Rompen 500 indígenas de Chilapa el cerco de un grupo delictivo y bloquean 5 horas la carretera

Los manifestantes de 22 comunidades, miembros del Cipog-EZ, exigen justicia por el asesinato de 18 miembros el año pasado. Reclaman que el gobernador no cumplió con el desarme del grupo civil armado. Piden obras, servicios y proyectos productivos. Demandan una mesa con Astudillo y el presidente López Obrador y una estrategia de seguridad con la Guardia Nacional

Indígenas nahuas de 22 comunidades de Chilapa bloquearon ayer, de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, la carretera federal Chilpancingo-Tlapa, en la comunidad de Papaxtla, “para romper el cerco” en que los mantiene el grupo delictivo Los Ardillos, así como para exigir justicia por el asesinato de 18 de sus compañeros el año pasado, obras de infraestructura, servicios públicos y proyectos productivos.
Los manifestantes pertenecen al Concejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (Cipog-EZ), agrupación integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI).
El dirigente de la agrupación, Jesús Plácido Galindo, declaró que la protesta fue para hacer visibles las demandas de los indígenas de esta zona de Chilapa.
Desde las 10 de la mañana, unos 500 indígenas encabezados por 22 comisarios, bloquearon la carretera en el pueblo de Papaxtla, ubicado a media hora de Chilapa rumbo a Tlapa, donde atirantaron mantas con sus demandas. “Nos matan el abandono, el hambre, el narco, los paramilitares, la Covid-19. Los pueblos indígenas exigimos una vida digna”, decía una de esas mantas.
Durante el bloqueo, permanecieron a unos 200 metros agentes de la Guardia Nacional a bordo de tres patrullas y policías estatales en dos camionetas, pero no intervinieron, y las filas de vehículos que quedaron varados en ambos extremos de la carretera fueron de aproximadamente un kilómetro.
Plácido Galindo declaró que los indígenas de esta zona del municipio de Chilapa son los más marginados y olvidados por los tres órdenes de gobierno, independientemente de que se encuentran bajo fuego del grupo delictivo de Los Ardillos que les impide salir de sus pueblos desde el año pasado.
La protesta fue un reclamo también para el gobernador Héctor Astudillo Flores porque desde el 24 de enero pasado que se reunió con algunos de los comisarios de estos pueblos en Alcozacán, cuando bloquearon la carretera Chilapa-Hueycantenango (José Joaquín de Herrera) para exigir el esclarecimiento del asesinato de 10 músicos de esa localidad, no ha regresado ni ha cumplido con 28 de 29 demandas que le plantearon en un documento.
El dirigente indígena reclamó que ese día el gobernador firmó una minuta de acuerdos con 29 demandas de las cuales solamente ha cumplido con un apoyo económico a los familiares de las 10 víctimas.
Denunció que el resto de las demandas sigue sin resolverse, entre éstas las principales: justicia para las víctimas, detención de los responsables, el repliegue y desarme de los integrantes del grupo delictivo, y garantizar la seguridad para los habitantes de estos pueblos.
“Realmente nunca hubo justicia, conforme vinieron se olvidaron, sólo fueron promesas y engaños, por eso hoy volvemos a retomar la exigencia de justicia, no sólo por el caso de los 10 músicos de Alcozacán, sino de todos los miembros del Cipog-EZ y el CNI asesinados en el 2019”, declaró.
Recordó que el año pasado fueron asesinados en estos pueblos 18 promotores del Cipog-EZ e integrantes del CNI e insistió que los responsables son integrantes del grupo delictivo Los Ardillos, “y los asesinatos van a seguir ocurriendo si no se actúa en contra de ellos”, declaró.
Precisó que entre las víctimas hay dos concejales del Cipog-EZ y el resto eran promotores del CNI.
Plácido Galindo demandó al presidente de la República que garantice la seguridad en estas comunidades, mediante una estrategia de la Guardia Nacional para que se pare la violencia y la gente de los pueblos pueda salir a trabajar y a abastecerse de los productos que necesitan para vivir.
Denunció que hay de 18 a 20 pueblos donde la gente todavía no puede ir a la cabecera municipal, “porque hay una lista de personas que tienen los policías municipales que están coludidos con el grupo delictivo y el temor es que los levanten y no vuelvan a sus casas”.
Algunos de los pueblos de los que la gente no puede salir por miedo al grupo delictivo son Papaxtla, Tula, Xicotlán, Cuahuatlán, Alcozacán, Coaquimixco Xomiltepec.
Plácido Galindo sostuvo que los pobladores sólo consumen lo poco que cultivan porque no pueden bajar a comprar los productos de la canasta básica, “la gente siembra su maicito, su frijolito, sus verduritas y de eso viven”, explicó.
El dirigente del Cipog-EZ responsabilizó de esta situación al gobernador Héctor Astudillo Flores porque no cumplió con el desarme y el repliegue del grupo civil armado que viene operando la violencia en esta zona, “sigue la violencia, sigue el temor, y las comunidades siguen en alerta porque están sitiadas”, denunció.
Aseguró: “decir que aquí ya hay paz y seguridad es una mentira, hay, incluso, autoridades agrarias y municipales de los pueblos que todavía no pueden bajar, nosotros como organización denunciamos públicamente eso”.
En el ámbito de justicia, reconoció que lo único que se cumplió por parte del gobierno estatal fue el pago de 30 mil pesos a las viudas y madres de los 10 músicos de Alcozacán que fueron asesinados el 17 de enero del año pasado.
“Pero eso no es la justicia que exige el pueblo, lo que exigen es que se aplique la ley a quienes cometieron ese crimen de lesa humanidad, que sean castigados y no se repitan más esos crímenes, porque es posible que otra vez a diario haya muertos y nadie diga nada porque el gobernador y el fiscal General del Estado (FGE) Jorge Zuriel de los Santos Barrila, no han garantizado seguridad”.
Informó que también llevaron su demanda de justicia al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y al subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez pero que, igual, no les han dado respuesta, “les dijimos que como pueblos queremos ser libres, queremos trabajar, queremos vivir tranquilos”, no es mucho lo que pedimos, es lo justo”, reprochó.
Agregó que igual no se han cumplido las demandas sociales que se incluyeron en el pliego petitorio de 29 puntos; “se prometieron escuelas, hospitales, clínicas, presupuesto para las comisarías, proyectos productivos, empleos, pero no ha habido nada, ahí se quedó todo olvidado”.
Explicó que lo que más recienten en este tiempo de pandemia del coronavirus en estas comunidades, es la falta de hospitales y centros de salud, médicos y enfermeras.
Demandaron, también, obras de infraestructura y servicios públicos en las comunidades.
Una de ellas es la construcción de dos casas de la cultura; una en la comunidad de Zopiltepec y la otra en Alcozacán, que llevan más de tres años gestionando y que fueron incluidas entre las 29 demandas que le entregaron al gobernador Héctor Astudillo Flores el 24 de enero pasado en Alcozacán.
Placido Galindo aseguró que esta demanda se la plantearon al mismo presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, durante su visita a Tlapa el año pasado.
Añadió que la falta de respuesta de las autoridades de los tres órdenes de gobierno originó que los pobladores de 22 localidades decidieron ayer bloquear la carretera y “romper el cerco del miedo” al grupo delictivo que los tiene encerrados en sus propias comunidades, y con ello también hacerse visibles ante las autoridades.
Después del bloqueo acudió a platicar con ellos el síndico municipal de Chilapa, Esteban García García, acompañado por algunos regidores, pero los comisarios exigían la presencia de representantes de los tres niveles de gobierno, debido a que sus demandas les competen resolver principalmente a los gobiernos estatal y federal.
Plácido Galindo explicó que los comisarios municipales están demandando que se instale una mesa de trabajo directamente con el gobernador Héctor Astudillo Flores para que se dé seguimiento a las demandas básicas de salud, educación, trabajo y vivienda.
Según Plácido Galindo la reunión de ayer con los representantes del Ayuntamiento de Chilapa fue mediática porque solamente acudieron a escucharlos, pues esperaban que acudiera cuando menos el presidente municipal Jesús Parra García para que fuera el interlocutor con los gobiernos estatal y federal.
Los indígenas levantaron el bloqueo a las 3 de la tarde, pero Plácido Galindo adelantó que el 30 de noviembre volverán a bloquear esta vez de manera permanente, si de aquí a ese día no se instala una mesa de diálogo con las autoridades estatales y federales, como se los prometieron los representantes municipales encabezados por el síndico Esteban García.