Detienen al suegro de la menor que fue vendida en matrimonio en Cochoapa

Abre la Fiscalía estatal investigación contra su papá que la vendió por 120 mil pesos y contra los elementos de la Policía Comunitaria de Dos Ríos que la encarcelaron para obligar a su familia a devolver el dinero y lesionaron a su mamá. El juez dictó prisión preventiva al detenido que también está implicado como presunto responsable en la indagatoria por el delio de trata de personas y lesiones

Agencia Reforma y Redacción

Chilpancingo

La Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo en Tlapa a Rutilio Julián Moreno, suegro de la menor de edad Angélica de quien presuntamente abusó sexualmente y en represalia por haberlo denunciado la mandó encarcelar en la comunidad de Dos Ríos, municipio de Cochoapa el Grande, en la región de La Montaña.
Rutilio exigía a los padres de Angélica que le devolvieran los 120 mil pesos que les pagó para que se casara con su hijo, quien se encuentra trabajando en Estados Unidos.
Fuentes de la Fiscalía informaron que, con base en una orden de aprehensión que dictó un juez penal de Tlapa, Rutilio está acusado de violación en agravio de la menor y se va a integrar una carpeta de investigación por el delito de trata menores.
Esto último por haber comprado a la niña para que se casara con su hijo Rafael Julián en la comunidad de Joya Real hace cuatro años cuando ella tenía 11 años de edad.
La Fiscalía también está integrando una carpeta de investigación en contra de Juan Martínez Vázquez, padre de Angélica por el delito de trata de menores de edad.
Martínez Vázquez vendió a su hija por 120 mil pesos para que contrajera matrimonio con el hijo de Rutilio.
En cuanto a los integrantes de la Policía Comunitaria, de la localidad de Dos Ríos, se les integró una averiguación previa por los delitos de abuso de autoridad y lesiones en agravio de la mamá de Angélica.
Según las versiones, las guardias civiles, que a petición de Rutilio detuvieron y encarcelaron a Angélica, lesionaron a su mamá y eso le provocó un aborto en el Hospital General de Ometepec.
Fuentes de la Fiscalía informaron que en la carpeta de investigación la menor asegura que su suegro abusó sexualmente de ella.
El caso de la menor Angélica ha causado diversas reacciones de indignación por parte de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y niños.
Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, exigió castigo a los responsables y se pronunció porque el gobierno de Evelyn Salgado Pineda tome acciones de verdad para acabar con los matrimonios forzados y la venta de niñas en comunidades de esa región.
“Si este gobierno va a realizar estas acciones, como ha dicho la gobernadora, que lo hagan de manera eficaz, que vayan a las comunidades, que hablen en la lengua materna con la gente en asambleas”, planteó.
Mencionó que esta comisión interinstitucional que se planea que realice estas acciones tome en cuenta el contexto en que se dan estas prácticas (matrimonios forzados) y sobre todo que trabajen con la gente de las comunidades.
Dijo que incluso los funcionarios deben de vivir en las comunidades para que se den cuenta a fondo de esta problemática.
A las 7:30 de la noche, la Fiscalía General de Guerrero informó que el Ministerio Público obtuvo prisión preventiva en contra de Rutilio, suegro de la menor encarcelada en días pasados por la Policía Comunitaria de Dos Ríos, municipio de Cochoapa el Grande, y acusado como probable responsable del delito de violación equiparada, hechos en carpeta judicial C-310/2021.
Y mencionó que también se encuentra relacionado como probable responsable en carpeta de investigación diversa, por el delito de trata de personas y lesiones.
Informó que Rutilio fue detenido en Tlapa de Comonfort, por hechos ocurridos en la comunidad Joya Real, municipio de Cochoapa el Grande.
“En agravio de la menor que vivía en su casa y a quien habían casado con su hijo. De acuerdo al relato de la víctima, Rutilio “N” mediante amenazas y agresiones le decía que tenía que dejarse abusar sexualmente por haberla comprado años antes”.
Detalló que en la audiencia inicial, el Ministerio Público aportó los datos de prueba ante el juez de Control y dictó prisión preventiva en su contra.
Mencionó que la Fiscalía continuará investigando los delitos del fuero común y con especial seguimiento los cometidos en temas de igualdad de género y menores de edad en el estado de Guerrero.

La niña Angélica fue violada y tiene daños psicoemocionales
graves, revela Tlachinollan

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan difundió una nota informativa ante la detención del na savi Rutilio “N” de Joya Real, municipio de Cochoapa el Grande quien hace unos días pidió a la CRAC-PC de Dos Ríos su intervención para que obligara a la familia de la menor Angélica a que le devolviera el dinero que había pagado por ella cuando se realizó el matrimonio por acuerdo entre familias, cuando ella tenía 11 años de edad.
Tlachinollan considera este hecho en el concepto de uniones tempranas o matrimonios forzados infantiles existentes en municipios de la Montaña.
El organismo no gubernamental retomó información del boletín que emitió la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre la detención de Rutilio en Tlapa.
El caso de Angélica trascendió en redes sociales por la divulgación de fotografías encarcelada en la Casa de Justicia de Dos Ríos de la CRAC-PC porque no tenían dinero para devolver lo que su suegro Rutilio pedía, luego de tres meses de que la había corrido de su casa y ella se refugiaba con su abuela Petra en Joya Real y también por la denuncia de que su mamá abortó a sus trillizos.
La detención de Rutilio fue al medio día y tras eso, por la noche la Fiscalía emitió el comunicado confirmando prisión preventiva por violación equiparada, además de que se encuentra relacionado como probable responsable de trata de personas y lesiones.
Tlachinollan explicó que para entender la cruel realidad tiene testimonios de que Rutilio agredió sexualmente a la niña AMV y que la primera vez fue el 10 de mayo 2021, como a las 11:00 de la noche, luego del festejo del día de las madres a doña Hilaria, su suegra, quien le invitó AMV cervezas que en principio rechazó, pero no logró resistir ante la insistencia lo que provocó que se sintiera mareada y se fue a su cama. Rato después entró el suegro quien le tapó la boca y la agredió sexualmente.
La segunda ocasión fue el 30 de junio de 2021, cuando la niña estaba en su cuarto, dormida y sintió que alguien la empezó a tocar y al despertarse se percató de que era su suegro y aunque trató de resistirse, la violencia y la fuerza ganaron. Ahí le dijo que él ya había pagado dinero por ella y la amenazó de muerte y a sus padres.
Además de que en noviembre de 2020 fue agredida en los campos agrícolas de Michoacán donde se iba a trabajar.
Tlachinollan remarcó que la niña ha sido víctima del poder machista y patriarcal en las comunidades indígenas de la Montaña, donde las secuelas han quedado presentes, tanto física como psicológicamente.
Menciona que el dictamen médico que se le realizó establece que hubo violación contra la menor y el psicológico, que hay daños psicoemocionales graves. (Carmen González Benicio / Tlapa).

 Usos y costumbres deben modificarse si atentan contra derechos humanos: alcalde de Cochoapa

Carmen González Benicio

Tlapa

El Ayuntamiento de Cochoapa el Grande realizó una plática con empleados y algunos comisarios para abordar el problema de la violencia contra las mujeres y la venta de niñas en donde el alcalde pidió el apoyo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el presidente Andrés Manuel López Obrador para atenderla.
En la página oficial en Facebook del Ayuntamiento de Cochoapa el Grande, el presidente emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Bernardo Ponce García, consideró importante la capacitación para que se pueda atender los casos de violencia que se presenten con otra mirada sin revictimizar a las mujeres tratándolas con respeto sin distingos partidistas o religiosos.
Ahí mencionó que le planteará a la gobernadora y al presidente en su visita a Metlatónoc los problemas que se viven en Cochoapa el Grande donde por décadas han sido olvidados, discriminados y donde persiste la pobreza extrema.
Dijo que espera que lo escuchen y atiendan para que de manera conjunta terminen con el problema de la violencia contra las mujeres, la venta de mujeres que se escuda en los usos y costumbres de las comunidades violentando los derechos humanos.
Ponce García es un técnico de atención a la salud por lo que ha observado los casos de violencia hacia las mujeres y ya fue síndico municipal de Cochoapa el Grande.
Remarcó que en las comunidades hay usos y costumbres o tradiciones, pero éstas deben modificarse si atentan contra los derechos humanos y aunque es un problema difícil y llevará tiempo, confía en que es posible generar cambios, pero eso se hará con ayuda de las instituciones como la Secretaría de la Mujer, Asuntos Indígenas, Salud y que todo lo que se haga sea en la lengua materna que luego es otra de las barreras de entendimiento.
En la plática estuvo la esposa y presidenta del DIF, Cecilia Leyva Galindo quien les dijo a los trabajadores que atiendan a la gente que llegue a buscar ayuda, sobre todo a las mujeres y no minimicen lo que lleguen a contarles porque no se debe llegar a perder la vida para que atiendan a las familias.
Ofreció el apoyo de abogados para atender los tipos de violencia que se denuncien.
La capacitación fue impartida por personal del Centro Ciudad de las Mujeres para los empleados y comisarios para sensibilizarlos sobre la violencia contra las mujeres y la venta de niñas menores de edad.
Los capacitadores explicaron que hay leyes, reglamentos que protegen los derechos humanos de las mujeres y las niñas para vivir libres de violencia; que es necesario saber los tipos en que se presenta.
Y que se deben dar los mismos derechos a hombres y mujeres, e donde la educación es una de las herramientas para generar relaciones más igualitarias.
Ponce García acudió a Dos Ríos para atender el encarcelamiento de la menor de 15 años, Angélica porque su suegro pedía la devolución del dinero que pagó cuando arregló el matrimonio con su hijo, cuando ella tenía 11 años y él 12.