El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la absolución del ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez en el secuestro de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, no afecta la investigación que lleva a cabo su gobierno.

En la conferencia de prensa matutina de este martes a López Obrador se le preguntó su opinión sobre la resolución en la que se absuelve a José Luis Abarca por su participación en el caso Ayotzinapa, y reiteró que se tiene un compromiso con las madres y padres de los desaparecidos.

“No afecta porque nosotros continuamos con la investigación y no vamos a incumplir el compromiso que tenemos con los padres, con las madres de los jóvenes desaparecidos y estamos enfrentando muchos obstáculos”, expuso el presidente.

Aceptó que en el proceso de las investigaciones se han enfrentado a diversos obstáculos, sin precisar cuáles, pero afirmó que terminan fortalecidos por dichas situaciones.

De igual forma, criticó al poder Judicial afirmando que tras el inicio de su administración en 2018, no se dio un cambio de las instancias correspondientes, razón por la cual se toman decisiones como la absolución de Abarca.

“El Poder Judicial está al servicio de la oligarquía, porque lo que había en México, eso lo tengo muy claro y lo puedo fundar teóricamente. No era una democracia, era una oligarquía con apariencia de democracia porque no dominaba el pueblo. La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo y en México dominaba una minoría. El pueblo no existía, entonces por eso todas estas decisiones de jueces, amparos de todo tipo”, dijo.

Afirmó que se va avanzando en las investigaciones de la desaparición de los normalistas, agregando que antes de su administración el principal violador de derechos humanos era el Estado.

“Claro que vamos hacia la transformación y vamos a seguir avanzando. En el caso de Ayotzinapa, evitando violaciones de derechos humanos, como antes, porque esto se olvida. ¿Quién era el principal violador de los derechos humanos en México?, el Estado”, declaró López Obrador.

Este martes se confirmó la absolución de José Luis Abarca Velázquez, en lo referente a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas el 26 de septiembre de 2014. La confirmación se brindó por parte de declaraciones del abogado Alejandro Rojas, quien lleva la defensa del ex alcalde de Iguala al periódico Milenio.

El 12 de mayo pasado, el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos dictó absolución por el delito de delincuencia organizada a José Luis Abarca y a Sidronio Covarrubias, líder de Guerreros Unidos.

A pesar de la declaración de absolución por los delitos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas, Abarca sigue preso debido a que se le imputó una pena de 92 años y seis meses por el secuestro de Arturo Hernández Cardona.

También fueron exonerados del secuestro de los 43 dos jefes y 17 policías de Iguala

Además del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Tamaulipas, exoneró de delincuencia organizada y secuestro agravado de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al ex secretario de Seguridad Pública municipal, Felipe Flores Velázquez, al jefe de policía municipal, Fausto Bruno Heredia, y a 17 policías municipales de Iguala más que fueron detenidos por estar involucrados en el ataque y desaparición de los estudiantes en 2014 y el equipo de futbol Avispones de Chilpancingo.

El martes se dio a conocer que el ex alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez fue absuelto del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sentencia que emitió el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Tamaulipas, y que exoneró también al ex secretario de Seguridad Pública municipal, Felipe Flores Velázquez.

De acuerdo con el periódico Milenio en una entrevista al abogado de Abarca Velázquez, Alejandro Rojas dijo que con la decisión del Tribunal se deslindó a su cliente completamente de haber tenido participación de la desaparición o muerte de los estudiantes.

Sostuvo que la causa penal 66/2015, era la única que tenía el ex alcalde relacionada con el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Y es que, el Tribunal confirmó la sentencia dictada en septiembre de 2019, por el juez, Samuel Ventura Ramos, del Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas.

De acuerdo con notas publicadas por El Sur, en dicha causa penal 66/2015, Ventura Ramos absolvió a José Luis Abarca en 2019 por el secuestro de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en ese entonces, también enfrentaba otros dos procesos judiciales más, uno señalado de ser parte de la red criminal del grupo que controlaba la región, Guerreros Unidos, al que se responsabiliza de la desaparición de los jóvenes, y otro proceso por el que se le sentenció recientemente, el del asesinato del luchador social Arturo Hernández Cardona.

El pasado martes 16 de mayo, en la conferencia matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, exhibió al juez Samuel Ventura Ramos, por absolver en una sentencia el 12 de mayo, a Sidronio Casarrubias Salgado, líder del grupo delictivo Guerreros Unidos, y al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, por el delito de delincuencia organizada.

El 18 de mayo El Sur informó que justamente a José Luis Abarca, el mismo juez, Samuel Ventura Ramos lo sentenció a 92 años y seis meses de prisión, y a pagar una multa de 15 mil días, equivalente a 920 mil 700 pesos, por el delito de secuestro en agravio del dirigente social Arturo Hernández Cardona, y seis integrantes de la organización Unidad Popular (UP) de Iguala.

Sin embargo, en la causa penal 100/2014 se le absolvió al ex edil perredista junto a Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos, del delito de delincuencia organizada.

Es por eso que el abogado de Abarca, Alejandro Rojas declaró a Milenio que con la absolución del Tribunal Colegiado por el delito de secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se deslindó completamente a su cliente de haber participado en la desaparición de los estudiantes.

No obstante, en 2019 no sólo fue absuelto Abarca Velázquez, sino también el ex secretario de Seguridad Pública de este municipio, Felipe Flores Velázquez, quien fue señalado como uno de los principales responsables de los ataques a los normalistas en Iguala.

De acuerdo con la publicación de Milenio, también fue absuelto el entonces jefe de la Policía Municipal de Iguala, Fausto Bruno Heredia, señalado de conducir unas de las patrullas en las que fueron trasladados al menos 13 estudiantes del grupo de los 43, y que en un primer momento los llevaron a la comandancia de la policía preventiva de Iguala, pero versiones recogidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dicen que los estudiantes fueron sacados de la comandancia por policías a bordo de patrullas.

Según la nota de Milenio, el resto de los hombres absueltos son: Alejandro Andrade de la Cruz, Arturo Calvario Villalba, Baltazar Martínez Casarrubias, Emilio Torres Quezada, Hugo Salgado Vences, José Vicencio Flores, Juan Luis Hidalgo Pérez, Marco Antonio Ramírez Urval, Mario Cervantes Contreras, Miguel Ángel Hernández Morales, Nicolás Delgado Arellano, Oswaldo Arturo Vázquez Castillo, Raúl Cisneros García, Rubén Aldaín Marín, Salvador Herrera Román, Zulay Marino Rodríguez, Juan Armando Hurtado Hernández y/o Iván Hurtado Hernández.

Estos 17 hombres coinciden con los nombres de los 22 policías municipales de Iguala que fueron detenidos en septiembre de 2014, por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), del que era el titular, Iñaki Blanco Cabrera.

Estos policías municipales fueron responsabilizados de disparar al autobús del equipo de futbol de tercera división Avispones de Chilpancingo, donde fueron asesinados, el jugador de 14 años, David Josué García Evangelista, y el chofer, Víctor Manuel Lugo Ortiz, así como de los ataques a los normalistas la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

 

 

Es susceptible de ser recurrida la sentencia de Abarca sobre los 43, informa Vidulfo Rosales

El abogado de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra afirmó ayer que la defensa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez está sobredimensionando y magnificando una sentencia absolutoria que se dio porque las pruebas que la sustentaban la acusación fueron declaradas ilícitas, debido a una investigación irregular  de la Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía General de la República -FGR-).

Explicó que sí es una sentencia definitiva, porque concluyó en primera instancia un juicio, “pero no es una sentencia firme y es susceptible de ser recurrida todavía”, aunque precisó que aún no son notificados formalmente.

Luego de que se dio a conocer la absolución definitiva de José Luis Abarca Velázquez, ex alcalde perredista de Iguala, de toda participación referente a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, porque el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Noveno Circuito lo exoneró junto a 19 policías municipales de delincuencia organizada y secuestro agravado.

Según información de Milenio, el abogado de José Luis Abarca, Alejandro Rojas confirmó que el Tribunal puso punto final a la acusación que se hizo a su cliente por el secuestro y desaparición de los estudiantes, y aseguró que es definitivo.

“No se puede volver a procesar (al ex alcalde), ya causó ejecutoria y ahora sí, José Luis Abarca Velázquez queda completamente deslindado de haber tenido participación de la desaparición o muerte de los estudiantes”, informó el abogado.

Declaró que “ya no hay manera de revocar esta sentencia, el Tribunal Colegiado de Apelación es la última instancia para poder revocar o modificar esta sentencia” y que era de la causa penal 66/2015 la única que tenía el ex alcalde relacionada con el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Ayer, consultado al respecto vía telefónica, Vidulfo Rosales afirmó que de manera formal no han sido notificados, “no es una sentencia firme todavía, sí es una sentencia definitiva, porque concluye en su primera instancia un juicio, un proceso penal y al concluir, emite una sentencia definitiva, eso es claro, pero no es una sentencia firme, es susceptible de ser recurrida todavía”.

Sostuvo que cuando se les notifique formalmente recurrirán esa sentencia, y que contrario a lo que dice el abogado de Abarca, “no es una sentencia con el carácter de cosa juzgada, es susceptible de ser recurrida”.

A pesar de que el abogado de Abarca dijo que ya se notificó a las partes, Rosales Sierra aseguró que no es así, que les tienen que notificar y es un requisito formal y fundamental como parte del derecho de las víctimas, “ellos tienen sus tiempos y bueno que nos notifiquen, entiendo que está tardando porque es vía exhorto, tiene que mandar un exhorto a un juez, este juez tiene que diligenciar y esto tiene que mandar a otro juez para efectos de que se haga la notificación de manera personal y creo que ahí es donde está tardando”.

Acerca de que además de Abarca Velázquez fueron absueltos el ex comandante de la Policía Municipal de Iguala, Felipe Flores Velázquez, y otros 18 policías municipales, Rosales Sierra respondió que la sentencia no la han visto de manera objetiva porque no les han notificado, por lo que desconocía cuántos más implicados y quiénes habían sido absueltos.

Reiteró que como se han dado otras resoluciones similares, ya conocen los criterios del juez para absolver en estas sentencias, especialmente porque las pruebas han sido declaradas nulas en virtud de que fueron obtenidas por un proceso irregular mediante tortura y detenciones ilegales, mediante puestas a disposición de maneras tardías e injustificadas. Eso motivó, digamos, que un juez declarara ilícitas esas pruebas”.

Argumentó que al haber sido declaradas ilegales, se han excluido esas pruebas, razón por la cual el juez no las usa para armar un criterio y resolver estas sentencias.

Resaltó que con el anterior titular de la Unidad Especial para la Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo intentó hacer otras diligencias en un proceso diverso, tratando de fortalecer las carpetas de investigación ya debilitadas, y que intentó producir nuevo material probatorio, al enviar copias certificadas de esas pruebas producidas en un diverso proceso, el juez Samuel Ventura Ramos ha considerado que no tienen valor esas pruebas de copias certificadas y no se ha logrado acreditar el delito y ha absuelto a estas personas.

–¿Estas absoluciones afectan la investigación del caso de Ayotzinapa, porque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su conferencia matutina que no afectan y que cumpliría su compromiso con los padres de investigar?

–Yo creo que efectivamente no tienen un impacto estas absoluciones que están teniendo estas personas, un impacto objetivo al caso, porque en efecto son pruebas que ya fueron declaradas ilícitas, para nosotros también, en su momento, cuestionamos la verdad histórica porque hubo investigaciones irregulares que se hicieron en ese contexto.

Aseguró que no pueden avalar una investigación irregular, y  que “hay diversas investigaciones que desarrollan contra estas personas, hay otras causas penales y por esa razón nosotros consideramos que el caso continúa, obviamente tiene un efecto simbólico para las personas imputadas que ellos estén logrando sentencias absolutorias, y obviamente lo que está haciendo la defensa de Abarca es sobredimensionar y magnificar una sentencia absolutoria, cuyas pruebas que la sustentan ya han sido declaradas ilícitas por un juez, por una investigación irregular que hizo la anterior Procuraduría General de la República”.

–¿Hay posibilidad de que las otras personas absueltas puedan salir en libertad, por ejemplo, el ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, u otros policías municipales?

–No conocemos la sentencia, tendríamos que conocerla en sus dimensiones para poder decir qué otras personas están siendo también absueltas, no sabemos quiénes son, hasta que conozcamos nosotros la resolución ya podremos decir quién más está siendo absuelto aparte de Abarca y qué tanto pueden aquellos también obtener su libertad”.

Aseveró que todas las personas tienen otros procesos diversos, aparte de lo que derivó la llamada verdad histórica.

La sentencia en el caso Cardona crea impunidad porque no castiga la ejecución, dice la ONU

En el caso de Arturo Hernández Cardona, hubo una sentencia sin justicia porque no se consideró la ejecución extrajudicial y la tortura, coincidieron los participantes del conversatorio: 10 Años de la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de Arturo Hernández Cardona, que se realizó ayer en las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).

Opinaron que su ejecución se dio por la intolerancia a los activistas sociales, a los movimientos, y por el desprecio a los derechos humanos que provocan incomodidad por el escrutinio de la sociedad.

El caso de Hernández Cardona, de acuerdo a los comentaristas, se dio en medio de una violencia política y social que en Guerrero sigue siendo un “polvorín”, un lugar en donde se cometen muchos atropellos, violaciones a los derechos humanos y a la dignidad humana.

Consideraron que el crimen contra Cardona se trató de un mensaje de intimidación y de miedo a todas las personas que pertenecen a los grupos sociales, y que se utilizó como una estrategia política, y por eso, ahora, denota una falta de sanción y de castigo que ha generado una “gran impunidad”.

Participaron como comentaristas, Alan García, coordinador de la Unidad de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Santiago Corcuera, ex integrante del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU; Volga de Piña, consultora e investigadora del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México, e Iván García, segundo visitador de la CDHCM.

El conversatorio se transmitió por la página de Facebook de la CDHCM.

Alan García, comentó que la privación de la libertad, tortura y ejecución extrajudicial de Hernández Cardona y sus compañeros, ocurrió hace 10 años por la ausencia de condiciones de seguridad para quienes defienden los derechos humanos y en un contexto de violencia política.

Explicó que esta violencia que se ha experimentado en el municipio de Iguala y en Guerrero, se da con la “colusión de algunos agentes del Estado con el crimen organizado” y que eso explica la impunidad, “que lamentablemente sigue prevaleciendo”.

Alan García opinó que es urgente realizar investigaciones efectivas de las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos y definir una estrategia para combatir de manera sistémica la impunidad que existe prácticamente en la totalidad de los delitos cometidos en contra de los defensores de derechos humanos.

“En el caso de Arturo Hernández, todos coincidimos; hubo una sentencia, pero no justicia”, lamentó.

Añadió que es importante un estudio de contexto para determinar, por ejemplo, que no fue un hecho aislado, y que la falta de una investigación eficaz y castigo oportuno a los responsables, fue lo que propició la posterior desaparición forzada de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, de cuyo caso, “aparentemente, ha sido absuelto el presidente municipal de Iguala José Luis Abarca”.

Concluyó: “hoy en día, reiteramos, la indignación y alarma que produjo un hecho de tal envergadura debería ser compartida y expresada como un rechazo unánime desde todos los sectores de la sociedad y la política mexicana en su conjunto”.

Santiago Corcuera, dijo que el crimen contra Arturo Hernández y sus compañeros, ocurrió en medio de una “tragedia humanitaria” en la que está envuelto el país, misma que no se limita al sexenio de Felipe Calderón, sino, particularmente en Guerrero, se remonta a la década de los setentas, durante la llamada guerra sucia.

“Y estamos a un año de que concluya el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y se puede afirmar que en este sexenio será donde más desaparecidos y asesinados se hayan registrado oficialmente”.

Sostuvo que la violencia que se inició desde los años noventa por el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad, en la actualidad se ha convertido más que en una espiral, “en un tornado de efectos terriblemente destructivos, en un huracán, en un tsunami de sangre”.

En su opinión, es necesario detener esta estrategia “a todas luces fallida, con datos científicamente comprobados y no con otros datos, sino los datos que produce un análisis y un método científico que es innegable”.

Corcuera advirtió que si no se cambia esta estrategia y se empieza a retirar poco a poco a las fuerzas armadas de las labores que hoy desempeñan, no van a cambiar las cosas.

Volga de Piña, abundó que en este sexenio se acumuló una cifra “bastante alta” de personas desaparecidas “y diario sube”.

Dijo que muchas personas no se encuentran, como sucedió con Arturo Hernández, y que por ello “es raro” el contexto en el que sucedió, como también lo es el caso Ayotzinapa.

Alan García, explicó que la tortura que se le infringió a Hernández Cardona tenía como objetivo amedrentar y dar un escarmiento a la persona por haber retado con su vida, con su lucha y con su trabajo a la autoridad, pero también un mensaje de intimidación y miedo a todas las personas que pertenecen a los grupos sociales, y que esto se utilizó como estrategia política.

Añadió que por ello ahora denota una falta de sanción y de castigo que ha generado una “gran impunidad”, porque “tenemos una sentencia que no castiga la tortura y la ejecución extrajudicial, hay un vacío, una falta de acceso a la justicia”.

Antes, también comentó el caso, la presidenta de la CDHCM, Nasheli Ramírez.

Opinó que el de Arturo Hernández, es un caso más que forma parte del patrón de represión y hostigamiento comunitario, con la consecuencia de una agresión que culminó en la ejecución extrajudicial como escarmiento.

“Al decir que es uno más, no se pretende diluir el nombre de Arturo, sino personalizarlo, decirlo claro y fuerte; Arturo Hernández Cardona, fue víctima de amenazas, persecución, hostigamiento, tortura, detención arbitraria y ejecución extrajudicial”.

Informó que el asunto se encuentra en la antesala de la aceptación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para su trámite jurisdiccional, “y esperamos que este conversatorio que reúne a personas expertas en diversos temas, coloque en el centro los puntos principales para traer justicia y contribuir a la interrupción del patrón de graves violaciones a derechos humanos que aún persiste en nuestro país”.

Otro participante, Fray Julián Cruzalta, integrante de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, organismo que convocó el conversatorio, dijo que, “por desgracia”, a 10 años de la ejecución extrajudicial de Arturo Hernández, la situación en Guerrero no ha variado mucho; “gobiernos van y gobiernos vienen y sigue siendo un polvorín, un lugar en donde se cometen violaciones a los derechos humanos y muchos atropellos a la dignidad humana.

Destacó, a pesar de este ambiente, la lucha de la hija de Arturo, Soledad Hernández, de sus hermanas y de su madre Carolina Mena, quienes, dijo, han resistido contra viento y marea y el Estado mexicano no les ha dado las medidas cautelares que la CIDH ha solicitado reiteradamente.

Reclamó que el Estado tenía que haber facilitado, además, el derecho a conocer la verdad pero que “ha obstaculizado fuertemente y todavía sale una sentencia que no contempla la tortura y la ejecución extrajudicial que son delitos de lesa humanidad, “por eso pedimos al sistema Interamericano que continúe con la investigación de este caso”.

Armando Vanegas, otro integrante de la Red, reseñó la lucha del activista social desaparecido el 30 de mayo del 2013 y encontrado asesinado con huellas de tortura el 3 de junio junto a dos de sus compañeros de la agrupación Unidad Popular.

Habló de sus desencuentros con el presidente municipal perredista de Iguala, José Luís Abarca Velázquez previo a la privación de su libertad y de su muerte.

Añadió que la muerte del defensor devino de un contexto ríspido y de amenazas por parte del alcalde.

“Por eso se le responsabilizó y un juzgado lo condenó por el delito de secuestro, pero nosotros estamos convencidos de que no era el delito por el cual debió haber sido condenado, sino por desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial”.

El defensor explicó que el crimen ocurrió por la intolerancia a los activistas y a los movimientos sociales, por el desprecio a los derechos humanos y la incomodidad ante el escrutinio de la sociedad al ejercicio público cuando se exige transparencia en el manejo de los recursos.

Estuvieron la compañera de Hernández Cardona, Carolina Mena, sus hijas María Soledad y Carolina Hernández Mena; la secretaria ejecutiva de la Red Década contra la Impunidad, Magdalena López Paulino, y el ex representante en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Hipólito Lugo.

Texto: Juan Luis Altamirano Uruñuela, Emiliano Tizapa Lucena y Zacarías Cervantes/Foto: Tomada de Internet