La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que la Secretaría de Cultura (Secultura) durante el 2019 contrató tres empresas de outsourcing por 190 millones que no fueron acreditados debidamente, de los cuales, no se sabe qué pasó con 72 millones; además, pagó irregularmente 727 millones 867 mil pesos del ejercicio fiscal 2018 sin tener autorización para ello; también pagó 84 millones por plazas no autorizadas, ni comprobó el pago de servicios de 675 millones y para el Programa de Reconstrucción no entregó a tiempo los recursos a los estados beneficiarios, por lo que no se pudieron ejercer 194 millones. En suma, la dependencia que encabeza Alejandra Frausto Guerrero suma mil 707 millones 149 mil pesos pendientes de aclaración.
Ante ello, la ASF advirtió que “la recurrencia en el uso indebido de los recursos públicos” destinados a programas sociales, así como la “inobservancia a la normativa aplicable, y la falta de transparencia en el pago y acreditación de los bienes y servicios”, contratados por la dependencia, “propicia la impunidad y se truncan y arruinan las condiciones para el acceso a bienes, servicios y acciones indispensables para una vida mejor”.
En su Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, correspondiente al gasto público de 2019, determinó 24 resultados, de los cuales, en dos no se detectaron irregularidades y los 22 restantes generaron: siete Recomendaciones, 20 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 27 Pliegos de Observaciones.
Entre las que se detectaron irregularidades, destaca que la Secultura suscribió contratos de manera conjunta con Lore Soluciones Integrales Empresariales, Visión y Estrategia de Negocios y Firmeza Jurídica y Gestión Empresarial, para servicios de administración de personal.
Sin embargo no acreditó los servicios que en su caso, le prestaron esas firmas de outsourcing, a quienes les pagó 190 millones 219 mil pesos de pesos, ya que únicamente remitió como comprobación 26 “informes de actividades”, firmados por la directora de Capacitación Cultural de la Secultura, quien no contaba con facultades para tal efecto. Además, dichos informes carecen de fechas de emisión, nombre del emisor, del supervisor, del validador, firmas de los participantes y cargos.
Otra de las irregularidades es que la Secretaría de Cultura pagó 727 millones 867 mil pesos con recursos públicos federales aprobados para el ejercicio fiscal 2019, erogaciones de egresos de ejercicios anteriores, es decir, del anterior sexenio, sin contar con la autorización correspondiente, además de no proporcionar la documentación comprobatoria que acreditara la recepción de los bienes y servicios que originaron dichos pagos.
Además, pagó 84 millones 136 mil pesos, por diversos conceptos del rubro servicios personales y nóminas, por plazas no autorizadas, así como por plazas de carácter eventual no autorizadas, además de haber pagado cantidades mayores a las autorizadas por concepto de remuneraciones.
Asimismo, erogó 675 millones 148 mil pesos a 16 persona morales públicas y privadas por la prestación de distintos servicios y la adquisición de bienes (arrendamiento de automóviless, maquinaria y equipo de oficina, limpieza, vigilancia, jardinería, administración de personal, boletaje aéreo y terrestre, mudanzas, organización, mobiliaria y logística para eventos culturales y la evaluación de servidores públicos); sin embargo, no presentó la documentación.
También transfirió recursos públicos federales del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) 2019, a diversos estados beneficiarios el 30 y 31 de diciembre de 2019 por 194 millones 572 mil pesos; ocasionando, que estos no tuvieran la posibilidad material de ejecutar los proyectos apoyados con dichos recursos durante el ejercicio fiscal 2019, dando lugar a incumplimientos en cuanto a la ejecución de los proyectos autorizados.