Amagan con paro nacional magistrados, jueces y trabajadores del Poder Judicial

 

En actos por el Día del Abogado organizados en Chilpancingo, Acapulco e Iguala junto con litigantes se manifiestan contra la reforma que plantea el presidente López Obrador, se declaran defensores del equilibrio de poderes y rechazan que sean designados por elección popular. Advierten que van a defender la institución hasta sus últimas consecuencias

 

 

 

Ciudad de México y Chilpancingo, Acapulco e Iguala, Guerrero, 13 de julio de 2024. Impartidores de justicia del Poder Judicial de la Federación (PJF) anunciaron que preparan una estrategia jurídica para combatir la eventual sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, la cual facilitaría la reforma judicial.

El magistrado Mauricio Barajas Villa, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo, explicó que se trata de una estrategia legal de dos líneas contra la reforma judicial, una para revertir la captura de este Poder de la Unión por parte del Ejecutivo y otra contra la sobrerrepresentación del bloque oficialista.

Así lo manifestó durante su intervención en un acto de protesta en el Palacio de Justicia de San Lázaro, convocado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Juzgados de Distrito (Jufed) y al que asistieron más de 200 integrantes del PJF.

“La primera (línea de defensa), para acudir a los órganos internacionales de protección de derechos humanos e impugnar en su momento, la hoy inminente reforma constitucional en cuya pretensión principal se encuentra la captura, cooptación y sometimiento de un poder soberano de la Unión como es el judicial; se trata de contener, revertir y reconducir por cauces racionales una reforma”, dijo el magistrado.

“En otra acción también jurídica se delinean las estrategias para enfrentar la asignación de los diputados por representación proporcional con la pretensión de que la fuerza política dominante no alcance (como de hecho no alcanzó) las dos terceras partes de cada una de las cámaras que integran el Congreso de la Unión”.

Tras aclarar que los integrantes del PJF no están en contra de la reforma, Barajas planteó que la iniciativa no incluye un análisis adecuado de la problemática del sistema de justicia en el país.

“Las propuestas planteadas en lo que llaman irreductibles encierran violaciones a los postulados fundamentales a la independencia judicial como lo es el cese masivo de titulares, desde ministros, ministras, juezas federales, jueces de Distrito; la cancelación de la práctica de la carrera judicial y la elección por voto popular de los nuevos titulares.

“Todas ellas no se encuentran soportadas en un estudio de racionalidad legislativa, en un diagnóstico fiable que corresponda con los fines que se pretenden y tenga un impacto real en la vida cotidiana de las personas que acuden a los servicios de impartición de justicia”.

Por su parte, la juez Juana Fuentes Velázquez afirmó que la elección de jueces mediante el voto popular y la creación de un tribunal de disciplina que verifiquen sus sentencias son propuestas para someter la impartición de justicia y abolir el mérito como método de selección, para suplirlo por la política.

Alertó que, de aprobarse en los términos propuestos, la iniciativa del Ejecutivo pondrá en riesgo la democracia e incluso la República.

“Tenemos que decirlo con toda contundencia: una reforma apresurada, fincada en un solo punto de vista, es inaceptable para nosotros, pone en riesgo la democracia y puede poner de rodillas a la República”, señaló.

“Si se decidiera no oírnos y, peor, oírnos para no ser escuchados ni nosotros ni aquellos que también deben ser tenidos en cuenta, y así se aprobase la reforma, las mujeres y los hombres que trabajamos en los tribunales y juzgados del país habremos de considerar las vías de acción que se requieran para enmendar el despropósito”.

Al final, la concentración de impartidores de justicia concluyó entre consignas de “sin Poder Judicial, ¿quién te va a amparar?”, ¡México, aguanta! ¡La justicia se levanta!” y “¡fuera la reforma! ¡Fuera la reforma!”.

 

Amenaza magistrado con renunciar si el Congreso

aprueba la reforma

 

Durante la protesta, el magistrado federal Marco Polo Rosas Baqueiro lo tiene muy claro: la reforma judicial sólo merece el rechazo y no la negociación, pero si es aprobada, el día que eso suceda presentará su renuncia.

El integrante del Séptimo Tribunal Colegiado en materia Civil en la CDMX, con más de 20 años de carrera judicial, llamó a todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación a no negociar la iniciativa del Ejecutivo porque sólo así quedarían expuestos los riesgos.

“En este discurso lo que les quiero decir es no a la reforma judicial, nada, no hay negociaciones, yo pienso ¿qué haría yo? ¿qué haría Marco Polo Rosas Baqueiro si la Cámara de Diputados y Senadores un día dice ‘la reforma pasa’?. Ese día presento mi renuncia”, dijo durante la protesta en San Lázaro.

 

Personal del Poder Judicial en Coahuila y Durango arman frente contra la reforma judicial

 

Jueces, magistrados y personal del Poder Judicial de la Federación con sede en Saltillo, anunciaron la creación de un movimiento para oponerse a la Reforma Judicial que promueve el Gobierno Federal. Al tomar como marco el Día del Abogado, el personal de los juzgados federales participó en un mitin para rechazar la elección popular de jueces.

 

El Tribunal de Disciplina Judicial sería un órgano inquisidor, advierten en foro

 

El Tribunal de Disciplina Judicial que propone el Ejecutivo federal sería un órgano inquisidor y de persecución de Jueces por las sentencias que emitan, advirtieron los ponentes del foro sobre la reforma al Poder Judicial.

La directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Laurence Pantin, dijo que el sistema de disciplina en el Poder Judicial tiene limitaciones, pero la propuesta del Ejecutivo es violatoria de derechos humanos. Alertó que se abre la puerta a que el tribunal disciplinario realice “una especie de cacería de brujas”.

 

Reclama Monreal al CJF por las escasas sanciones que aplica

 

El senador Ricardo Monreal acusó que el Consejo de la Judicatura sólo sirve para proteger jueces infractores, por las escasas sanciones que se aplican.

En el quinto foro sobre la reforma judicial, el senador y futuro diputado de Morena reclamó los resultados del Consejo de la Judicatura al señalar que su trabajo es ineficiente, opaco, sin rigor y parcial, donde sigue el nepotismo y la corrupción.

Sólo se han sancionado, indicó, a 106 servidores públicos, de los cuales, el 0.6 corresponde a sanciones económicas y el 99.4 a sanciones administrativas.

La Consejera de la Judicatura Lilia Mónica López no sólo informó sobre cifra de sancionados, sino que advirtió que la propuesta del Ejecutivo únicamente se centra en funciones de disciplina y administración, pero se descuidaron las funciones de vigilancia, inspección, contraloría e investigación que sí hay en Consejo de la Judicatura.

López precisó que la Comisión de Disciplina, entre 2018 y 2024, es decir, en esta administración, sancionó a 264 personas con funciones jurisdiccionales. De ellas, 49 son jueces de distrito y 62 magistrados de circuito, con sanciones que van desde apercibimientos hasta destitución e inhabilitación.

Además, dijo, se presentaron en este periodo ante el Ministerio Público 20 denuncias por diversos hechos por posibles delitos.

 

Magistrada acusa a “familiares” de AMLO de corrupción; Noroña le pide presentar la denuncia

 

Tras asegurar que  los casos de corrupción en el Poder Judicial son aislados y los que se detectan “se han atendido”, la Magistrada Nadia Villanueva Vázquez reclamó que en la familia del Presidente Andrés Manuel López Obrador haya “casos de corrupción” y no se sabe cómo son atendidos.

En el foro sobre la reforma judicial, la Magistrada de circuito del Primer Tribunal Colegiado, en materia civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, negó que ella sea corrupta, como “ha dicho el Presidente que son los juzgadores del país”.

“Ha sido de dominio público cómo a través también en el Ejecutivo, familiares de nuestro actual Presidente de la República están involucrados en este tipo de actos, no sabemos cómo son las sanciones que se han llevado a cabo”, recriminó.

El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, exigió a la Magistrada una disculpa para el Ejecutivo y la emplazó a que presente las denuncias correspondientes.

 

Foros “son una estrategia dilatoria” para frenar protestas, critican trabajadores del?PJF

 

Las seis principales asociaciones que agrupan a los actuarios, secretarios, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) acusaron que los foros de discusión sobre la reforma judicial son una estrategia para dilatar las protestas del personal jurisdiccional.

En un comunicado conjunto, las asociaciones reiteraron su rechazo a la iniciativa del Ejecutivo federal y la propuesta de elegir mediante voto popular a los juzgadores, porque afirmaron que no necesitan las urnas para juzgar.

El texto lo suscriben la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas (AMMJM) y la Asociación Mexicana de Juzgadoras A. C.

También, el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal (CSAJF) y las asociaciones Justicia Independiente (JI) y Todos somos garantes de la Constitución.

“Es falso que la elección de jueces por voto popular sea la mejor manera de solucionar los graves problemas estructurales de la justicia en México, cuando contamos con un sistema de carrera judicial y exámenes de oposición públicos para elegir a las personas con mayor trayectoria y conocimientos como juzgadores”, dice el comunicado.

 

 

 

 

 

Abogados se declaran defensores del equilibrio de poderes; rechazan que jueces sean votados

 

Jueces, magistrados y personal jurisdiccional de Chilpancingo e Iguala; así como la Barra de Abogados de Acapulco, se dijeron defendores la independencia, autonomía y la división de poderes; por lo que rechazaron que los integrantes de los tribubales sean elegidos por elección popular y coincidieron en que se deben analizar las propuesta de adecuación, pero respetándose la independencia judicial.

En la capital estatal, personal del tribunal del 21 Circuito del Poder Judicial de la Federación, de todos las categorías, defendió la independencia, autonomía y la división de poderes de la institución, así como la carrera judicial, ante la reforma que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la ceremonia con motivo del Día del Abogado, representantes de los magistrados, jueces, secretarios de acuerdo y personal operativo, expresaron posturas en contra de la reforma judicial, que implica, entre otras cosas, la elección de jueces y magistrados mediante el voto popular.

Advirtieron que van a defender la institución hasta sus últimas consecuencias y anunciaron acciones de protesta partir de agosto.

El magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, del 21 Circuito, Gerónimo José Martínez Martínez, en declaraciones a los medios de comunicación al finalizar el acto, explicó que si se aprueba la reforma la clase política vendrá a suplir las funciones de los juristas.

Antes, en su intervención, dijo que se vive un momento crucial en la historia judicial del país. “Hoy, unidos, jueces, magistrados y personal jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, levantamos la voz en contra de la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo y defendemos la carrera judicial y la división de poderes. Dos pilares fundamentales, para un sistema de justicia equitativo, eficaz y libre”.

Señaló que han observado que los diálogos nacionales sobre la reforma constitucional son una estrategia dilatoria para frenar la protesta de los integrantes del Poder Judicial.

El magistrado dijo: “Es falso que mil 700 juzgadores federales seamos corruptos. Es falso que representemos élites o ideas conservadoras, la mayoría provenimos del pueblo y de escuelas públicas. Es falso que liberemos delincuentes. Liberamos a personas cuya culpabilidad no se ha comprobado”.

Dijo que la elección de jueces por voto popular no es la mejor manera de solucionar los problemas de justicia en México y la pretención es destruir a la única institución pública que ha frenado la instauración del poder político absoluto.

“Nosotros no rendimos pleitesía al Ejecutivo ni al Legislativo, somos su contrapeso”, aclaró.

Añadió: “Que se escuche fuerte y claro, somos un poder que defiende a las personas frente al poder mismo del Estado mexicano, porque la Constitución así lo establece y demanda”.

El magistrado Martínez dijo que lo que pasa es que su función “ahora incomoda. Por ello falsamente se dice que estamos subordinados a las élites financieras y que somos un poder corrupto”.

Reprochó que se ha denostado al sistema de justicia federal, calificándolo como “élite”, “burocracia dorada” y “conservadores llenos de privilegios”, pero que ser miembro de la carrera judicial “es un orgullo, no motivo de vergüenza”.

En cambio, añadió que la reforma judicial que proponen el Ejecutivo y sus legisladores, “generará jueces sometidos a los intereses de la política. Destruye no sólo la división de poderes, sino que desmantela y rompe el brazo más sólido y vigoroso del Estado constitucional”.

Advirtió que “la indignación” es general y compartida por todos los jueces, magistrados y base trabajadora, “ante la infamia de disfrazar el despido masivo de juzgadores federales, encubierta en una pretensión de reforma constitucional. Estamos de pie, orgullosos de nuestra trayectoria, de proteger a las personas contra el arbitrario”.

La jueza de distrito, Aidé Guadalupe Rodríguez Hernández, indicó que Guerrero “es el estado con más casos en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) ha emitido sentencias en contra de México”.

Recordó los casos de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, así como los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

Pero destacó el caso de Rosendo Radilla, “que de forma involuntaria es la persona más influyente en el Sistema Jurídico Nacional en las últimas décadas. Un modesto campesino y compositor de corridos, que al día de hoy nadie sabe dónde está”.

0Dijo que gran parte de los avances en materia de derechos humanos se los debemos a él y a la lucha de su familia por encontrar la verdad. “Por lo tanto, Guerrero, necesita una justicia de calidad”.

Recordó el amparo que resolvió el juzgado séptimo de Chilpancingo en el caso de la comunidad indígena de Mininuma, municipio de Metlatónoc, en 2007, para la construcción de un centro de salud, “lo resolvió un juez federal egresado de la universidad de Guerrero”, dijo.

Dijo que esa comunidad había sido discriminada debido a que por no contar con el número determinado de habitantes, para tener su centro de salud, “sin embargo, un juez independiente, valiente y protector de los derechos humanos, emitió una sentencia, la cual fue paradigmática en todo el país”.

Indicó que otros jueces han concedido una suspensión para la asignación de maestros en comunidades indígenas y a fin de que se respeten sus derechos humanos.

Destacó que por ello es necesario que los jueces sean autónomos e independientes del poder político en sus decisiones.

Oliver Larumbe Bernal, oficial del Juzgado Séptimo de Distrito, en representación del personal operativo, aseguró que se dice que la reforma no afectará a los trabajadores de base, pero que eso es falso, “porque si no tenemos mandos medios o superiores con los conocimientos, la experiencia y el criterio jurídico necesario para guiarnos. Todo nuestro trabajo será en vano”.

“Además, al desaparecer la carrera judicial, se estará privando a todo el personal jurídico, desde oficiales judiciales, actuarios y secretarios, del incentivo fundamental que nutre día a día para realizar mejor nuestro trabajo, y en aras de lograr la supervivencia de nuestras familias, tendremos que buscar el desarrollo de nuestra profesión en otros campos de acción, generando una fuga de talento y el debacle de esta gran institución”.

“Es por eso que enérgicamente nos oponemos a la elección de jueces, magistrados, y ministros a través del voto popular. Exigimos que se respete la carrera judicial”.

Bianca Zayuri Mora Peralta, secretaria del juzgado primero de distrito, explicó que la mayoría de los que llegan a los distintos cargos en el Poder Judicial, realizan su carrera judicial.

Dijo que la reforma implica la elección de jueces y magistrados por voto popular, pero no solo afecta a éstos, sino que también aniquila la carrera judicial, “corta de tajo la aspiración de nosotros para ser juez o magistrado”.

“Juzgar no es cosa de juego, ni debe ser capricho, sino resultado del mérito y el esfuerzo”, expuso.

Dijo que Guerrero es punta de lanza de los movimientos sociales, “en esta ocasión no debe ser la excepción. Vamos a defender la carrera e independencia judicial, que tanto trabajo nos ha costado”.

Advirtió: “No vamos a permitir que trunquen nuestras aspiraciones, no permitiremos que se hable mal de nuestro trabajo, defendamos juntos nuestra institución”, arengó frente a los más de 100 trabajadores de todas las áreas, que se concentraron en el vestíbulo del edificio, ubicado al sur de la ciudad.

El magistrado José Martínez, informó después, en entrevista, que en agosto el personal tiene considerado realizar acciones de protesta, entre algunas acciones, dijo que podrían convocar a un paro nacional.

 

Se puede reformar respetando a los poderes

 

La Bara de Abogados de Acapulco organizó un foro sobre la reforma al Poder Judicial, donde éstos rechazaron que los jueces, ministros magistrados sean elegidos por voto popular y coincidieron en que se debe discutir para hacer adecuaciones, pero respetándose la división de los poderes.

Este viernes, en las instalaciones de la Barra de Abogados, estuvieron secretarios de acuerdo, jueces, ministros, diputados y senadores electos, quienes escucharon la participación de los ponentes, que dieron su punto de vista a la reforma judicial.

La senadora electa, Beatriz Mójica Morga, dijo que es necesaria la reforma judicial y que la elección de ministros, jueces tenga “legitimidad”, además, que sí se va a garantizar la carrera judicial, que se va a respetar en este proyecto que presenta el presidente de la República.

“Necesitamos que la justicia sea más rápida y de eso se trata la reforma judicial”, dijo la senadora electa, quien lamentó que la discusión se centra en la elección de jueces, ministros y magistrados, cuando consideró que el análisis debe ser más profundo.

“La carrera judicial no se va a tocar, que ahí esta, que se va a respetar la carrera judicial por los avances que ha tenido”, dijo la senadora electa, quien indicó que se debe de garantizar la autonomía de los jueces y ministros.

Por su parte, el presidente del Tribunal Colegiado de Acapulco del 21 Circuito, José Miguel López Rodríguez, dijo que la reforma judicial va impactar en lo jurídico y económico, esto último en las inversiones extranjeras, porque “no habrá seguridad judicial”.

Recordó que él, para llegar al lugar donde está, pasó por varios concursos de oposición y consideró que democratizar la elección de los jueces y magistrados, va a “generar intereses de grupos y el Poder Judicial es un contrapeso a los poderes” que está previsto en la Constitución.

“No niego que se debe de reformar”, dijo el magistrado, pero indicó que esto debe revisarse de manera minusiosa.

 

Son exigencias para subordinarse

 

Jueces, magistrados y personal jurisdiccional de los juzgados Quinto y Noveno de Distrito en Guerrero, con sede en Iguala, se pronunciaron contra de la reforma al Poder Judicial, la cual consideran que es una respuesta a que no se cedió a las exigencias de subordinación de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Este es un intento de destitución masiva de jueces y magistrados “valiéndose de la posición del partido oficial mayoritario en el Congreso”, dijeron.

A las 10 de la mañana de este viernes, en el estacionamiento del Juzgado Quinto, en la calle García de la Cadena, de la colonia Centro de Iguala, trabajadores del poder judicial realizaron un acto conmemorativo por el Día del Abogado, en el que rindieron honores a la bandera y luego fijaron su postura ante la reforma judicial.

Fue el juez noveno de distrito, Carlos Arturo Rivero, el encargado de dar lectura al posicionamiento de la Asociación de Juzgadores y Juzgadoras, Magistrados y Magistradas Federales en México.

A este acto asistió también el juez quinto, Pablo Alejandro Tecocoatzi Juárez; el presidente del Colegio de Abogados de la Zona Norte y Tierra Caliente, Francisco Javier Barrera Nava, y trabajadores de ambos juzgados y abogados de la región.

En un amplio pronunciamiento, en el que mencionó ocho puntos, se indica que en este momento crucial en la historia judicial de nuestro país, de jueces, magistrados y personal jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, “levantamos la voz en contra de la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo, defendemos la carrera judicial y la división de poderes”.

Señaló que han observado que los diálogos nacionales sobre la reforma constitucional al Poder Judicial “son una estrategia dilatoria, con la finalidad de frenar la protesta de todos sus integrantes”.

“Nosotros no rendimos pleitesía al Ejecutivo ni el Legislativo, somos su contrapeso. La Constitución así lo establece, somos un poder que equilibra, para evitar que los otros dos poderes actúen fuera de la ley”, advirtió.

Señaló que son un poder que defiende a las personas frente al poder mismo del Estado, “nuestra función ahora incómoda y por ello, falsamente, se dice que estamos subordinados a las élites financieras y que somos un poder corrupto”.

Indica que por no ceder a las exigencias de subordinación de los otros dos poderes, “hemos recibido como respuesta este intento de destitución masiva de jueces y magistrados constitucionales, valiéndose de la posición del partido oficial mayoritario en el Congreso. La reforma judicial que proponen el Ejecutivo y sus legisladores, generará jueces sometidos a los intereses de la política”.

Calificó de falso que el poder judicial sea la causa de los enormes problemas nacionales que representan el crimen organizado, la corrupción, el patriarcado, la violencia contra la mujer, la impunidad, el desvío de recursos o las licitaciones corruptas. “El Poder Judicial de la Federación no es causa de los problemas nacionales, sino un remedio contra el abuso del poder”.

En el escrito se autodefinen como intolerantes a la tortura, malos tratos y desapariciones forzadas; “condenamos a delincuentes con pruebas, no por consigna”.

 

 

 

 

Se manifiestan trabajadores del Poder Judicial federal contra la reforma de López Obrador

 

En la conmemoración del Día del Abogado, trabajadores del Poder Judicial de la Federación, ubicado en la zona Diamante, manifestaron su rechazo a elegir los jueces a través del voto popular y advirtieron que llegarán hasta iniciar un paro laboral nacional para defender la carrera juicial y el respeto a la división de poderes.

En un acto realizado en la explanada de las instalaciones, colocaron una manta que decía: “México entiende que el juez imparcial es de carrera judicial, carrera judicial sí, voto popular no. Mi trabajo te defiende”. Otro agregaba: “Queremos jueces sin miedo y sin presiones políticas”.

En el acto, los oradores manifestaron que lucharán hasta las últimas consecuencias ante la intromisión en la judicatura, que pretende la sustitución en masa de jueces y magistrados la carrera, lo cual es sólo un acto propio de una “tiranía”.

La dirigente sindical de la sección 4 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Mariella Jaraillo Pineda, subrayó a los trabajadores que no les quede duda de que llevarán a cabo “las acciones necesarias para la defensa de Poder Judicial”, así como los derechos de los trabajadores.

Afirmó que van a defender la independencia y autonomía del Poder Judicial, porque con eso se defiende a la justicia en México. Dijo a los trabajadores que deben tener la plena certeza de que lucharán por sus derechos, por las prestacione laborales, por fedender a la carrera judicial, que “llevaremos a cabo las acciones que sean necesarias para esa defensa”.

Subrayó que el Poder Judicial es el “pilar más sólido, que hoy por hoy sostiene a México, y que su fuerza, sin duda alguna, radica en que nosotros, que somos los trabajadores, en la labor que día a día desarrollamos con responsabilidad, con profesionalismo, con esmero, pero sobretodo con plena conciencia del gran reclamo social que existe en México, de justicia”.

Dijo: “Compañeros nos han llamado flojos y corruptos, pero eso no debe desanimarnos, sino lo contrario. Eso tiene que incentivarnos a seguir trabajando más duro y con la frente en alto, con la firme convicción de que nuestro trabajo es servir sólo a la Nación y al pueblo de México, no dar gusto a interés de personas o de partidos políticos”.

Mientras que, en su intervención, la magistrada Karla Montes Ortega señaló que para llegar a los cargos hay un proceso de mucho estudio, de hacer las cosas lo mejor posible, luchar por México y hacer justicia y no por ser populares. Señaló que ella ha trabajado arduamente para lograr ser juez y ahora magistrada, donde los “procesos son extremadamente complicados y agotadores, pero satisfactorios”.

Señaló que quienes trabajan en el Poder Judicial de la Federación saben que son años de preparación, donde se toman cursos, diplomados, especialidades, para poder hacer una carrera judicial digna y “donde nuestras jornadas tienen horas de inició, pero no de conclusión”.

Dijo: “Me duele que basta que alguien diga que no servimos para que nos desaparezcan, después de tantos años esfuerzo y sacrificio. Duele que alguien diga que somos corruptos para que todo mundo lo crea”.

Montes Ortega señaló que duele pensar que ahora “los jóvenes no les importará prepararse, estudiar y seguir creciendo, ser honestos, leales y comprometidos, sino será más importante para ellos ser populares. ¿Qué clase de país vamos a dejar a nuestros hijos? El personal del Poder Judicial es de los más capacitados y comprometidos”.

Dijo que los titulares saben que la reforma constitucional planteada afecta el sueño de seguir creciendo de los trabajadores y afecta a sus familias, pero “seguiremos alzando la voz para que escuchen nuestros pensamientos y, además, recapaciten. Estamos con ustedes, no están solos, seguiremos haciendo justicia”.

Mientras que el pronunciamiento de la Asociación de Jueces y Magistrados del PJF estuvo a cargo del juez segundo de distrito de Guerero, José Artemio Navarrete Sánchez, quien señaló que ese era un documento que se leería en todos los actos que habría en el país, y donde señaló que los juzgadores federales han servido digna y honrosamente a México, “estamos orgullos de nuestro trabajo como defensores de los derechos humanos”.

Señaló que los diálogos nacionales sobre la reforma constitucional al Poder Judicial, son “una estrategia dilatoria, con la finalidad de frenar la protesta de todos los integrantes de esta institución”. Señaló que durante los seis años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, “hemos sido víctimas de calumnias, se nos ha amenazado e intimidado mediante un continio discurso público de agresión verbal y odio”.

 

 

 

 

 

Combatir la corrupción e impunidad en el Poder Judicial, pide la Canaco-Acapulco

 

Integrantes de Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) consideraron que se debe de combatir la corrupción y la impunidad en el Poder Judicial, porque incluso hay desconfianza en el sector empresarial, pues por ejemplo, de que cada cien casos de extorsión sólo uno se denuncia.

La mañana de este viernes, la Canaco invitó a la senadora electa de Morena, Beatriz Mojica Morga, para hablar de la reforma constitucional al Poder Judicial, pero la invitada, que habló por hora y media, sólo dijo que la reforma es necesaria para evitar que gente responsable de algún delito salga libre, como el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Durante el resto de su intervención, la senadora electa se dedicó a hablar de los proyectos que planteó en campaña la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y luego dijo que el penal de Las Cruces, en Acapulco, debe de reubicarse debido a que donde está se ha poblado y la zona de debe de convertir en un área de recreación, además de que la población tenga mejores servicios.

Debido al tiempo que se llevó la invitada hablando, sólo hubo siete participaciones de los empresarios y cada uno tuvo un minuto para exponer su postura respecto a la reforma judicial.

El presidente de la Canaco-Servytur, Alejandro Martínez Sidney, pidió que se combata la corrupción y la impunidad “de lo contrario, vamos a continuar sin garantías”.

Ante la ola de inseguridad que se vive en la ciudad y el creciente delito de extorsión, pidió que éste se castigue con más dureza, que no haya fianza; incluso, pidió que se destine presupuesto para la creación de un centro anti extorsión.

Dijo que de cada cien casos de extorsión sólo uno se denuncia, debido a que los empresarios tienen miedo, porque quienes denuncian luego son asesinados.

El integrante Francisco Aguilar Ordóñez expresó que es vital considerar la experiencia y que no se puede poner al frente de los tribunales a personas que no hayan hecho una carrera judicial, que haya iniciado desde abajo, “la experiencia es determinante”.

“Si no se toma en cuenta todo lo que se aprendió en los juzgados, en las salas ¿qué va a pasar? Si llega un magistrado con estudios, pero sin experiencia, le va a costar trabajo impartir la justicia”, consideró.

El empresario Guido Rentería Rojas coincidió en que el filtro de cinco años de experiencia, que actualmente está considerado en los requisitos que se piden para poder participar en las postulaciones a ministros, es importante.

También pidió que el cambio de los magistrados sea gradual y que no sea de un solo golpe. Puso como ejemplo el caso de Bolivia, país al que “no le ha ido bien” luego de realizar las reformas, elegir a los magistrados con voto popular y cambiarlos a todo de una sola vez.

Además, pidió que la presidenta electa y el nuevo gobierno desarrollen un plan rector para la reconstrucción de Acapulco, “de lo contrario no habrá avances”.

En otros temas que los asistentes consideraron prioritarios, pidieron la reclasificación de la zona marítimo-terrestre, porque en Acapulco se paga más por los permisos y las concesiones que en la Riviera Maya, dijo el empresario Javier Saldívar Rodríguez.

También el cambio del rango tarifario de la energía eléctrica.

 

 

 

 

 

 

Texto: Agencia Reforma, Redacción, Zacarías Cervantes, Aurora Harrison, Alejandro Guerrero, Karina Contreras y Jacob Morales Antonio/Foto: Carlos Carbajal