Presenta la CRAC-PF a niños armados por segunda vez para defender territorio comunitario

Marchan 35 menores con 120 policías comunitarios en Ayahualtempa, José Joaquín de Herrera, y denuncian que el gobierno no ha cumplido los acuerdos firmados hace 15 meses. Un representante de los chicos exigió al gobierno federal que apoye a las nueve viudas, 14 huérfanos y a 34 indígenas que salieron desplazados en 2020. Presentaron sus rifles 22 y escopetas y dispararon contra un muro

En el 102 aniversario de la muerte de Emiliano Zapata Salazar, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de la Casa de Justicia de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, presentaron el sábado a 35 niños preparados para la defensa de sus comunidades, luego de una marcha por las calles de esa población nahua.
Autoridades de la agrupación, explicaron que la incorporación de los niños a la Policía Comunitaria es porque los gobiernos federal y estatal no han cumplido con garantizarles seguridad en sus comunidades ante el grupo delictivo Los Ardillos que sigue amenazando con entrar a las comunidades del territorio comunitario.
Denunciaron que tampoco les ha resuelto las demandas sociales que se comprometieron después del asesinato de los 10 músicos indígenas de Alcozacán, municipio de Chilapa en enero de 2020.
Durante la marcha exigieron justicia por los 18 muertos que han dejado los enfrentamientos y ataques del grupo delictivos a partir del 2019, así como por los 14 desaparecidos de Paraíso de Tepila en el 2020, tras la irrupción de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, que organismos de derechos humanos vinculan con el grupo de Los Ardillos.
Los menores que se incorporaron el sábado fueron 16, y, sumados a los 19 que se incorporaron en enero del año pasado tras el asesinato de los 10 músicos de Alcozacán, son en total de 35 con edades que van de 7 a 14 años. Entre ellos hay una niña de 9 años.
Antes de la presentación, unos 120 policías comunitarios armados, entre ellos los 35 menores y ciudadanos marcharon por la calle principal del pueblo.
Denunciaron que el gobierno estatal no ha cumplido con la indemnización a nueve viudas de los músicos asesinados, (uno era soltero) y becas para los niños huérfanos. Mientras que en Ayahualtempa prometió la construcción de una Escuela Secundaria, con la condición de que los niños dejaran de participar en las labores de la Policía Comunitaria.
Pero la demanda principal, que plantearon fue la seguridad en las comunidades del territorio comunitario que siguen siendo hostigadas por el grupo delictivo de Los Ardillos.
Durante la presentación, uno de los niños armado con un rifle calibre 22, dijo que a 15 meses de que se presentaron en Alcozacán, “cuando con nuestra presencia conmovimos a todo México y al mundo entero, estamos nuevamente aquí presentes para aclararle al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hace 15 meses nos acusó de que somos delincuentes, que no somos delincuentes, somos niños comunitarios que apoyamos en el resguardo de nuestra comunidad, indígena nahua”.
Exigió al gobierno federal que apoye a las nueve viudas, 14 huérfanos y a 34 indígenas que salieron desplazados en 2020 de la comunidad de Acojtapachtlán, municipio de Chilapa, al ser amenazados por el grupo delictivo de Los Ardillos.
“Ya basta de tanta delincuencia y discriminación a los pueblos indígenas de México”, exigió.
Al “presentar armas”, otro de los menores arengó: “no hay leyes que nos protejan a los niños huérfanos de México, ni gobierno de nuestro país para que nos brinden seguridad, entonces vamos a responder con: ¡fuego a los sicarios!”, y cada uno realizó disparos de sus armas calibre 22 y escopetas contra un muro, a diferencia de su presentación en Alcozacán el año pasado que sólo exhibieron sus tácticas del manejo de armas.
En tanto, en declaraciones a los medios de comunicación, el encargado del adiestramiento de los menores, el consejero Bernardino Sánchez Luna, dijo que a 15 meses de que fue presentado el primer grupo de niños indígenas nahuas que se unieron a las filas de la CRAC-PF, por el asesinato de los 10 músicos de Alcozacán, los gobiernos federal y estatal no han cumplido con las demandas centrales de las víctimas.
Advirtió que si antes de las elecciones del 6 de junio los gobiernos federal y estatal no resuelven sus demandas analizarán en asamblea si los pueblos participan o no en la contienda electoral, lo que implica que no permitirán la instalación de casillas en el distrito 25 local y 06 federal, con cabecera en Chilapa.

Se deslinda la CRAC-PF de la Casa de Justicia de Alcozacán

En un comunicado, los coordinadores de la CRAC-PF de la Casa de Justicia de Alcozacán, el otro grupo en el que se dividió la organización comunitaria, lamentaron y se deslindaron de la presentación de los niños.
“Como pueblos nahuas que fundamos la CRAC-PF de la región Montaña baja del estado de Guerrero, y que hemos sido pioneros en todos los momentos difíciles en las buenas y en las malas, consideramos delicada la decisión unilateral de los hermanos David y Bernardino Sánchez Luna de armar a niños en la fila comunitaria, para llamar la atención pública y así lograr sus intereses personales”.
Este grupo lamentó que sacaran a los niños a desfilar portando armas, “volvemos a decir que nuestros reglamentos internos en ningún momento establece, la participación de niños, ya que ellos son la fuente de la juventud, el cambio y el desarrollo integral de nuestros pueblos y futuro semillero de resistencia por la autonomía”.
Plantean: “Respetuosamente nos deslindamos de estas malas acciones de los hermanos Sánchez Luna y el comisariado de Ayahualtempa Antelmo Rosendo Flores, quienes se han encargado una y otra vez de armar a nuestro niños, y no han entendido el origen del proyecto de vida comunitaria así como su estructura, basada en la sencillez y rectitud para un mundo más horizontal”.
Demandaron que en la toma de decisiones, cualquiera que sea, nadie puede estar por encima, sino siempre es acatar el mandato de los pueblos, “para eso la vía es el consenso y la máxima autoridad en la toma de decisiones, es la asamblea comunitaria”.
Los coordinadores de esta Casa de Justicia de la CRAC-PF en la que participan Adán Linares Silverio, Isaías Pozotempa Silverio y Petra Tolentino Ibarra”, refieren en su escrito que “ojala entiendan que ponen en riesgo la vida en nuestro territorio comunitario, y aquí no se trata de imponer nuestra ley, de pisotear a las comunidades y pueblos, tampoco se trata de imponer viejas prácticas de autoritarismo vertical”.
Como pueblos que fundaron la CRAC-PF convocan a los tres órdenes de gobierno, a los organismos de derechos humanos y a organismo internacionales, que acudan a Ayahualtempa “para recabar datos e indicios sobre esta crítica situación de portación de armas de fuego en manos de los niños por la mala decisión de dos personas”.
Anunciaron asimismo, una “máxima asamblea” en la que participarán 24 comunidades adherentes a la CRAC-PF, y que volverán a bloquear la carretera Chilapa Hueycantenango en el crucero de Alcozacán, pero no precisaron el día.