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No se puede emitir la alerta de género porque los asesinatos de mujeres son por el narco, dice el fiscal

El fiscal general de Guerrero, Xavier Olea Peláez aseguró que no hay elementos para emitir una alerta de género en el estado porque los homicidios de mujeres “indican” que están relacionados con el narcotráfico.
Además consideró que no sólo se debe despenalizar la mariguana sino que se deben incluir “otras drogas” como la cocaína.
En declaraciones antes de la ceremonia por el 74 aniversario del Día de la Marina, previo al zarpe del buque Romero (PO-144) en el parque de La Reina, Olea Peláez comentó que no hay elementos para establecer una alerta de género en Guerrero por los feminicidios, pues aseguró que los asesinatos de mujeres “indican” que están relacionados con el narcotráfico.
“Creo que es muy importante despenalizar la mariguana hasta cierto número de gramos, porque puede significar que es para consumo personal y también se debe pensar en la cocaína y en otras sustancias”, propuso.
Cuando se le recordó que académicas y feministas han solicitado que se declare la alerta de género, el fiscal dijo que ellas carecen de estadísticas que sustenten su petición, y añadió que no le han solicitado los informes.
Señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) entregó a la Secretaría de la Mujer (Semujer) y a la presidencia del Tribunal Judicial las estadísticas que tiene sobre asesinatos de mujeres.
Mencionó que el año pasado hubo 40 mujeres asesinadas, que en este año van siete y solamente en un caso podría tratarse de feminicidio.
“No alcanzamos a pedir la alerta de género”, aseveró.
Afirmó que la incursión de las mujeres en la delincuencia organizada “es voluntaria” y mencionó que es un modus vivendi el vender droga.
“Tenemos una estadística, no recuerdo el número, pero sí podemos decir que no estamos dentro de los parámetros para acceder a ninguna alerta de género, (los registros) se analizaron con el presidente del Tribunal, con el señor gobernador, se ha hablado con diputados y no estamos dentro del esquema que se señala para estos efectos”, reiteró el fiscal.
Dijo que un elemento para que se considere un asesinato de mujer como feminicidio es que no se debe exhibir el cadáver.
Mencionó que el caso de una mujer que fue asesinada en la costera, “vendía pastillas, vendía mariguana y vendía cocaína, entonces no es tan fácil; hay jóvenes que pueden ser adictas también”.
De la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal mencionó que la Fiscalía está lista para atender las denuncias bajo el nuevo esquema.
Incluso aseguró que ayer en Costa Azul hubo un primer caso por un delito de violencia intrafamiliar que atendió el vicefiscal, José Alfredo Bonilla.

Se va la PF de Tlapehuala, Ajuchitlán y San Miguel Totolapan; se quedan sin vigilancia

La Policía Federal se retiró de los municipios de San Miguel Totolapan, Ajuchitlán y Tlapehuala, y quedaron sin seguridad porque no cuentan con agentes municipales, a pesar de que en donde existe el mayor problema de violencia en la región Tierra Caliente.
Desde el sábado la Policía Federal retiró de los hoteles que tiene como base a sus grupos de San Miguel Totolapan, Ajuchitlán y Tlapehuala.
Los ayuntamientos consideraban que se trataba de un cambio regular de guardia en el cual se van grupos y llegan nuevos, pero ya pasaron cinco días y los municipios se encuentran sin seguridad alguna.
En Tlapehuala se observaron grupos del Ejército en la base policiaca, además de otro en la comunidad de Poliutla, la más grande de ese municipio, que se ubica en la carretera federal en el cruce del camino que va hacia San Miguel Totolapan.
A Ajuchitlán del Progreso llegó el Ejército que se mantuvo este miércoles en la plaza principal en recorridos a pie, y después de 2 horas se retiró de la zona.
En San Miguel Totolapan hay aproximadamente 30 soldados.
No se conocen los motivos por los que la Policía Federal retiró a sus agentes de esos municipios.
Tlapehuala, Ajuchitlán y San Miguel Totolapan colindan con Arcelia en un punto en el cual se ha concentrado la mayor parte de disputas de los grupos de la delincuencia organizada en Tierra Caliente.
En Coyuca de Catalán y Altamirano se sigue concentrando la mayor cantidad de policías federales, y en los demás municipios se reporta que también se mantienen los agentes.
Desde el 5 de diciembre del 2014, la Policía Federal se hizo cargo de la seguridad de los nueve municipios de la Tierra Caliente, y por órdenes de la federación desarmaron a todas las policías municipales, por lo tanto eran la única corporación a cargo de la seguridad en esos municipios.

Detiene la Fiscalía a un consejero de la CRAC en Tototepec por un conflicto con priistas

Vecinos de la comunidad na savi de Tototepec municipio de Tlapa, exigieron la liberación de un consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) detenido por policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) la mañana de ayer.
El policía comunitario Cornelio Montalvo Rivera fue detenido debido a un enfrentamiento a balazos ocurrido el 5 de abril de 2015, cuando dos grupos en discordia se disputaban la Comisaría municipal.
El presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Honorio Morales Bonilla informó que ciudadanos de la comunidad fueron a los juzgados penales en Tlapa, donde se llevaron a Montalvo Rivera tras su detención, para exigir su libertad.
“Se supone que por el bien del pueblo hicimos una tregua: que ni ellos ni nosotros seguiríamos con las denuncias de los enfrentamientos que hemos tenido por pensar y ser de grupos distintos”, mencionó.
Acusó al presidente municipal priista de Tlapa, Jesús Noé Abundiz García, de motivar a sus militantes al permitir que se apropien y tengan actividades en áreas comunales y con apoyos de programas que deberían llegar a la Comisaría, como el espacio de administración y gobierno de Tototepec.
También señaló al alcalde priista de Alcozauca,  Nicolás Diego Herrera, de alimentar las disputas internas porque acudió hace días a la comunidad a entregar obsequios a los priistas en el espacio que era la Conasupo, el cual es del pueblo y no de particulares “ellos se apropiaron de ese lugar y se va a recuperar”.

Retiran los bloqueos a las carreteras de Tlapa después de dos días los damnificados de la Montaña

El Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña levantó su plantón después de dos días de bloqueo a las carreteras federales Tlapa-Puebla y Tlapa-Chilpancingo, y liberó las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), a las 10 de la noche, cuando aceptó una reunión con autoridades federales programada para el 7 de junio.
El bloqueo de las carretas fue permanente, y se agregó otro lugar conocido como Tres Caminos en la carretera Tlapa-Chilpancingo, que es la ruta que conecta con los municipios de Olinalá, Ahuacotzingo, Chilapa y Cuautla, y que se toma para llegar a Chilpancingo o a Puebla.
Los otros dos bloqueos estaban en el crucero de El Otate, que comunica con Alcozauca, donde colocaron piedras en la carretera a Puebla, carros y mantas en las que plasmaron su exigencia de granos, y en el crucero de Tlatlauquitepec, municipio de Atlixtac.
El Consejo exige que le respondan cuándo iniciará la segunda etapa de entrega de los granos básicos, con un monto de 300 millones de pesos y que haya una comunicación directa con el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luis Enrique Miranda Nava.
Los integrantes del Consejo informaron que la federación les ofrece una reunión para el día 7 de junio, que consideraban una fecha muy lejana pero que finalmente aceptaron.

Pedirán medidas cautelares ante la CNDH para los que protestan, anuncia Abel Barrera Hernández

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, que acompaña al Consejo, comunicó que están en contacto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que tenga conocimiento de las demandas del Consejo y brinde medidas cautelares a los inconformes que están manifestándose.
También pidió la intervención del presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez para que intervenga ante gobierno federal y la Segob, para que atiendan las demandas, porque las autoridades han postergado la satisfacción de las necesidades de los pueblos.
Dijo que enviarán un escrito formal a la CNDH para que dé seguimiento del caso y proteja los derechos de las personas que se está manifestando, para que no haya represalias ante la toma de las carretas federales.
Explicó que el secretario general de Gobierno estatal, Florencio Salazar Adame se ha comunicado con los inconformes para pedirles que levanten el bloqueo, porque, “se está afectando a terceros”, y se le pidió su intervención ante el gobierno federal para resolver la demanda de los campesinos, pero respondió que el gobernador no puede incidir en la agenda del gobierno federal.
Barrera Hernández lamentó que el funcionario no haya mostrado voluntad política en favor de los pueblos indígenas, pero que a cambio dijo que podría proporcionar apoyo para que las comunidades puedan encontrar un beneficio.
Sin embargo, el defensor de derechos humanos explicó que la gente sólo quiere que se cumpla el compromiso del gobierno federal de entregar la segunda etapa de los granos básicos a los afectados de la tormenta Manuel, en 2013.
Los indígenas na savi, me’phaa, nahuas y mestizos de 185 comunidades de 13 municipios, de los 19 que integran la región Montaña tuvieron bloqueadas las carretas federales Tlapa-Puebla y Chilpancingo dos días.
A muchos manifestantes se les vio durmiendo en el suelo o debajo de los camiones para protegerse del fuerte sol; a algunos ya se les acabó el agua que traían en garrafas de plástico, otros aún guardaban totopos en sus morrales, de los que sacaban pedazos para mitigar el hambre.
También había muchos vendedores de aguas frescas, raspados y dulces.

Insisten padres de Ayotzinapa en que el mecanismo de seguimiento funcione hasta esclarecer los crímenes de Iguala

El mecanismo internacional de seguimiento del caso Ayotzinapa no se ha concretado porque el gobierno pretende que su mandato sea de seis meses, y los abogados de los padres han pedido que se extienda hasta que estén esclarecidos los crímenes del 26 y 27 de septiembre en Iguala, informó el vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Felipe de la Cruz.
Dijo que están preocupados porque mientras los preacuerdos alcanzados de consenso entre las tres partes involucradas (la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano y los padres) no se concreten en un convenio, tampoco hay avances.
Aclaró que la postura de los padres de los 43 desaparecidos es que el mecanismo permanezca en México hasta la conclusión del caso, y seis meses son insuficientes.
Agregó que esa es la razón por la que se ha retrasado la conformación, porque no se han puesto de acuerdo en el tiempo de duración, pese a la disposición que expresaron las autoridades en la reunión con la CIDH, subsidiaria del mecanismo, que se celebró hace doce días en Washington.
El abogado de las víctimas, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón declaró después del encuentro que sería inaudito que el mecanismo no terminara de concretarse la siguiente semana, dadas las señales políticas que dio el Estado.
Concluido el plazo, Felipe de la Cruz informó que han encontrado dificultades para conformar el mecanismo.
Recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estuvo dos periodos de seis meses y no encontró indicios de los normalistas desaparecidos debido a los obstáculos burocráticos de las autoridades judiciales y en la investigación.
El vocero de los padres insistió en que seis meses no serán suficientes si las autoridades no tienen intención de llegar a la verdad. La posición de los padres es que el nuevo mecanismo, que inicialmente será coordinado por el presidente de la CIDH, James Cavallaro, se retire cuando termine el proceso de resolución del caso y se conozca la verdad. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

Se planta la OPIM en Palacio de Gobierno para que se abra el Centro de Atención a la Mujer de Ayutla

Unos 200 integrantes de la Organización de Pueblos Indígenas Me’Phaa (OPIM) de Ayutla marcharon ayer en Chilpancingo y se instalaron en plantón afuera del Palacio de Gobierno.
Los miembros de la OPIM, encabezados por la presidenta y el secretario de la organización, Obtilia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez, demandan una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores, para pedirle la apertura del Centro de Atención a la Mujer Indígena y el albergue para menores que se construyó en Ayutla.
Los integrantes de la OPIM, en su mayoría mujeres, denunciaron que el gobierno del estado pretende excluir a las mujeres de esa organización de la administración del Centro de Atención a la Mujer Indígena y del albergue que se construyeron como parte de la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en 2010, por el caso de la violación de Inés Fernández Ortega, ocurrido en 2002 en la comunidad de Barranca Tecoani.
El contingente salió de Ayutla en marcha-caravana la mañana del martes, y llegó a las 8 de la noche a Chilpancingo. A las 10 y media de la noche se reunieron con la secretaria de la Mujer, Gabriela Bernal Resendis, quien les oreció mesas de trabajo para atender sus demandas.
Sin embargo los inconformes rechazaron el ofrecimiento; piden una reunión directa con el gobernador Héctor Astudillo Flores, porque, según la presidenta de la organización, Obtilia Eugenio Manuel, ya se han reunido muchas veces con la secretaria de la Mujer y con el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y no les han resuelto sus demandas.
Ayer, los integrantes de la OPIM marcharon de las instalaciones de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), ubicado al sur de la ciudad, al Palacio de Gobierno, en donde se instalaron en plantón por tiempo indefinido.
Eugenio Manuel informó que también piden al gobierno del estado apoyo para proyectos productivos, centros de salud, escuelas y servicio públicos para los pueblos me’phaa de ese municipio.
Pero la demanda principal es que se abran el Centro de Atención a la Mujer Indígena y el albergue para niños, que se terminó de construir desde hace un año pero que no se ha puesto en operación por culpa del Gobierno estatal, según dijo Eugenio Manuel.
Recordó que la sentencia de la Corte se emitió desde 2010, pero que desde 2015 no han tenido respuesta en reuniones con la secretaria de la Mujer y con el secretario de Gobierno, y por eso quieren hablar con el gobernador.
La secretaria de la Mujer les dijo la noche del martes que le dieron instrucciones para que los atendiera y les ofreció reunirse con ellos en mesas de trabajo, pero la dirigencia de la OPIM le respondió que no, porque quieren hablar directamente con el gobernador.
“No sabemos porqué no se abre el Centro y el Albergue, por eso queremos hablar con el gobernador para que nos diga porqué”, dijo Eugenio Manuel y denunció que el gobierno pretende administrarlos a través de la Secretaría de la Mujer, “como que si fuera de ellos”, cuando explicó que son, según la sentencia de la Coidh, un proyecto colectivo para que atienda a las mujeres que son víctimas de violencia.
Eugenio Manuel acusó al gobierno estatal de excluir a las mujeres indígenas de Ayutla y decidir quién va a administrar el Centro y el Albergue, “como que si fuera de ellos”.
Informó que la sentencia dice que el Centro de Atención a la Mujer y el Albergue deben ser administrados colectivamente, y que, incluso, en la administración deben participar las mujeres de la OPIM.
Eugenio Manuel consideró que es de justicia que incluyan a la OPIM, en reconocimiento a su lucha en la que han participado en contra de la violencia y el maltrato que han sufrido las mujeres cuando bajan de las comunidades indígenas a la cabecera municipal o a la capital del estado.
Otras de las demandas de la OPIM son que se construya un nuevo hospital en Ayutla, viviendas para los miembros de la organización, proyectos productivos, “y que nos den maíz para comer y para sembrar”, dijo la presidenta de la organización.
Las mujeres indígenas se quedaron en plantón afuera del Palacio de Gobierno en espera de ser recibidas por el gobernador Astudillo Flores.
Cuando llegaron al Palacio de Gobierno el medio día de ayer, el inmueble estaba acordonado por vallas metálicas y policías estatales, como se encuentra desde hace 15 días, cuando comenzaron las protestas de los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) contra la reforma educativa.

Toman campesinos la Sedesol en Chilpancingo; demandan que libere recursos ya acordados

 

Integrantes del Frente Auténtico del Campo (FAC), que aglutina a cuatro organizaciones, desde la 1 de la tarde tomaron las instalaciones de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de manera indefinida para exigir la liberación de recursos económicos, empleo temporal y proyectos productivos, acción que se replicó en 20 delegación del país.
Casi a la 1 de la tarde, unos 80 integrantes de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y el Movimiento Sindicalista de Trabajadores (MST), que conforman el FAC, tomaron las instalaciones de la dependencia federal.
Algunos trabajadores de la Sedesol lograron salir del inmueble, entre ellos el subdelegado Bonifacio Montúfar Mendoza, mientras que los que quedaron adentro fueron retenidos.
Consultada durante la protesta, la secretaria de organización de la CODUC, Mary Carmen Cabrera Lagunas detalló que esta acción de la FAC es parte de una jornada nacional para ejercer la presión, y que, al mismo tiempo estaban tomadas unas 20 delegaciones de la Sedesol en diferentes estados del país.
Detalló que el motivo es exigir la liberación de proyectos productivos, recursos económicos y empleo temporal que están pactados desde el año pasado, pero que no se han ejecutado.
Contó que este martes se estableció una mesa de diálogo a nivel nacional con autoridades de la Sedesol, “sin embargo, ha habido reticencias de parte de los funcionarios de la Sedesol”, por lo que se rompió el diálogo y no se llegó a acuerdos sobre sus demandas.
La también diputada local por el Distrito 11 de Zihuatanejo añadió que, mientras no se restablezca el diálogo entre el secretario, José Antonio Meade, y los dirigentes de la FAC, permanecerán día y noche en las instalaciones.
A las 3 de la tarde, los manifestantes dejaron salir solamente a trabajadoras de la dependencia, mientras que los hombres siguieron retenidos hasta las 6 de la tarde. Los trabajadores de la Sedesol que lograron salir les llevaron comida a los retenidos.
Más tarde los manifestantes llevaron al lugar de la protesta una carpa, tras enterarse a través de sus dirigentes de que no se restableció el diálogo; informaron que pernoctarán en las instalaciones de la Sedesol.
La secretaria de organización expresó que llegarían más compañeros provenientes de la Costa Chica y la Costa Grande para reforzar la protesta; mientras que los integrantes de las organizaciones que llegaron a tomar las instalaciones provienen de Acapulco, Iguala, Chilapa y Buenavista de Cuellar.

Advirtieron a la Sedatu que el terreno para las casas es inhabitable, dice el comisario de Tierra Colorada

 

El comisario de la comunidad de Tierra Colorada, municipio de Leonardo Bravo, Saturnino Castro Leyva dijo que junto con otros pobladores, en su momento advirtieron al ex delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Héctor Vicario Castrejón, que el terreno donde fueron construidas 161 casas para damnificados de 2013 y que fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), era inhabitable.
El martes, en un boletín de prensa la Profepa informó que clausuró de manera total temporal el proyecto de vivienda en Tierra Colorada, en Leonardo Bravo, que está a cargo de la Sedatu y de la empresa Construcciones y Servicios Villahermosa SA de CV, por no contar con la documentación y autorización federal necesarias.
Según el informe, la Sedatu no presentó la documentación para ejecutar la obra en un terreno de 3.5 hectáreas que fueron afectadas por calles, bermas, taludes, arrastre de tierra hacia las barrancas y las propias viviendas hechas con cemento, block y varilla.
Además, incumplió el programa de reforestación de especies nativas de la región, en una superficie de 7 hectáreas y carece de un programa de mitigación y compensación de impactos generados por la remoción de vegetación forestal, que tuvo que haberse hecho en la superficie afectada y en sus colindancias.
Consultado vía telefónica, el comisario recordó que las viviendas fueron edificadas, “al puro fregadazo”, sin estudios de obra ni cambio de uso de suelo ante las autoridades competentes.
Detalló que el predio donde están las 161 casas se encuentra en la punta de un cerro, dividido en cuatro plataformas, “que en época de lluvias corre riesgo de deslavarse y de que las viviendas se derrumben”.
Castro Leyva reconoció la urgencia para reubicar a las familias damnificadas, y lamentó que cuando visitaron las oficinas del ex delegado de la Sedatu, Héctor Vicario Castrejón, éste no los escuchó.
“Nunca nos hizo caso; desde un principio le dijimos que las casas no estaban en un buen sitio porque las aguas podrían derrumbar las casas, no es un lugar fiable; pero no les importó las condiciones del terreno e hicieron a un lado al pueblo”, reprochó.
Manifestó que mientras los pobladores eran ignorados, los trabajadores asignados a la obra le dijeron a Vicario Castrejón que el terreno estaba en la normalidad, “y por eso el delegado nunca iba”.
Saturnino Castro confió en que el delegado federal, José Manuel Armenta Tello se haya percatado de todas las irregularidades denunciadas por los pobladores, en la visita que hizo recientemente a la comunidad.

Piden jubilados de Acapulco al gobierno estatal un terreno, camioneta y trabajos para sus hijos

 

Integrantes de la Unión de Jubilados y Pensionados del estado de Guerrero solicitaron al gobierno del estado el pago de un bono decembrino, un terreno, la contratación de sus hijos y una camioneta para 15 personas.
La mañana de este miércoles, la organización se reunió en el Palacio de Gobierno con el director general de Administración y Desarrollo de Personal, Jaime Ramírez Solís para que atendiera sus peticiones.
Minutos antes de la reunión, el presidente de la asociación civil, Mateo Almaza Martínez detalló que se le envió un pliego petitorio de nueve puntos al subsecretario de Finanzas, Tulio Pérez Calvo, y como respuesta fueron atendidos por Ramírez Solís .
Entre sus demandas, la organización acapulqueña pide al gobierno estatal un terreno de 5 mil 200 metros cuadrados ubicado en la unidad habitacional Vicente Guerrero, para la construcción de la Casa del Jubilado; ese terreno es propiedad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
En el sexto punto del pliego, solicitan al gobierno del estado empleos para sus hijos.
Entre las demás solicitudes está el pago de un bono decembrino de 9 mil pesos, el descuento del 50 por ciento en el trasporte público, una camioneta para 15 pasajeros y un pago del Día Nacional del Jubilado.
También piden apoyo para lentes, prótesis, aparatos auditivos y despensas a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Finalmente solicitan la gestión ante la federación de un hospital general de especialidades de primer nivel, además de mantener surtidos los medicamentos y ampliar la unidad de diálisis y hemodiálisis.
Tras de la reunión, Almaza Martínez informó que dieron un plazo de 15 días al gobierno del estado para que les informe si cumplirá sus demandas, pero que en la reunión Ramírez Solís les comentó que algunos puntos sí serían aprobados.

Bloquean vecinos la entrada de camiones de la basura a una colonia de Atoyac que lleva 15 días sin agua

Vecinos de la colonia EL Mirador, ubicada en la periferia de Atoyac, boquearon el acceso a los camiones recolectores de basura municipales para protesta ante la falta de suministro de agua desde hace más de 15 días, y porque no se ha cumplido al 100 por ciento el programa municipal de muros y techos.
Los inconformes, en su mayoría mujeres acompañadas de sus hijos, se instalaron en la entrada de la colonia para evitar el paso a los camiones recolectores de basura y vehículos oficiales del Ayuntamiento, como presión para que les suministren agua.
La delegada de la colonia, María Magdalena León Urbina denuncio que los vecinos han padecido la falta de agua desde su conformación, y que el sistema de agua de la colonia es administrado por la oficina de agua potable de la ciudad de Atoyac.
Agregó que con el Ayuntamiento acordaron que serían los vecinos los encargados de operar el sistema de agua para la colonia, con el compromiso de que también se les donarían los contratos, y que con sus propios recursos instalaron un válvula para el control del agua.
Contó que inicialmente estuvo regular el servicio, “dijeron que nos iban a bombear el agua cada tercer día, pero últimamente ya tiene 15 días que no hay agua en la colonia, y en toda la ciudad”.
Manifestó que las afectadas son las amas de casas que tienen que acarrear agua en la cabeza para la comida y bañar a la familia de un pozo artesiano ubicado en medio de la colonia; dijo que el Ayuntamiento argumenta que la deficiencia del servicio es por cortes y desperfectos en la tubería.
Asimismo, en la ciudad de Atoyac ha sido inconsistente el servicio, con cortes que duran de cinco a ocho días en las zonas altas de la cabecera municipal.
Los vecinos de las colonias Mártires y 18 de Mayo dicen ser de los más afectados, porque el agua se tandea y la envía por la madrugada durante algunas horas, y desde hace más de una semana no han tenido servicio de agua.
En el Centro de la cabecera municipal, el agua es tandeada por hora, lo que genera que comerciantes y prestadores de servicios tengan que comprar agua en contenedores.
Abundaron que los que tienen posibilidades acuden al rio abastecerse, pero el agua comienza a correr, “achocolatada porque ya está lloviendo en la sierra”
Los vecinos de las colonias ubicadas en la zonas altas denuncian que algunos de ellos tienen más de ocho día sin recibir agua en sus llaves, y que las autoridades municipales no explican el porqué de los constante cortes.
Agregaron que faltan 11 viviendas, entre ellas la de un adulto mayor, del programa de techos, piso y muro firmes desde la pasada administración; la delegada de la colonia El Mirador detalló que las autoridades municipales emparejaron el terreno del adulto mayor, pero quedó sensible, y piden la atención de las autoridades.