada bajo el disfraz de la UPOEG.

 

 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) prepara un nuevo informe sobre el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
El ombudsman, Luis Raúl González Pérez y el titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala de la CNDH, José Larrieta, se reunieron ayer en la tarde con padres y madres de los estudiantes desaparecidos.
Consultado al respecto, Mario César González, padre del normalista desaparecido César Manuel González, mencionó que en el encuentro les confirmaron que habría un nuevo informe del caso.
“Les pedimos que presentaran ya el nuevo informe, lo más pronto posible, para ver qué es lo que trae de nuevo”, dijo vía telefónica.
“Se trató de una reunión normal, en la que (los funcionarios) fueron a reiterar el apoyo”, agregó.
Aunque rechazó tener indicios del contenido del nuevo informe reconoció la labor que la CNDH ha desempeñado para tratar de esclarecer el caso, pues fue la que identificó a los dos agentes de la Policía Federal (PF) que presenciaron cuando policías de Huitzuco se llevaron a un grupo de jóvenes frente al Palacio de Justicia.
“Están exigiendo lo que es la verdad y eso se agradece porque también es lo que quieren los padres de familia”, dijo.
En un comunicado de prensa la CNDH indicó que en la reunión, llevada a cabo en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, se refrendó el compromiso de continuar las investigaciones del caso.
“No bajaremos la guardia, los acompañaremos y estaremos con ustedes”, les dijo el ombudsman, según el boletín.
A decir de la CNDH los abogados de los padres de los normalistas coincidieron con las líneas de investigación que debería seguir la Procuraduría General de la República (PGR).
El 23 de julio de 2015 la CNDH emitió 26 observaciones y propuestas a la PGR en el documento Estado de la Investigación del Caso Iguala.
Posteriormente, en otro documento, señaló la participación de policías federales y de Huitzuco en la desaparición de normalistas que viajaban en el autobús 1531, y finalmente presentó un tercer informe sobre la tortura que sufrió Julio César Mondragón antes de morir.

Los siete cuerpos que fueron hallados el miércoles cerca del poblado de Agua Zarca en la sierra de Ajuchitlán del Progreso estaban en dos fosas clandestinas y los restos fueron trasladados al Ministerio Público (MP) en Coyuca de Catalán, confirmó ayer.
Según el informe oficial, adelante de Agua Zarca pero dentro del mismo ejido fueron halladas las dos fosas que estaban separadas por unos 15 metros.
Los restos son de hombres, dos estaban en una fosa y cinco en la otra, no se pudo determinar con precisión la causa de la muerte debido a las condiciones en las que se encontraban los cuerpos.
Nadie de la localidad pudo informar con precisión acerca de los acontecimientos. Tampoco hubo identificación de los cuerpos.
Una versión relacionó los hechos con enfrentamientos entre grupos armados que se dieron en las colindancias con el pueblo de Palo Barrenado en diciembre, donde incluso se confirmó la muerte de cuatro personas, entre ellas un niño, posteriormente se reportaron otros enfrentamientos donde no acudieron las autoridades.

Los policías estatales de la Secretaría de Seguridad Pública estatal despedidos se reunieron ayer con el subsecretario de Administración del gobierno del estado, Tulio Samuel Pérez Calvo, y con el director general de Administración y Desarrollo de Personal, Jaime Ramírez Solís, para atender la demanda de reinstalación de los 176 dados de baja luego de su paro de labores.
Los inconformes se reunieron más de 2 horas con los funcionarios en la Secretaría General en Palacio de Gobierno, asistieron el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humano (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, y el subsecretario de Administración de Apoyo Técnico y Capital Humano de la SSP, Edwin Tomás Martínez Godoy.
El abogado de los policías despedidos, David Clemente Herrera Mijares comentó que la petición al gobierno del estado de los 176 agentes despedidos, es que sean liquidados al 100 por ciento conforme a la ley, además a los que estén interesados sean reincorporados a la corporación, “la SSP investigará caso por caso y determinará si son reintegrados”.
Dijo que los que aparecieron en la lista de los 176 despedidos, quienes no participaron en el paro laboral porque estaban de vacaciones y de descanso, investigarán su situación para que sean reinstalados.
“Hay policías que quieren ser liquidados conforme a la ley, algunos quieren regresar a laborar en la corporación, pero en la siguiente reunión vamos a tocar este tema para atender los derechos laborales de los 176 policías despedidos de manera irregular”, declaró.
Otro abogado de los agentes estatales despedidos, Omar Benítez Valdovinos señaló que en otra reunión de la que no precisó cuándo fue, entregarán un listado para saber quiénes aceptan ser liquidados conforme a la ley. Agregó que intervendrán para que no les retengan su próxima quincena.
El miércoles la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó en un boletín de prensa que separó del cargo y dio de baja definitiva a 176 policías estatales, porque incurrieron en una conducta violatoria de la ley.
Después del anuncio de los despidos unos 200 policías estatales marcharon a la Codehum y presentaron una queja en contra de la SSP, luego que funcionarios de la dependencia les informaron que 176 de los 600 que participaron en el paro fueron dados de baja por sabotaje y porque no se integraron a sus labores.
El lunes unos 600 policías estatales de la región Centro, de Chilapa y de Mártir de Cuilapan (Apango) pararon labores en el cuartel central cerca del tutelar de menores de Chilpancingo, para exigir al gobernador Héctor Astudillo Flores y al secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, una jornada laboral de tres días de descanso por cada tres de trabajo, y el pago de un bono de riesgo de 3 mil 500 pesos a 12 mil.

 

Ante la advertencia de que este jueves serían desalojados, vendedores ambulantes que se instalaron de manera irregular en la calle Violeta, atrás del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla en Chilpancingo, se prepararon con machetes, palos con clavos y tubos.
En un recorrido en la calle Violeta, los comerciantes de 31 puestos ambulantes informaron que el Ayuntamiento de la capital les entregó tres notificaciones de que se retiraran, el martes clausuró los locales de madera y les dió un ultimátum de 48 horas para que desalojaran.
Uno de los vendedores, Luis Felipe Santos comentó que están instalados en esta calle desde hace un mes y desde esa fecha el Ayuntamiento les cobra 10 pesos a cada local, es decir diariamente pagan 310 pesos, y de 31 días, 9 mil 10 pesos.
Explicó que la calle Violeta estaba abandonada, había basura, maleza y algunos ciudadanos iban a drogarse o tomar bebidas embriagantes, por eso los vecinos de la colonia Elías Naime Nemer solicitaron al alcalde priista Leyva Mena que limpiara y colocara vigilancia en el lugar, pero no hubo solución a sus demandas.
Contó que ante la falta de respuesta de las autoridades municipales, los vecinos de la colonia limpiaron y colocaron 31 puestos de artesanías y algo más, para que se pudiera transitar y para beneficiar a las familias.
Luis Felipe Santos aseguró que el Ayuntamiento en el transcurso de la semana les entregó tres notificaciones y la última decía que tenían 48 horas para desalojar, manifestó que hablarán con las autoridades municipales para que les permitan vender y regularizar sus locales.
El vendedor ambulante detalló que las autoridades municipales les dieron de plazo hasta este jueves a las 11 de la mañana para desalojar.
Los ambulantes se armaron con machetes, tablas con clavos y tubos, para evitar un posible desalojo violento, consideraron que tienen derecho de estar en la calle porque ellos limpiaron la zona y han evitado que haya inseguridad.
Ayer, los vendedores ambulantes no fueron desalojados, pero aseguraron que vigilarán para que no les destruyan sus locales.
El 22 de mayo, locatarios establecidos del mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla exigieron al Ayuntamiento de Chilpancingo que regule a los vendedores ambulantes porque obstruyen las salidas de emergencia del lugar y cierran calles para vender sus productos.