Rechazan autoridades de Ayahualtempa talleres,
juguetes, despensas y material didáctico del gobierno

Se dicen “dolidos” por la falta de resultados en las investigaciones para la localización de una familia desaparecida por un grupo delictivo, y la amenaza del secretario Ludwig Marcial de denunciar a quienes armaron y presentaron a niños para incorporarlos a la Policía Comunitaria. Impiden que se instale el templete para la entrega de productos. Se esperaba que llegara la gobernadora Evelyn Salgado pero no acudió. Demandan diálogo con el secretario de Gobierno y con la fiscal del estado, “y en seguida nos pueden traer lo que quieran”

Zacarías Cervantes

Ayahualtempa

“Dolidos” por la falta de resultados en las investigaciones para la localización de una familia que permanece privada de su libertad por un grupo delictivo, y por la amenaza del secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, en el sentido de que presentarán una denuncia en contra de quienes armaron y presentaron a niños para incorporarlos a la Policía Comunitaria, pobladores de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), rechazaron ayer ayuda humanitaria que les envío el Gobierno estatal.
Desde el martes les confirmaron a los pobladores la presencia de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, pero no llegó. Incluso la mañana de ayer personal de la logística quiso instalar el template, pero las autoridades del pueblo no quisieron. Suponen que esa fue la causa de que la mandataria haya suspendió su visita que tenía prevista ayer a este pueblo.
“En estos momentos no estamos en condiciones de visitas de protocolo y de cortesía, ya van 12 días de la desaparición de nuestros compañeros y aún no nos han informado los resultados de las búsquedas, es lo único que nos interesa, antes que otra cosa”, dijo a los medios de comunicación el integrante del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua y comandante de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), Antonino Toribio Gaspar.

El apoyo

El convoy sin la gobernadora Salgado Pineda llegó antes de las 11 de la mañana encabezado por la titular del Sistema de Proteccio?n Integral de Nin?as, Nin?os y Adolescentes en Guerrero (Sipinna) del gobierno del estado, Xochitl Sosa Rumbo y la presidenta de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Cecilia Narciso Gaytán.
Según los funcionarios, llevaban ayuda humanitaria derivado de “los sucesos en los que se vieron involucrados niñas y niños de la localidad para restablecer la garantía de sus derechos”.
El apoyo consistía en apoyo alimentario, atención directa a niñas y niños a través de equipos multidisciplinarios, establecimiento de “Planes de Restitución de Derechos”, difusión de los derechos de las infancias, atención psicológica, jornada de salud, actividades recreativas de proximidad social y análisis para brindar garantías para el acceso a la educación.
Se informó que se distribuirían, además, 500 despensas a los pobladores, así como juguetes y material didáctico para los infantes.
Las acciones se realizarían de manera coordinada con personal del Sistema DIF Guerrero, la Secretaría de Salud, Seguridad Pública, Secretaría de Educación, Procuraduría Federal y Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Fiscalía General del Estado (FGE), Codehum y de la propia Sipinna, esta última que depende de la Secretaría General de Gobierno.
Los funcionarios que encabezaron la caravana resguardada por militares, agentes de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales, sostuvieron una primera reunión con las autoridades del pueblo.
En este primer encuentro, los representantes de la comunidad les dijeron que esperaban que fuera el secretario General de Gobierno, Reynoso Núñez y la fiscal General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, el primero para que les diera una explicación de la acción legal que anunció que va a presentar en contra de quienes armaron y presentaron a 20 niños de este pueblo, y la segunda para que les informe los resultados de la búsqueda de la familia que fue privada de su libertad el 19 de enero en Zacatepec, municipio de Chilapa.
Las autoridades de la localidad aseguraron que habían tenido una asamblea previa y que los pobladores acordaron que antes de recibir cualquier “regalo” o “ayuda”, querían una reunión con esos dos funcionarios.
Sin embargo, ante la insistencia de los enviados del gobierno para instalar los módulos de atención y entregar la ayuda humanitaria, las autoridades locales volvieron a reunirse con los pobladores y la respuesta de los vecinos fue nuevamente que aceptarían los apoyos después de la reunión con el secretario de gobierno y la fiscal.
La titular de la Sipinna Sosa Rumbo pidió enseguida al comisario municipal Juan Hernández Rosendo que le permitiera hablar directamente con los pobladores reunidos para explicarles en qué consistía la ayuda que les llevaban y someter a votación si la aceptaban o no, pero por tercera vez los pobladores la rechazaron.
Después, el personal de gobierno abandonó la cancha techada en sus vehículos y con los camiones cargados con la ayuda salieron de la localidad. Entre los vehículos circulaba la camioneta con el material para el templete, mismo que ni si quiera fue bajado de la unidad.
Esta es la primera vez, al menos que se tenga memoria, que una población rechaza dádivas del gobierno, a cambio de que se les haga justicia. Anteriormente, el 5 de agosto de 2022, lo hicieron desplazados por la violencia de la Sierra de Coyuca de Catalán refugiados en Ayutla, quienes exigen la libertad de presos políticos.
El integrante del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua, Luis Morales Rojas informó a los medios de comunicación, que en este pueblo a partir del 2019 han sido asesinados 18 pobladores y siete se encuentran desaparecidos por el crimen organizado, y que ninguno de los casos ha sido esclarecido ni los responsables detenidos.
Los desaparecidos recientes son Cecilia Gaspar Hernández, de 50 años; su esposo José Teodoro Domingo Ortiz, de 52, y sus hijos Roberto y Gaudencio, de 30 y 22 años respectivamente, quienes fueron privados de su libertad el 19 de enero en el punto conocido como Zacatepec, municipio de Chilapa.
Al final de la reunión con los funcionarios, Morales Rojas informó que los pobladores resolvieron esperar el diálogo primero con el secretario de Gobierno y la fiscal del estado, “y en seguida nos pueden traer lo que quieran”.
Agregó que les dijeron que la reunión con ambos funcionarios será el próximo miércoles en esta misma localidad.
“Por lo pronto, hoy, no se acepta nada porque la población en general está dolida y no nos traen información de nuestros compañeros desaparecidos, lo que nos traen son pláticas con los niños, regalos, juguetes, despensas, y todo eso, pero eso no resuelve nuestro problema de la seguridad”, dijo.
Explicó que lo que les llevaban, ellos mismos lo pueden comprar “como campesinos nos dedicamos a trabajar y nos ganamos el pan con el sudor de nuestra frente, lo que queremos es justicia, que busquen y encuentren a nuestros compañeros”.
Pero reprochó que en vez de eso el gobierno responde con la amenaza de que los va a demandar por enseñarles a los niños a defenderse del crimen organizado que los ha estado atacando, “por eso, como pueblo, estamos dolidos, y vamos a defender a nuestras autoridades comunitarias porque sabemos cuáles son las consecuencias en nuestros alrededores”.
Aseguró que son los padres con sus hijos los que deciden ante el peligro ir armados al campo a trabajar, “y en las tardes a brindar seguridad dentro de nuestro territorio, para que toda la ciudadanía sepa que está segura, sólo de esa forma nos podemos defender de la delincuencia organizada”.
Reprochó que, en cambio, los tres órdenes de gobierno no hacen nada para protegerlos, “nuestro municipio que es José Joaquín de Herrera está rodeado de la delincuencia organizada y trae a niños y jóvenes de 12 a 15 años, los usan como halcones ¿y por qué el gobierno en este caso no hace nada?, ¿por qué no hace su trabajo para brindar seguridad?”, cuestionó.
Dijo que “a nosotros sí, como pueblos originarios nos presionan y nos quieren investigar, como si fuéramos grupos criminales, cuando somos gente que acatamos los acuerdos de la población en la asamblea regional”.

Confirma el gobierno en un boletión que la población no aceptó la atención

En un boletín de prensa el gobierno del estado informó que “con el objetivo de atender de manera prioritaria el interés superior de la niñez en Guerrero, de manera coordinada y en una suma de voluntades entre distintas dependencias del Gobierno del Estado y el Gobierno Federal se acudió a la comunidad de Ayahualtempa para atender de manera integral con proximidad social, la cual no fue aceptada por la población”.
Agregó que la secretaria ejecutiva de la Sipinna, Xéchilt Sosa Rumbo, “puntualizó” que se privilegió en todo momento el diálogo con la comunidad “a quienes se les expuso el gran objetivo en el que se involucra el que la niñez sea atendida de manera integral luego de que un grupo de infantes fueran armados por la policía comunitaria y fueron videograbados”.
Cuestionó: “Tras estas imágenes preocupantes que representan una grave violación a todos los derechos de la infancia de Ayahualtempa”, y atendiendo las indicaciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en una suma de voluntades entre diversas dependencias como el Sistema DIF Guerrero, FGE, Comisión de Derechos Humanos del Estado, la Secretaría de Salud, de Educación y Transportes acudieron a Ayahualtempa para realizar una jornada de proximidad social.
Se explicó que el objetivo de esta acción fue atender a la niñez, “sin embargo se les reiteró que la voluntad del gobierno del estado es dar protección y garantía a la niñez y adolescencia de esta comunidad”.
El comunicado agregó que Sosa Rumbo dijo que se continuarán realizando los acercamientos necesarios a fin de proteger su integridad física e integridad de la población de esa localidad para garantizar su protección.
Pero sostuvo que el gobierno del estado es respetuoso de la decisión de los pobladores, “sin embargo se reitera la disposición para seguir coadyuvando en este diálogo que permita priorizar el interés superior de la niñez, más allá de la decisión de los padres o de las madres de familia, por lo que continuará con estas acciones”.