Emite Comité de la ONU sentencia por desaparición de una mujer en Iguala

 

Es la primera condena al Estado mexicano por discriminación en el acceso a la justicia y porque no se aplicó perspectiva de género en la investigación del caso de la joven Ivett Melisa Flores Román de 2012. Pide Tlachinollan juzgar con perspectiva de género a nahua de Copanatoyac acusada de daño moral. Apelan la sentencia de 13 años de prisión de Aurelia, acusada de homicidio por abortar

 

 

 

Iguala, Tlapa y Chilpancingo, Guerrero, 1 de diciembre de 2022. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió por primera vez una sentencia en contra el Estado mexicano por la desaparición forzada de una mujer, la joven Ivette Melissa Flores Román, desaparecida en Iguala el 24 de octubre de 2012.

El representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jesús Peña Palacios destacó que de los casos resueltos por los órganos de Naciones Unidas en materia de desaparición de personas, el de Ivette Melissa es el primero en el que la víctima desaparecida es una mujer, lo cual hace al caso representativo de la situación en la que están las mujeres en México, que de acuerdo con el registro nacional son más de 26 mil desaparecidas.

El director de la organización Litigio Estratégico en Derechos Humanos (Idheas), Juan Carlos Gutiérrez, que da acompañamiento al colectivo Madres Igualtecas y su presidenta, Sandra Luz Román Jaimes, madre de Ivette Melissa, puntualizó que la CEDAW, el comité más importante que hay en el mundo que vigila la violencia contra la mujer, resolvió la primera sentencia en la historia de México en la que se condena al Estado mexicano por discriminar en el acceso a la justicia, por no aplicar perspectiva de género en la investigación.

El informe de la resolución a 10 años de la desaparición de Ivette Melissa de 19 años, se dio a conocer en conferencia de prensa virtual ofrecida este martes al mediodía en la Ciudad de México.

En su informe, el representante del Alto Comisionado de la ONU en México, Peña Palacios destacó que el caso de Melissa es representativo entre los más de 108 mil de desaparición en México, algunas de ellas por agentes del Estado.

Señaló que también es representativo de los más de 3 mil 900 personas reportadas desaparecidas en Guerrero, y más de 400 casos de Iguala ocurridos en los últimos 10 años, constituyéndose como una de las entidades más afectadas por este fenómeno a nivel nacional.

El de Melissa, dijo, es el quinto caso de desaparición de personas que resuelve un órgano de vigilancia de tratados de Naciones Unidas, cuatro son de desaparición forzada, es decir, de desapariciones cometidas por agentes del Estado, y el de Melissa es el segundo que ha resuelto el Comité para la Eliminación y la Discriminación contra la Mujer.

Dijo que considerando los casos de Radilla y Alvarado, que han sido resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), México tiene ya siete determinaciones de organismos internacionales de derechos humanos en materia de desaparición de personas.

Destacó que de los casos resueltos por los órganos de Naciones Unidas en materia de Desaparición de Personas, el de Ivette Melissa es el primero en el que la víctima desaparecida es una mujer, lo cual lo hace representativo de la situación en la que están sometidas las mujeres en México, que de acuerdo con el registro nacional, son más de 26 mil casos de mujeres desaparecidas.

Indicó que el Comité CEDAW reitera que la desaparición de mujeres es una de las manifestaciones más brutales de violencia con motivo de género.

Se debe proceder con la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y enjuiciar las desapariciones de mujeres, hacer búsquedas inmediatas, sin dilación y con enfoque de género con personal capacitado que incluya personal femenino, expuso.

El comité consideró en este caso, que el Estado tiene parte de responsabilidad por la desaparición forzada de la joven.

El informe de CEDAW concluye en una serie de recomendaciones: que se garantice la búsqueda efectiva, la investigación, acceso a la información, protección de la madre y la familia, la reparación integral y las garantías de no repetición a través de la erradicación de la impunidad, la capacitación y la adopción de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas.

Manifestó que esperan desde la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, que el Estado mexicano “se pronuncie positivamente de esta decisión que ha adoptado el Comité CEDAW y asuma el compromiso de implementar todas las medidas de reparación dictadas”.

Asimismo que las autoridades federales y locales “estén a la altura de señales afirmativas para caminar junto con la familia y los representantes para resolver el caso de Ivette Melissa y profundizar en las medidas estructurales que permitan combatir una de las principales y más dolorosas atrocidades que afligen a miles de personas en el país, como es la desaparición con un enfoque y perspectiva de género”.

Junto a la presidenta del colectivo de Madres Igualtecas, Sandra Luz Román Jaimes, reiteró desde la oficina en México el firme compromiso de seguir acompañando a la familia de Ivette Melissa en su lucha por la verdad y la justicia.

El director de Idheas, Juan Carlos Gutiérrez informó que un día antes la Secretaría de Gobernación se comunicó para informar que tiene la firme convicción de hacer un inmediato cumplimiento a la decisión, y denunció que de parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) ni del gobierno de Guerrero han tenido respuesta, como tampoco de la FGR ni de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Denunció que el caso sigue en la impunidad a 10 años de los hechos, y reclamó que recientemente recibieron un oficio de la Fiscalía estatal en el que les piden ampliar la declaración de los hechos, lo cual consideró algo “totalmente revictimizante” y “lacerante” para la víctima que denunció la desaparición de su hija.

Mencionó que enviaron una carta a la FGE y a la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón, pero hasta el momento de la conferencia no habían recibido respuesta.

Señaló que a Melissa se le discriminó en el acceso a la justicia, no se investigó de manera adecuada ni se garantizó una investigación rápida y efectiva, y a 10 años de los hechos, uno de los culpables (el ex comandante de la Policía Ministerial, Humberto Jiménez) ya falleció (asesinado a balazos), nunca fue citado a declarar y los otros culpables siguen “campantes” sin que sean llamados a declarar y sin que la investigación avance.

Denunció que en Iguala se han dado desapariciones sistemáticas y generalizadas de niñas y de jóvenes desde hace diez años, y al día de hoy se siguen dando esas desapariciones, como lo constataron recientemente con testimonios de las familias en un contexto en el que “existe ausencia absoluta de aplicar perspectiva de género en casos donde la delincuencia organizada se encuentra vinculada con agentes del Estado para cometer desapariciones”.

Llamó a que se apoye al colectivo de Madres Igualtecas que ha dado buenos resultados en la búsqueda y localización de personas en fosas clandestinas, situación por la que Sandra Luz Román ha recibido varias amenazas, y denunció que le retiraron la protección, la cual se le debe garantizar para seguir la búsqueda de su hija.

En su intervención, la activista Sandra Luz Román, dijo que a pesar de las amenazas de muerte que ha recibido sigue buscando a su hija “porque a nadie más le interesa encontrar a Ivette Melissa”. Pidió seguridad suficiente para seguir la búsqueda de su hija y por los miles de desaparecidos que existen, así como justicia.

La asesora jurídica de la víctima, Isabel Suárez hizo el relato de la desaparición de Ivette Melisa, de 19 años, quien fue sustraída de su casa en Iguala con extrema violencia y privada de la libertad por un grupo de encapuchados armados junto a su cuñada el 24 de octubre de 2012. Días después su cuñada fue liberada pero no así Melissa, quien lleva diez años desaparecida.

 

 

 

 

Pide Tlachinollan juzgar con perspectiva de género a nahua de Copanatoyac acusada de daño moral

 

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Aarón Díaz Salazar pidió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que agilice el caso de la indígena nahua de Copanatoyac Osiris Silva Malda y el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar con sede en Tlapa dicte sentencia y la absuelva contra la denuncia que presentó en su contra la síndica procuradora de la pasada administración, Yuray Abundiz Tapia por supuestos, daños y perjuicios.

Díaz Salazar explicó que en el 2020 Osiris Silva denunció ante medios de comunicación a la síndica debido a una serie de irregularidades que cometió cuando su hija fue sustraída por su abuela paterna y a ella la encarceló al negarse a firmar el acta donde le cedía la custodia.

De acuerdo a la ficha informativa de Tlachinollan, el 10 de mayo del 2020, Osiris Silva tenía de 28 años y su hija Alondra 10. Cita que ese día la mandó a lavar los trastes al río, que casi queda frente a su casa, lo único que los separa es un muro y la calle.

Sin embargo se preocupó porque no regresó pronto la niña y salió a buscarla; al llegar vio que ya no estaba y al preguntar a los vecinos, éstos le dijeron que se la habían llevado por la fuerza la señora Enedina Gálvez Álvarez junto con su hijo Jaime Hernández Gálvez.

 

En su texto Tlachinollan precisa que Enedina Gálvez es la abuela y su hijo Jaime es el padre biológico de la niña Alondra, pero que nunca asumió la paternidad, incluso Osiris la registró con sus mismos apellidos una vez que regresó a Copanatoyac proveniente de Acapulco a donde migró para trabajar y poder mantener a su hija en ese entonces recién nacida.

Tras el rapto de su hija Osiris Silva acudió con la síndica procuradora, Yuray Abundiz Tapia a quien le pidió ayuda para recuperarla.

Al intervenir la síndica mandó llamar a Enedina Gálvez quien además se desempeñaba como intendente del Ayuntamiento.

Durante el careo Enedina Gálvez argumentó que la niña tendría que estar en su casa por ella es la abuela paterna y porque Osiris Silva se la llevó a Acapulco aún cuando su hijo estaba dispuesto a asumir la paternidad cuando se enteró de su embarazo en 2009.

En 2018, Osiris y la niña volvieron a Copanatoyac y en ese tiempo la señora Enedina empezó a tener acercamientos con la menor hasta que el 10 de mayo de 2020 se la llevó por la fuerza a su casa.

Según Tlachinollan de toda esa situación fue informada la síndica, pero ella favoreció a la abuela y le dijo a Osiris Silva que tenía derecho sobre todo porque tenía que protegerla pues le informaron que la niña era abusada sexualmente por su actual pareja.

La síndica cedió la custodia de la menor a su abuela y a Osiris Silva la obligaron a firmar un acta de acuerdo.

A pesar que Osiris Silva suplicó que no la separaran de su hija, una vez que firmó el acta le dijeron que sólo tendría derecho a convivir con su hija los viernes con un horario de 10 a 5 de la tarde, pero no sucedió así.

Antes de retirarse del careo la síndica le dijo que por el acta que se había elaborado debía pagar 3 mil pesos, dinero que no tenía, pero que se vio obligada a conseguir.

Dos días después, su cuñada le prestó mil pesos y los llevó al domicilio particular de la síndica, ahí la funcionaria le dijo que para que no tuviera problemas debería entregar a la abuela los documentos personales de la menor, sin embargo, Osiris Silva no le respondió sólo se retiró

Posteriormente tuvo que volver a endeudarse para completar la cantidad que le faltaba y también fue a dejarlo al domicilio particular de la edil.

Encarcelan a Osiris por no entregar los documentos de la menor

Como no entregaba los documentos de la niña, el primero de agosto del 2020, recibió un citatorio de la síndica, mediante el cual le pedía que se presentara en la Sindicatura el 2 de septiembre para tratar un asunto personal de suma importancia, pero antes de esa fecha; el día 23 de agosto de nueva cuenta recibió otro citatorio para que se presentara al siguiente día, es decir el 24 de agosto con el mismo asunto.

Sin embargo, como Osiris Silva no se presentó, la síndica ordenó su detención con la policía municipal y la llevaron al Ayuntamiento, en donde estaba Enedina Galvez y la funcionaria quien insistió en pedirle que entregara los documentos oficiales de la niña y al negarse mandó a traer a los policías nuevamente y la encarceló durante dos horas, hasta que llegó su pareja sentimental, de nombre Humberto y luego uno de los policías abrió  la reja y le dijo que se fuera a su casa.

Tlachinollan considera que Orisis Silva está consciente que tiene más derechos por la custodia de su hija porque la ha educado sola, sin apoyo del padre biólogo y por eso el 16 de septiembre del 2020, dio una entrevista a medios de comunicación donde narró los hechos y pidió la intervención de Derechos Humanos, por los abusos que cometió la servidora pública.

Demanda por daño moral

El 20 de noviembre del 2020 Osiris recibió la notificación del Juzgado de Paz del municipio de Copanatoyac, una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar de Tlapa, a cargo del Juez Julio Obregón Flores que presentó en su contra la síndica y le exigió una indemnización de 50 mil pesos.

 

El argumento que aparece en el expediente: 38/3020-II C es que la madre de la menor supuestamente difundió “información falsa e incongruente que se transmitió por Facebook,  con la que se le causó un daño moral a ella y a su familia ya que dicha información fue vista y circulada en toda la región, ya que le escribieron mensajes y recibió llamadas  de sus amigos y familiares de la acusación que hizo referencia la señora Osiris”.

Osiris no pudo ver a su hija hasta apenas, hace una semana que se la devolvieron, luego de casi dos años sin verla.

Ayer martes Osiris acudió al Juzgado donde se iba a desahogar unas pruebas de la ahora ex síndica, pero no se presentó ni ella ni su abogado, Jhonatan de la Cruz Bajaras, asesor jurídico del actual y la administración pasada.

El abogado de Tlachinollan, Aron Díaz pidió que a Osiris Silva se le juzgue con perspectiva de género e interculturalidad, porque los señalamientos que hizo fue a una servidora pública y el derecho a la libertad de expresión la tiene todas las personas.

Indicó que a Osiris le preocupa que no sea absuelta y la obliguen a pagar los 50 mil pesos. Dijo que ha sido un proceso desgastante porque tiene que viajar desde Copanatoyac, hasta Tlapa.

 

 

 

 

La vulneración a la mujer es sistemática y el de Aurelia no es un caso aislado, dice su abogada

 

La abogada de la indígena nahua Aurelia García Cruceño, encarcelada desde 2019 y acusada de homicidio en razón de parentesco por un “aborto espontáneo”, Ximena Ugarte Trangay denunció ayer en conferencia de prensa que la vulneración a la mujer es sistemática y que no es un caso aislado en Guerrero.

Además señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) armó el caso el mismo día de su detención, además pretendió crear testigos y víctimas indirectas.

Reprochó que Aurelia es acusada, no por cometer un delito, sino porque se pretende poner como un ejemplo falso de moralidad de que las mujeres pobres, indígenas y migrantes tienen que estar en la cárcel.

Ayer en conferencia de prensa en las instalaciones del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) en Chilpancingo, la integrante de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres y del Observatorio de Violencias contras las Mujeres, Ana Gabriela Candela Garzón denunció que Aurelia García cumple una condena por un aborto fortuito en la cárcel de Iguala, donde está en condiciones que han afectado su salud ante la falta de atención médica.

Dijo que Aurelia, quien tiene 23 años, está recluida en un penal donde no hay una debida separación de hombres y mujeres presos.

Agregó que el aborto fortuito no es un delito y buscan justicia para Aurelia, porque no sólo se le castiga a ella sino a las mujeres que viven en las comunidades en condiciones de desigualdad y sufren distintas violencias por ser mujeres indígenas o afro y monolingües.

Una de las abogadas de Aurelia, de la asociación civil Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Ximena Ugarte Trangay contó que como defensa han observado que la detención de la joven indígena el 3 de octubre de 2019 fue ilegal, arbitraria, cuando estaba delicada de salud, y se le criminalizó solamente por ser mujer indígena, migrante, pobre y vivir varios tipos de violencia en su comunidad de origen, Xochicalco, municipio de Chilapa.

Dijo que los estigmas y prejuicios han permeado durante el proceso desde que no tuvo una representación jurídica adecuada, por lo que fue obligada a aceptar un “procedimiento abreviado”, que significó aceptar la responsabilidad de cometer el delito de homicidio en razón de parentesco.

Detalló que interpusieron un recurso de apelación a la sentencia de 13 años y cuatro meses de prisión de Aurelia, y que la magistrada Indalecia Pacheco determinó que sí se violaron sus derechos humanos de Aurelia por ser mujer indígena, migrante y pobre, y resolvió reponer el procedimiento abreviado que se le había obligado a aceptar a la víctima.

Dijo que tras la etapa de juicio oral donde se están desahogando las pruebas de la Fiscalía para tratar de determinar la responsabilidad de Aurelia, se ha revelado que se armó el caso en su contra porque los peritajes no se hicieron conforme a las técnicas adecuadas, porque no fue legal la detención de los policías de investigación, e incluso señaló que un agente cambió cuatro veces su versión de la detención.

Manifestó que curiosamente la investigación se hizo el mismo día que se detuvo a la joven, y también el mismo día ya tenían el peritaje, por lo que afirmó que se pretende poner a Aurelia como “un ejemplo falso de moralidad, de que las mujeres pobres, indígenas, migrantes, con poco recursos, tienen que estar en la cárcel”.

Añadió que la joven sigue presa debido a una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, porque así lo determinó una jueza quien dijo que no se le modifica la medida, porque no se garantiza que Aurelia tenga dinero para llegar a las audiencias o al juzgado, ni tampoco podía dar una garantía monetaria que garantizara su presencia en el juicio, porque es pobre.

Reprochó que “la pobreza sigue siendo un elemento que permea la justicia, que no permite la imparcialidad de los juzgadores y que en particular en el caso de Aurelia está siendo un elemento que la está juzgando más allá de las pruebas objetivas y materiales, que evidentemente el Ministerio Público no ha realizado de manera adecuada y que no va a lograr demostrar”.

Expuso que la Fiscalía pretendió crear testigos y víctimas indirectas que presuntamente señalan que vieron los hechos, lo que no es cierto porque cuando sufrió el parto fortuito Aurelia estaba sola.

La también abogada de la víctima, Verónica Garzón Bonetti reveló que García Cruceño tuvo que huir de su comunidad porque fue agredidad sexualmente por una autoridad comunitaria, y tuvo miedo porque su familia le decía que “a las mujeres que tenían sexo fuera del matrimonio tenían que ser quemadas vivas, esta circunstancia generó un miedo en Aurelia y es la razón por la que huye de su comunidad y encuentra asilo en Iguala”.

Destacó que la detención de la joven se hizo cuando aún no se recuperaba del aborto fortuito, lo que evidencia que al Estado la salud de las mujeres no le es importante, señaló que hay “criminalización y discriminación institucional que sigue ocurriendo dentro del Estado y del sistema de justicia en contra de las mujeres indígenas”.

Aseguró que la FGE presentó como única prueba una docimasia pulmonar, que consiste en colocar un fragmento de los pulmones del producto en agua y si flota es porque hay aire en los pulmones porque el producto respiró, y si se va al fondo es que no hubo aire, no respiro y no hubo vida.

Manifestó que la docimasia pulmonar ya fue catalogada por la comunidad científica nacional y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una prueba que tiene un margen de error amplísimo, no es confiable y no se puede sustentar ninguna acusación y menos una sentencia con base solamente en esta prueba.

“Se evidencia que el médico forense no buscó otras posibles causas de muerte, no intentó ni siquiera investigar si había una enfermedad congénita. Tampoco investigó el contexto del parto de Aurelia para determinar si el producto pudo haber tenido algún tipo de afectación o lesión”, afirmó.

Aseveró que además en el hospital le pusieron a Aurelia sin su consentimiento “un implante anticonceptivo”, mencionó que  el caso de la joven no es aislado sino que ocurre de manera sistemática, al menos tiene el registro de un caso similar en la misma cárcel de Iguala.

Pidió a la jueza, Mariela Alfaro Zapata, quien lleva el juicio oral de la joven indígena, que dicte una sentencia libre de estereotipos y prejuicios por razón de género y por su pertenencia a una comunidad indígena.

Ximena Ugarte adelantó que hoy jueves se realizará a la 1 de la tarde otro audiencia de juicio oral, donde se espera desahogar el resto de pruebas, la Fiscalía presentará dictámenes y testimonios y la defensa también presentará tres dictámenes en materia de antropología social y perspectiva sociocultural con perspectiva de género, un testigo y un dictamen de un análisis técnico que hizo una médico forense sobre el dictamen de necropsia presentado por la FGE.

 

 

 

 

 

 

 

Texto: Alejandro Guerrero, Antonia Ramírez Marcelino y Emiliano Tizapa Lucena/ Foto: Difundida por Idheas